Subsidio eléctrico y presupuesto público: ¿por qué el esquema actual no es justo?

El subsidio eléctrico es una de las políticas públicas más costosas y socialmente sensibles del presupuesto dominicano. Su razón de ser es clara: proteger a los hogares vulnerables del impacto del costo real de la energía. Sin embargo, una cosa es la intención y otra el resultado. El diseño actual del subsidio residencial plantea serios problemas de equidad que merecen una revisión profunda.

Hoy, el subsidio se asigna en función de bloques de consumo. Los primeros 200 kWh mensuales reciben un subsidio elevado; los siguientes 100 kWh, uno menor; entre 301 y 700 kWh, el subsidio se reduce aún más; y a partir de 701 kWh, toda la energía se paga a precio no subsidiado. El esquema parte de una premisa implícita: menor consumo equivale a menor capacidad de pago.

En la práctica, esta relación no siempre se cumple. Un hogar con ingresos medios o altos puede beneficiarse del subsidio si su consumo se mantiene por debajo de los 700 kWh, aun cuando tenga plena capacidad de pagar el costo real de la energía. Al mismo tiempo, hogares de bajos ingresos pueden quedar excluidos del subsidio si su consumo agregado supera los bloques subsidiados.

Actualmente, en varios barrios populares y áreas periurbanas, aún existen casos donde varias familias comparten un único suministro y medidor. El consumo total supera rápidamente los límites subsidiados, aunque los ingresos individuales sean bajos. El resultado es una factura elevada que no refleja la capacidad real de pago de quienes la asumen.

Así, el subsidio termina siendo regresivo en algunos casos: beneficia a quienes no lo necesitan y excluye a quienes sí lo requieren. Desde una perspectiva de justicia social y eficiencia fiscal, esta es una señal de alarma.

Una política de subsidio más justa debería considerar, al menos de manera complementaria, el nivel de ingresos del usuario. Un esquema basado en ingresos permitiría proteger efectivamente a los hogares vulnerables, incluso cuando su consumo agregado sea elevado, y reducir subsidios implícitos a hogares con capacidad de pago.

Este enfoque no es una novedad ni una utopía. Países como Chile, Brasil, Colombia y Uruguay han implementado, con distintos matices, tarifas sociales o subsidios eléctricos basados en criterios socioeconómicos. En estos casos, la focalización se apoya en registros sociales, programas de protección social o sistemas de estratificación, con resultados más equitativos que los esquemas puramente volumétricos.

Por supuesto, una tarifa basada en ingresos implica mayores desafíos institucionales. Requiere que las empresas distribuidoras cuenten con información socioeconómica confiable, que exista coordinación con otras entidades del Estado y que se establezcan mecanismos de revisión periódica. Pero la complejidad administrativa no debería ser excusa para perpetuar un esquema que no cumple adecuadamente su función redistributiva.

Mantener el subsidio eléctrico es socialmente necesario. Mantenerlo mal focalizado es fiscalmente costoso e injusto. En un contexto de restricciones presupuestarias y demandas crecientes sobre el gasto público, revisar el criterio de asignación del subsidio no es solo una opción técnica, sino una obligación política.