Cuando el acta de nacimiento de una persona es objeto de un cambio, supresión o añadidura de su nombre propio, tal cosa repercute, en una especie de cascada, en los actos del estado civil registrados con anterioridad a dicha modificación y que están relacionados con la persona titular del nombre de que se trate.

Por ejemplo, en las actas de nacimiento de los hijos de quien ha modificado su nombre propio, el padre o la madre de estos figurarán con el nombre que tenía antes de introducir las enmiendas.

De igual manera, si está o estuvo casado, en el acta que recoge el matrimonio figura como esposo o esposa con su nombre anterior. Dicho de otra forma, su esposa o esposo actual o anterior, aparece como casado o casada con alguien con un nombre diferente.

Son evidentes los inconvenientes que la nueva situación puede producirle, no tan solo a quien fue objeto del cambio del nombre propio, sino de aquellas personas que sean titulares de actas del estado civil vinculadas por una u otra razón con el primero. Pueden ser hijos, cónyuges, excónyuges, para quienes, de repente, sus actas deben ser objeto de actualizaciones como consecuencia del cambio operado por otra persona.

La institución competente para aprobar el cambio, supresión o añadidura de nombre es el Tribunal Superior Electoral de conformidad con la Ley núm. 4-23 de actos del estado civil.

¿Quiere lo anterior decir que la misma jurisdicción es quien tiene la atribución para introducir las modificaciones en las actas que resulten impactadas por el cambio operado?

La respuesta es negativa y las razones son fundamentalmente dos: La primera, que la citada Ley de actas del estado civil, en el párrafo II de su artículo 134 establece que una vez el TSE haya acogido el cambio de nombre debe notificar la sentencia a la Junta Central Electoral para que sea esta quien se encargue de hacer producir los efectos en todas las actas que puedan resultar impactadas por el cambio operado. La segunda razón es que la asignación anterior, en el sentido de que sea la JCE quien tramite los cambios necesarios, está fundada en el hecho de que esa institución es quien dirige, organiza y controla el registro civil. Siendo así, es lógico que esté a su cargo introducir las enmiendas correspondientes en las actas que están bajo su custodia.

La facultad de referencia es replicada en el Reglamento Sobre Procedimiento de Cambio, Supresión y Añadidura de Nombres, elaborado por el TSE como derivación de su potestad reglamentaria, el cual, en el párrafo I de su artículo 13 reafirma, como debe ser, lo consagrado por la Ley de referencia.

Al TSE se le ha venido presentando la situación de que una vez dictada una sentencia acogiendo un cambio de nombre, recibe otras solicitudes de cambios en actas en las cuales debe introducirse la modificación realizada en el acta objeto del cambio de nombre. Casos como de hijos cuyos padres han cambiado su nombre; de esposas o esposos cuyos cónyuges se llaman de otra manera a partir del cambio llevado a cabo, etcétera.

En estos casos, la Corte debe pronunciar su incompetencia en virtud de que no puede atribuirse una prerrogativa legalmente conferida al órgano administrativo electoral quien, a su vez, es el regente del registro civil dominicano.

A propósito del proceso de expedición de la nueva cédula de identidad y electoral para ciudadanos dominicanos y de identidad para extranjeros, que lleva a cabo la JCE, resulta muy importante que dicha institución se aboque a realizar los cambios en las actas que reciban los efectos de las sentencias dictadas por el TSE sobre cambios, supresiones y añadiduras de nombres propios.

Proceder de esa forma, sería una manera de la JCE acatar no solo la sentencia del TSE que le ordena la adecuación de las actas impactadas, sino lo más importante, de respetar la norma que le conmina a actuar en esa dirección.

Pedro P. Yermenos Forastieri

Jurista y escritor

Doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica y Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos, ambas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución, y Maestría en Derecho Electoral y Partidos Políticos, impartidas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Diplomado en Observación Electoral, Salamanca, España. Formación en Derecho Público en el Centro Latinoamericano para la Administración del Desarrollo (CLAD). Cursos electorales especializados en centros educativos nacionales e internacionales. Profesor de Derecho civil en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), por más de 10 años, así como facilitador en programas de diplomados y maestrías. Desempeñó las funciones de Intendente General de Bancos; coordinador del componente de Justicia del Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado (PARME) y consultor jurídico de la Comisión Nacional de Energía (COENER). Ha tenido una destacada labor en el ejercicio de su profesión, así como en las diversas funciones públicas desempeñadas; en las labores docentes ejercidas y como ciudadano activo en la defensa de trascendentes causas sociales. En la actualidad es Juez Titular del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana, al cual ha representado en diversas misiones internacionales de observación electoral, dentro de las cuales fue jefe de misión en la veeduría internacional para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 2023, Quito, Ecuador; en la observación jurisdiccional de la Unión Interamericana de organismos electorales (UNIORE); de las elecciones federales y elecciones judiciales por voto popular de México 2025. Ha sido encargado por el pleno del TSE de la coordinación e implementación de la Cátedra de Derecho Electoral “Dr. Julio Brea Franco”. Adicionalmente, proponente y coordinador del proyecto “Mesa Académica” del Tribunal Superior Electoral.

Ver más