Salario, desarrollo y pobreza: el trabajo en RD en perspectiva 2020-2025

El reciente anuncio del aumento del salario mínimo vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta clave para la economía del desarrollo: ¿hasta qué punto la política salarial ha contribuido efectivamente a mejorar las condiciones de vida del trabajo y a reducir la pobreza en la República Dominicana?

Más allá del dato puntual del incremento aprobado para 2026, este artículo examina la trayectoria de los salarios en relación con la inflación y el costo de la canasta básica entre 2020 y 2025, con el objetivo de evaluar si ha existido una política sostenida de revalorización del factor trabajo compatible con los objetivos de desarrollo económico y social.

1.  El aumento salarial como política de desarrollo

A partir del 1 de febrero de 2026 entró en vigor la fase final del aumento del salario mínimo del sector privado no sectorizado, equivalente a un 8%, con lo cual se completa un incremento nominal acumulado de 20% aplicado entre abril de 2025 y febrero de 2026. Según el Ministerio de Trabajo, la medida beneficia directamente a alrededor de 1.4 millones de trabajadores —cerca del 60% del empleo formal— y se inscribe en una política orientada a dignificar el empleo, reducir brechas sociales y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares trabajadores.

El ajuste eleva el salario mínimo mensual a RD$29,988 en las empresas grandes; RD$27,490 en las medianas; RD$18,421 en las pequeñas; y a RD$16,993 en las microempresas. Desde la perspectiva oficial, este aumento permitiría, por primera vez para muchos trabajadores,   cubrir la canasta básica familiar, al tiempo que se consolidaría el salario mínimo como una herramienta de política pública para reducir la pobreza laboral y fortalecer el consumo interno.

Planteado en estos términos, el salario mínimo es presentado no solo como un instrumento de ingreso, sino como una palanca de desarrollo económico y social, alineada con los objetivos de reducción de la pobreza y dignificación del trabajo.

2.  Salarios, precios y bienestar: la prueba del salario real

Desde la perspectiva de la economía del desarrollo, la política salarial no se evalúa por el aumento nominal del ingreso, sino por su capacidad efectiva para sostener niveles dignos de bienestar. En ese sentido, la evolución del salario debe analizarse en relación con el comportamiento de los precios y, de manera particular, con el costo de la canasta básica, que define el umbral material mínimo para la reproducción cotidiana de los hogares trabajadores.

El período 2020–2025 estuvo marcado por tensiones macroeconómicas que alteraron esta relación. Tras un punto de partida relativamente equilibrado en 2020, la economía dominicana enfrentó entre 2021 y 2022 un choque inflacionario significativo, impulsado por la pandemia, las disrupciones en las cadenas globales de suministro y el encarecimiento internacional de alimentos y energía. Durante esos años, la inflación superó el 8%, mientras el costo de la canasta básica crecía a un ritmo incluso mayor, erosionando sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios.

En ese contexto, el aumento salarial aplicado en 2021 operó más como un mecanismo de compensación parcial que como una mejora sustantiva del salario real. Si bien permitió amortiguar parte del impacto del alza de precios, no logró revertir el deterioro acumulado del poder de compra, situación que se profundizó en 2022 ante la ausencia de nuevos ajustes en un entorno todavía inflacionario. Desde una perspectiva de bienestar, este período puede caracterizarse como una fase de pérdida del salario real, con efectos directos sobre la capacidad de los hogares trabajadores para cubrir la canasta básica y sostener condiciones mínimas de estabilidad.

A partir de 2023, sin embargo, se observa un cambio relevante de tendencia. La inflación comenzó a desacelerarse de manera sostenida, mientras los incrementos salariales se hicieron más frecuentes y, en varios tramos, superiores al aumento anual de los precios. Esta combinación marcó un punto de inflexión: el salario mínimo dejó de correr sistemáticamente detrás del costo de la vida y empezó a recuperar parte del terreno perdido durante los años de mayor presión inflacionaria.

Durante 2023 y 2024, los ajustes salariales se desenvolvieron en un contexto de inflación moderada, lo que permitió consolidar una mejora defensiva del salario real. Ya en 2025, con un nuevo incremento aplicado en abril y la culminación de la fase final en febrero de 2026, el salario mínimo vuelve a crecer claramente por encima de la inflación anual, reforzando la recuperación del poder adquisitivo, particularmente en el empleo formal cubierto por esta referencia salarial.

Visto en perspectiva, el recorrido del salario real entre 2020 y 2025 no fue lineal ni exento de retrocesos. Hubo una fase clara de deterioro asociada al choque inflacionario, seguida de un proceso gradual de recuperación a partir de 2023. Este último tramo permite afirmar que el aumento salarial reciente no constituye un evento aislado, sino parte de una secuencia de política pública orientada a restablecer la capacidad del ingreso laboral para cubrir el costo de vida y sostener niveles básicos de bienestar.

3.  Trabajo, pobreza e informalidad: alcances y límites

Desde la óptica del desarrollo, la mejora salarial contribuye de manera directa a reducir la pobreza monetaria entre los trabajadores formales de menores ingresos, al acercar los salarios al costo de la canasta básica y reducir la vulnerabilidad de los hogares frente a choques de precios.

No obstante, el impacto agregado sobre la pobreza nacional sigue condicionado por dos límites estructurales: el alto nivel de informalidad laboral y la heterogeneidad productiva. Una proporción significativa de la población ocupada queda fuera del alcance directo del salario mínimo, lo que restringe su efectividad como instrumento universal de desarrollo inclusivo.

Aun así, en un contexto de presiones inflacionarias recientes, la política salarial aplicada desde 2023 evitó un deterioro mayor de la calidad de vida del trabajo y contribuyó a revalorizar el factor trabajo como componente central del desarrollo económico. Sin embargo, estos avances —aunque relevantes— han operado como un mecanismo de contención y recuperación parcial del poder adquisitivo, sin resultar todavía suficientes en amplios segmentos de la población ocupada, para garantizar una cobertura holgada y sostenida del costo de la canasta básica.

Epílogo. En perspectiva 2020-2025, puede sostenerse que la política salarial en la República Dominicana transitó desde un enfoque de prudencia y contaención aplicado durante el episodio inflacionario asociado a la pandemia de Covid-19 y su período posterior,    una orientación más explícita de recomposición gradual del salario real. Este giro se produjo en un contexto excepcional, distinto al de la etapa previa a 2020, caracterizada por niveles de inflación relativamente bajos y estables.

Dicha recuperación ha sido parcial y desigual entre sectores, pero muestra efectos reales sobre el empleo formal y sobre la reducción de la pobreza laboral, entendida esta última como la situación en la que los ingresos del trabajo resultan insuficientes para preservar el poder adquisitivo frente al costo de la canasta básica.

Más que un punto de llegada, el aumento salarial reciente representa un paso dentro de una agenda de desarrollo más amplia, cuyos desafíos estructurales continúan siendo la formalización del empleo, el aumento sostenido de la productividad y la consolidación de un crecimiento económico capaz de traducirse, de manera sostenible, en mejores condiciones de vida para la población trabajadora, superando así una visión histórica del trabajo como carga o castigo —tan presente en el imaginario popular— y afirmándolo, como un camino de dignidad y progreso.