Las guerras no se planifican por su desenlace. Nadie puede prever con exactitud cuándo terminan ni cuánto escalan. Ante un panorama internacional tan voluble, la única conducta responsable de un Estado es prepararse para el peor escenario: interrupciones prolongadas en las cadenas de suministro, precios de la energía y los alimentos al alza, y una mayor presión sobre las finanzas públicas. Si el escenario adverso no se materializa, las sorpresas serán positivas. Pero si ocurre y el Gobierno nos encuentra inpreparados, el costo real lo terminan pagando las familias dominicanas en su canasta básica y el sector productivo nacional.
Esa misma lógica de prevención debería aplicar frente a choques climáticos como el fenómeno de El Niño. Con pronósticos de alta intensidad, sus efectos más severos —con el rezago habitual— se concentrarán en 2027: menor generación hidroeléctrica que obligará a depender de plantas térmicas más costosas y contaminantes, caída en la productividad agrícola y una nueva presión inflacionaria sobre los alimentos.
El impacto no será aislado. El Niño afectará simultáneamente a grandes países productores, contrayendo la oferta mundial y disparando los precios internacionales de los alimentos justo cuando más estabilidad necesitaremos. En nuestro país, donde la agricultura familiar aporta entre el 70 % y el 80 % de lo que llega a la mesa, cualquier caída en la producción local se amplifica en crisis social.
El Gobierno cuenta hoy con herramientas sobre el papel, como el Plan Nacional de Preparación y Acciones Anticipatorias frente a la Sequía Agrícola 2026-2027 (apoyado por la FAO) y planes de tecnificación de riego. Sin embargo, la ciudadanía está cansada de anuncios y planes en PowerPoint que no bajan a territorio. El gran déficit de esta gestión radica en la ejecución: se pasa con demasiada facilidad de la retórica preventiva a la inacción presupuestaria, dejando obras a medias y sin resultados medibles.
Esta falta de rigor se refleja también en la protección a los productores nacionales. En un contexto de apertura comercial y presiones de los acuerdos vigentes, el Estado no puede recurrir al parche fácil de importar indiscriminadamente para tapar huecos inflacionarios coyunturales. La emisión de permisos para rubros sensibles como arroz, pollo o sucedáneos de quesos —que deben ser rigurosamente etiquetados— exige una planificación estricta basada en datos reales de cosecha. Si no se invierte en infraestructura de apoyo como cadenas de frío, controles fitosanitarios, financiamiento oportuno y seguros agropecuarios eficientes, el esfuerzo del campo se destruye y se fomenta la dependencia externa.
En materia energética, el fracaso oficial es inocultable. No basta con firmar pactos decorativos si el país sigue arrastrando un déficit crónico de generación y, sobre todo, un manejo ineficiente de las pérdidas técnicas y comerciales en las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). Con redes obsoletas y altos niveles de robo y morosidad, cualquier volatilidad en los precios internacionales del gas natural o el carbón multiplica artificialmente un esquema de subsidios que vuelve a amenazar con superar los RD$150 mil millones.
Para 2027, estas presiones internas chocarán contra un muro fiscal: un Presupuesto General del Estado altamente rígido, donde el pago de intereses de la deuda absorbe una parte colosal de los ingresos corrientes, dejando al Gobierno sin espacio fiscal ni margen de maniobra ante emergencias. Todo esto enmarcado en un entorno financiero internacional restrictivo, con tasas de interés elevadas y mercados exigentes con el riesgo soberano. Un país con un déficit persistente, una deuda pública que ronda el 48 % del PIB y crecientes necesidades de financiamiento externo no puede permitirse gobernar a salto de mata.
La Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley Orgánica 1-12) no puede seguir siendo tratada como letra muerta por las autoridades. Su cumplimiento exige herramientas de prospectiva estratégica que hoy brillan por su ausencia: escenarios plurianuales de precios energéticos, evaluaciones rigurosas de impacto fiscal ante eventos climáticos extremos y reglas claras e inflexibles para el manejo de subsidios y permisos de importación. Sin estos instrumentos, cada crisis nacional se gestiona como si fuera improvisada por primera vez.
La prioridad nacional no es jugar a adivinar el futuro, sino blindar la capacidad de respuesta del Estado para que el país no dependa de la suerte en 2027. Si las tensiones geopolíticas se desescalan, si El Niño es benigno o si los mercados internacionales dan tregua, qué bueno. Pero si no es así, el país exige dejar atrás los discursos triunfalistas y asumir la única tarea verdaderamente responsable: prepararse de verdad para el peor escenario y evitar que los errores de planificación y la improvisación oficial los paguen los más vulnerables.
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