La República Dominicana vive bajo una épica oficial que celebra al país como el “milagro del Caribe” por su constante crecimiento del PIB (BCRD, 2026). No obstante, esta contabilidad oculta una profunda fractura social: la informalidad laboral ronda de forma persistente entre el 56% y el 58% (BCRD, 2026), dejando a más de la mitad de los trabajadores sin protección legal. Mientras las torres del Polígono Central se elevan, los salarios reales languidecen frente al constante alza de la canasta básica. A esto se suma que el 53% del incremento del gasto fiscal neto se destina únicamente a pagar la deuda (Hacienda, 2023), desprotegiendo críticamente la inversión productiva nacional.
Para justificar la carestía, el Banco Central recurre a explicaciones ortodoxas como el monetarismo de emisión o la espiral salarios-precios. Sin embargo, la correlación histórica entre la oferta monetaria y el deflactor del PIB es de apenas 0.21. La liquidez de la banca central no impacta la canasta básica; se desvía a la especulación inmobiliaria. Culpar a los salarios es otra distorsión: los aumentos nominales operan como un rezago defensivo. El FMI (2022) admite que las espirales de salarios y precios son anomalías raras. El verdadero motor inflacionario es el poder oligárquico de grandes consorcios que cartelizan precios para capturar rentas ante el declive de la ganancia productiva real (Roberts y Carchedi, 2021).
La ley del valor interpretada por Roberts y Carchedi (2021) devela que la inflación brota de la contradicción entre demanda nominal y rigidez de la oferta real en el capitalismo periférico dominicano. El modelo se encadena a sectores de bajo nivel tecnológico (turismo de enclave, construcción de lujo, ensamble y agricultura familiar) que prefieren sobreexplotar mano de obra informal antes que tecnificarse. Aunque las estadísticas de productividad nacional se muestran infladas por enclaves capitalizados de mínimo empleo (megaminería de oro y telecomunicaciones), la productividad real del agro y la manufactura de consumo doméstico permanece estancada, consolidando una profunda dualidad estructural.
Esta dualidad explica que entre los años 2000 y 2026 la productividad oficial se triplicara, mientras que el salario real promedio se mantuviera aún por debajo del nivel del año 2000 (UASD, 2025; BCRD, 2026). Las ganancias fueron capturadas por el capital transnacional y financiero. Para competir, el capital doméstico no tecnificado extrae excedentes mediante jornadas extenuantes y salarios deprimidos, valiéndose de la informalidad laboral (BCRD, 2026). La desprotección informal actúa como un mecanismo coercitivo que destruye el poder de negociación sindical, desarticula la organización colectiva y deprime los salarios reales.
Este parasitismo se agrava con la financiarización de las pensiones bajo la Ley No. 87-01 de capitalización individual (Mesa-Lago, 2020). En lugar de canalizar el ahorro previsional acumulado hacia proyectos de desarrollo nacional de largo plazo, las AFP privadas lo destinan a comprar títulos de deuda del Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Este circuito genera un perverso “efecto desplazamiento”: el Estado absorbe el ahorro de los trabajadores para cubrir gasto corriente y pagar rendimientos de riesgo cero a la banca nacional. El ahorro previsional opera como un sumidero que garantiza ganancias monopólicas a los intermediarios y condena a la clase trabajadora a pensiones de miseria.
Este desbalance se cruza con la “fijación espacial” (Harvey, 2001): ante el declive de la ganancia productiva real, el capital huye del agro hacia la especulación inmobiliaria urbana o títulos estatales. Mientras la producción nacional es saboteada por desinversión, la demanda nominal es alimentada por flujos externos puros (remesas, turismo y endeudamiento de Hacienda, 2023) que chocan con la rigidez de una oferta alimentaria inelástica. Esto obliga a depender de importaciones, transfiriendo la inflación de costos global al consumidor interno. Así ocurrió durante el shock del presente año (2026) en el Estrecho de Ormuz: ante tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las tarifas de fletes aumentaron un 144% (superando los US$ 4,639 por contenedor), encareciendo fertilizantes importados indispensablemente y asfixiando al productor nacional.
La organización del territorio refleja una asimetría espacial. Bajo la retórica de austeridad de la Ley No. 45-25 (2025), la fusión ministerial busca blindar la solvencia estatal ante acreedores globales para retener el “grado de inversión”. Esta austeridad selectiva profundiza el desarrollo geográfico desigual (Harvey, 2001): se embellece la vitrina inmobiliaria del Polígono Central mientras las provincias productoras (como el Cibao Noroeste o el Valle de San Juan) sufren desinversión crónica en carreteras y riego. Al sumarse la vulnerabilidad climática y degradación de suelos, y ante el abandono estatal del rol planificador, la inflación en los precios de los alimentos opera como una expropiación silenciosa de los productores locales y mayorías urbanas de bajos recursos.
Finalmente, el Estado institucionaliza el rentismo otorgando exenciones perpetuas e incondicionales a corporaciones turísticas, inmobiliarias de lujo y de zonas francas. Desde el enfoque de Mariana Mazzucato (2018), estas exenciones deberían condicionarse estrictamente a la reinversión tecnológica local. Al operar sin condiciones, las empresas repatrian el excedente, forzando un esquema fiscal regresivo (vía ITBIS) sobre los trabajadores. En la realidad dominicana, estas misiones estatales degeneran en simulaciones burocráticas por la captura oligárquica. Por tanto, para superar este subdesarrollo, como advierte Michael Roberts (2021), es imposible guiar el progreso sin regular radicalmente la propiedad concentrada de la banca, la tierra y las redes monopólicas de distribución. Democratizar el excedente y liberar los fondos previsionales del yugo especulativo financiero es el único camino para devolver la soberanía material a la geografía del plato vacío.
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