Sociedad civil contra los intercambios de disparos

Hace décadas que los “intercambios de disparos” entre la Policía Nacional (PN) y alegados delincuentes tienen un fétido olor. No es solo la tragedia de que en ellos se pierden vidas, sino que la vox populi y algunos reportes de prensa indican que en su mayoría son “ejecuciones extrajudiciales”. Tal práctica representa una flagrante violación al estado de derecho porque a cualquier “delincuente” se le debe presumir inocencia y no puede ser castigado sin que se le haya juzgado. De ahí que la sociedad civil este retada a enfrentar este espinoso asunto con una enérgica oposición.

Los “intercambio de disparos” que devienen en ejecuciones extrajudiciales deben avergonzar a nuestra sociedad. Su ocurrencia equivale a una reprochable practica de combatir el crimen con un crimen, asumiendo que tal conducta sirve de disuasivo preventivo. El método, sin embargo, nunca ha acabado con la delincuencia ni ha engalanado la reputación de la PN como un fiel brazo de la ley y la justicia. Lamentablemente ha existido un nivel de desidia por parte de la sociedad que no ha impedido su recurrencia. Y los más recientes reportes dan cuenta de que, en vez de proscribirla, la actual “reforma policial” ha agudizado la deleznable práctica.

La prensa se ha hecho eco de esos sórdidos intercambios. “De 1,844 casos reportados en los medios de comunicación nacional entre 2004 y agosto de 2019, y compilados en una base de datos construida para esta investigación de Diario Libre, solo de 96 se obtuvo información de que llegaron a la justicia” “Durante seis meses un equipo de Diario Libre documentó y dió seguimiento a una treintena de casos de personas muertas por la PN dominicana y otros cuerpos de seguridad, encontrando que muchos se trataron de ejecuciones extrajudiciales, aunque se reportaron como intercambio de disparos.”

La aberrante magnitud del fenómeno ha cobrado intensidad en años recientes. En el 2024 el total fue de 120 muertos, un volumen tan alarmante que motivó que el CODUE exija la clarificación de esas muertes junto a la de 15 policías. (Diario Libre había reportado que “cometer un delito contra un policía puede generar una búsqueda activa del agresor, quien regularmente resulta muerto por agentes sin ser procesado por la justicia ordinaria.”) Mientras, para el 17 de febrero del año en curso el Listin Diario reportó que fueron muertos 16 jóvenes, mientras anteriormente El Dia había reportado un total de 8 . Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció el 19 de febrero que el total de ejecutados este año era de 24.

Sorprende que esta monstruosa realidad no sea uno de los principales retos de la sociedad civil. Aunque la misma genera reportes sobre el fenómeno, su accionar público al respecto deja mucho que desear. Resulta pues pertinente llamar la atención de entidades tales como la Fundacion de Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y Participacion Ciudadana (PC) para que abandonen la desidia y abracen una cruzada por la institucionalidad y el estado de derecho, procurando la detención de esa mala práctica policial. Como no debe imperar la “ley de la jungla” en una sociedad civilizada, FINJUS, PC y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deben conformar una troika agresiva que se oponga tajantemente a estos “intercambios de disparos” y exija el respeto de los derechos de las víctimas, aunque estas sean verdaderos delincuentes.

La FINJUS, por ejemplo, deriva incumbencia porque “es el resultado de una visión de la sociedad dominicana que comparten el empresariado socialmente responsable, juristas y sectores sociales comprometidos con el ideal de una sociedad democrática, quienes, preocupados por la debilidad institucional y poco respeto al Estado de Derecho, decidieron aunar esfuerzos para lograr una sociedad más justa y democrática.” Por eso FINJUS esta retada a participar activamente en el esclarecimiento y correccion de cualquier mala práctica policial.

Para PC la justicia y los derechos humanos son una de sus principales áreas de trabajo.” Ya en el 2016 PC abordó las “actuaciones irregulares” de la PN y denunció “que estas ejecuciones extralegales son graves violaciones a los derechos humanos.  Las autoridades policiales se refieren a ellas como “antisociales caídos por la acción policial”, reflejando una actitud de justificación e impunidad gravemente atentatoria contra la dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso en un Estado de Derecho.” Casi 9 años después se requiere que PC retome el debido monitoreo a través de su Observatorio de la Policía Nacional.

La CNDH, por su lado, es una entidad responsable que tiene años denunciando los crímenes de las fuerzas de seguridad, con énfasis en la defensa de la juventud. En su Informe Anual del 2023 la CNDH reporto: “Detrás de las muertes por acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dominicanas se esconden casos de abuso, errores, búsqueda de ascensos y una cuestionada política de mano dura contra la delincuencia que tiene entre sus principales blancos a jóvenes de los estratos sociales pobres. El 97% de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de seguridad es hacia jóvenes pobres de 18 a 35 años. Una verdadera masacre de la juventud dominicana.”

Cualquier sociedad civilizada debe respetar la dignidad del ser humano, sean delincuentes o no. Por supuesto, casi nunca las victimas de los intercambios de disparos y las ejecuciones extrajudiciales provienen de la clase media o de los estratos mas ricos de la sociedad. El grueso se centra en los barrios pobres y en los jóvenes. Es una injusticia colosal que esto sea así ya que de la pobreza somos todos responsables y que sean jóvenes que caigan abatidos es doblemente trágico. A cualquier delincuente debe respetársele su derecho a la vida y una sociedad que se ufana de vivir bajo un estado de derecho debe asegurarse de que no solo se observe el debido proceso con los apresados, sino tambien que después de juzgados su condena no sea otra que la cárcel, como establecen aquí las leyes penales. La ejecución extrajudicial es un crimen porque aqui no existe la pena de muerte.

El gran reto de fortalecer la institucionalidad y el estado de derecho incumbe directamente a las entidades señaladas. Estas deben cerrar filas y elaborar una estrategia conjunta, auxiliada por el Defensor del Pueblo y la Oficina de Defensa Publica, a fin de combatir enérgicamente la mala practica de los intercambios de disparos. La inteligencia artificial sugiere que esta se base “en la prevención, el control institucional, la denuncia efectiva y la capacitación, con el objetivo de erradicar la práctica de las ejecuciones extrajudiciales y fortalecer el Estado de derecho.” La masacre de esta juventud debe cesar y la PN debe observar protocolos que respeten la presunción de inocencia y el estado de derecho.