El pasado 22 de junio de 2025, la República Dominicana firmó un acuerdo con el gobierno de España y la empresa satelital Hispasat para reducir la brecha digital en zonas rurales mediante conectividad satelital. Este Memorando de Entendimiento, liderado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), busca conectar comunidades aisladas con servicios de internet de alta velocidad y apoyar el desarrollo económico, educativo y social a través del acceso digital.
Este esfuerzo ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo la República Dominicana puede diseñar una estrategia sostenible de inclusión digital, tomando como referencia experiencias como la de los Países Bajos y otras naciones europeas que han abordado desafíos similares.
¿Por qué es relevante este acuerdo para la República Dominicana?
La conectividad digital es esencial para garantizar el acceso igualitario a oportunidades de desarrollo. Aunque en zonas urbanas de la República Dominicana el acceso a internet es generalizado, las comunidades rurales aún enfrentan importantes limitaciones.
Actualmente, los principales proveedores de internet en el país son Claro, Altice, Wind Telecom y Starlink. Claro y Altice concentran la mayor parte de la infraestructura fija y móvil del país, con amplias coberturas urbanas y rurales. Sin embargo, su despliegue de fibra óptica en zonas rurales continúa siendo limitado, debido a factores económicos y geográficos. Aunque la tecnología 5G, disponible principalmente en zonas (peri)urbanas, ofrece ventajas superiores en velocidad y latencia frente a las soluciones satelitales, su cobertura aún no alcanza los territorios más remotos del país.
Wind Telecom, por su parte, opera con soluciones inalámbricas y de microondas, orientadas mayormente a áreas urbanas y suburbanas, con una capacidad de penetración rural reducida. Finalmente, Starlink, de la empresa estadounidense SpaceX, inició operaciones en la República Dominicana en 2023 y ha tenido buena acogida en comunidades rurales de difícil acceso. No obstante, el costo mensual de sus servicios (50 USD mensuales mas el kit inicial de 650 USD), lo hace poco atractivo para la población de ingresos medios y bajos, limitando su alcance y sostenibilidad como solución masiva.
A pesar de estos avances, el ITU (International Telecommunication Union) estima que 31.3% de las familias en zonas rurales tienen acceso confiable a internet fijo. Incluso en lugares con cobertura teórica de datos móviles, la calidad del servicio suele ser intermitente debido a infraestructura insuficiente, dificultades geográficas o falta de inversión local.
La conectividad satelital se convierte así en una solución viable y escalable para llevar internet de alta velocidad a escuelas, puestos de salud, agricultores, cooperativas y pequeñas empresas rurales.
La experiencia de los Países Bajos
En los Países Bajos, la cobertura de internet rural ha sido una prioridad nacional desde hace más de una década. Mediante asociaciones público-privadas y fondos de conectividad de la Unión Europea, el país logró extender redes de fibra óptica a más del 95% del territorio, incluyendo zonas agrícolas y comunidades pequeñas.
Una de las claves del enfoque neerlandés fue la priorización de infraestructuras neutrales y compartidas, lo cual fomentó la competencia entre operadores sin duplicar esfuerzos ni costos. Además, se ofrecieron incentivos fiscales y financieros a empresas que expandieran su red a zonas de baja rentabilidad, lo que permitió una expansión más equitativa. Finalmente, la digitalización fue articulada con objetivos de desarrollo sostenible, como la modernización del agro, la educación a distancia y la medicina remota.
La República Dominicana puede adaptar este enfoque utilizando soluciones satelitales como vía complementaria a la fibra y a las redes móviles tradicionales.
Tres lecciones prácticas para la República Dominicana
La primera lección clave es la necesidad de una planificación con enfoque inclusivo. El acceso a internet no debe depender únicamente de la rentabilidad de mercado; por el contrario, debe estar guiado por una estrategia nacional que priorice la equidad territorial. En segundo lugar, es fundamental acompañar la conectividad con programas de formación de talento local, que fortalezcan las capacidades digitales básicas y avanzadas, especialmente entre jóvenes, educadores y microempresarios. Finalmente, el éxito de una política de conectividad rural requiere de gobernanza colaborativa entre el Estado, operadores privados, comunidades locales y aliados internacionales, con mecanismos de rendición de cuentas y monitoreo ciudadano.
Inversiones, costos y sostenibilidad
Una de las principales interrogantes del acuerdo con Hispasat es su modelo financiero. ¿Quién asumirá los costos? Los servicios de internet satelital requieren una inversión inicial en terminales (o "kits de usuario") que incluyen antena, módem y fuente de energía. Estos kits tienen un costo estimado de entre USD 350 y 500 por unidad, dependiendo de la tecnología empleada y el volumen adquirido.
A esto se suman los costos mensuales de suscripción, que actualmente oscilan entre USD 25 y 50, según el plan y el proveedor. Este precio puede resultar elevado para muchas familias de ingresos bajos o medios en zonas rurales, por lo que se requiere una estrategia de subsidios o tarifas sociales diferenciadas.
Hasta el momento no se ha anunciado públicamente quién financiará estas instalaciones. Es posible que el INDOTEL y el Estado dominicano absorban parte del costo a través de fondos de servicio universal. También podrían participar organismos de cooperación internacional, como España, el BID o la Unión Europea. En algunos casos, los usuarios finales —como escuelas privadas rurales o empresas agrícolas— podrían asumir parte del gasto.
Lo ideal sería un modelo híbrido que combine subsidios públicos para las comunidades más vulnerables con esquemas de cofinanciamiento empresarial, garantizando sostenibilidad operativa y expansión progresiva.
Recomendaciones estratégicas
Para asegurar el impacto sostenido de esta iniciativa, se proponen las siguientes acciones: elaborar una estrategia nacional de inclusión digital rural con metas claras y presupuesto plurianual; implementar pilotos sectoriales en educación, salud y agricultura con medición de impacto; asegurar que las soluciones satelitales se integren con otras tecnologías (fibra, 5G, redes comunitarias); y crear incentivos para que emprendedores tecnológicos rurales generen soluciones locales a partir del nuevo acceso a internet.
Conclusión
El acuerdo con España e Hispasat representa una oportunidad para cerrar la brecha digital rural en la República Dominicana. Pero conectar es solo el primer paso. Es necesario acompañar esta infraestructura con políticas integrales, formación de talento, y gobernanza inteligente.
Los Países Bajos ofrecen un ejemplo de cómo una visión de país puede lograr que la conectividad llegue a todos los rincones, y que esa conectividad se traduzca en desarrollo humano, económico y social. La República Dominicana tiene ahora la posibilidad de trazar un camino similar, tropicalizado a su realidad y con ambición de futuro.
Porque la verdadera transformación digital es aquella que no deja a nadie atrás.
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