La infraestructura para telecomunicaciones es una estratégica, sobre la cual descansan economía, servicios públicos, finanzas, seguridad y buena parte de la transformación digital de un país. Por ello, cuando República Dominicana avanza hacia nuevas generaciones de conectividad y hacia una economía cada vez más digital, también debe preguntarse quiénes suministran los equipos y servicios que sostienen esas redes y bajo qué estándares de seguridad, resiliencia y confiabilidad lo hacen.
En ese contexto adquiere especial relevancia la figura de los trusted vendors (proveedores confiables), contemplada en el anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones, Infraestructura Digital y Conectividad elaborado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Su incorporación responde a una realidad internacional: la seguridad de las redes depende de la regulación del servicio, pero también de la evaluación de quienes suministran las tecnologías que permiten prestar el servicio. Esta discusión también ha sido planteada por el actual presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Dr. Guido Gómez Mazara a propósito de la reciente licitación del espectro radioeléctrico. Al referirse a los trusted vendors en el marco de la adjudicación, Gómez Mazara explicó a los panelistas de un programa televisivo que INDOTEL había actuado “de conformidad de ese criterio”.
El desafío consiste en establecer criterios objetivos, transparentes y verificables que permitan proteger las infraestructuras críticas sin cerrar innecesariamente el mercado ni limitar la competencia. En otras palabras, tiene que ver con la necesidad de considerar la confiabilidad y seguridad de los proveedores que forman parte de las infraestructuras sobre las cuales funcionarán las redes de telecomunicaciones del país.
La discusión resulta particularmente oportuna en el momento en que República Dominicana continúa ampliando su infraestructura digital y fortaleciendo su ecosistema de conectividad. Más allá de cualquier proceso específico de asignación de espectro, el país necesita reglas claras para evaluar no solamente a los operadores, sino también las tecnologías, equipos y proveedores que formarán parte de infraestructuras cada vez más críticas. La confianza debe construirse sobre criterios técnicos y jurídicos previamente establecidos, y aplicados de manera transparente.
Esta visión guarda también relación con la candidatura de República Dominicana para formar parte del Consejo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) durante el período 2027-2030. La participación en ese órgano supone una oportunidad para que el país contribuya a las discusiones internacionales sobre conectividad, espectro, estándares, innovación y gobernanza digital. También exige coherencia entre nuestra proyección internacional y la construcción doméstica de un ecosistema de telecomunicaciones seguro, competitivo, abierto a la inversión y tecnológicamente resiliente.
El reto es encontrar el equilibrio correcto: más conectividad, acompañada de mayor seguridad; más inversión, acompañada de mayor confianza; y más innovación, con sujeción a reglas claras. La incorporación de criterios para identificar proveedores confiables puede contribuir a ese objetivo, siempre que se desarrolle con base en estándares técnicos, transparencia, proporcionalidad y supervisión institucional. La transformación digital de República Dominicana dependerá de tener más redes o mayor velocidad, por supuesto, pero también de que ciudadanos, empresas y Estado puedan confiar en las infraestructuras sobre las cuales se construirá la economía digital del futuro.
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