SENASA, la punta del iceberg

Lo sucedido en SENASA es solo la punta del iceberg. Es una consecuencia de haber convertido una estrategia de protección social en un negocio, de priorizar maximizar la rentabilidad antes que el ejercicio de los derechos fundamentales. Esa es la visión que se ha impuesto en Salud y Seguridad Social, echando por tierra la Constitución, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y los compromisos del Estado en la materia.

Si el negocio es el medio y si aumentar la rentabilidad es el fin, no es de extrañar lo que sucede en el SENASA siguiendo las reglas del juego. Ante esto, una y otra vez hemos llamado a destapar y neutralizar la corrupción ilegal tanto como la legalizada bajo una Ley anticonstitucional y resoluciones hechas a medida.

Primero, se han tercerizado servicios para traspasar recursos al sector privado y garantizar la rentabilidad del SENASA sobre la base de poner en riesgo los servicios a sus afiliados. Esto no es nuevo. SENASA subsidiado ha sido por años una maquinaria “legal” de enriquecimiento privado, pasando de pagar desde el presupuesto del Estado el 99.9% de sus recursos a prestadores públicos en 2008, a tan solo el 35.8% en 2023. ¿Acaso nadie veía este desfalco legalizado? Ni hablar de la norma que dicta que el 100% de los empleados públicos deberían cotizar en SENASA, revalidada por el Tribunal Constitucional, incumplida flagrantemente sin escándalo alguno.

Hace pocas semanas los principales voceros del lobby de la privatización colocaron el “escándalo” en la carnetización masiva, como si más de 6 millones de dominicanos no tuvieran derecho constitucional a la salud y como si este sistema no fuera, además de destructor de los servicios públicos y favorecedor de los emporios financieros, abiertamente segregador, al establecer un sistema de salud pobre para pobres que en el  régimen contributivo tiene un cápita por afiliado de $1,6983 pero en el subsidiado de tan solo $321.

Haber "inventado" atenciones para obtener mayores ganancias a costa de los fondos públicos y en complicidad con prestadores de servicios, para que el Estado cubra los déficits, es un desfalco bastante similar al que hicieron las ARS privadas reventando la Cuenta de Cuidado de la Salud de las Personas y los miles de millones que se transfirió de las reservas IDOPPRIL y del Ministerio de Hacienda a las ARS durante la pandemia, para hacer “como que cubrían” a los pacientes de COVID-19.

Se han aprovechado de prácticas abiertamente dolosas, pero igualmente lo hace impunemente todo el sistema, al discriminar a la población para seleccionar riesgos. A modo de ejemplo, SENASA contributivo tiene una siniestralidad de 98.9%, con apenas un 1.1% de margen para gastos administrativos y utilidades, y esto está correlacionado con tener un 42% de afiliados de más de 50 años, más la totalidad de los afiliados subsidiados, y solo tiene un 17% entre 18 y 30 años. Por el contrario, a modo de ejemplo, ARS Futuro, la más exitosa en ganancias en 2024, tiene una siniestralidad de apenas 43% y un 49.3% de afiliados entre 18 y 30 años, sin que nadie ponga caso a tan evidente práctica violatoria de los derechos fundamentales.

Quienes dirigen y dirigieron el SENASA implicados en acciones de corrupción y sus cómplices del sector privado deben ser llevados ante la justicia y condenados, sin duda, ¿pero qué hacemos con un sistema de seguridad social atravesado por el afán de lucro, de instituciones capturadas, basadas en el abuso y la corrupción tanto ilegal como legal, que, en última instancia, fundamenta el negocito montado en SENASA?