Reconocimientos y medallas inmerecidas a funcionarios e instituciones públicas

En todas las administraciones gubernamentales de los últimos años, se ha puesto muy de moda que muchos funcionarios que dirigen instituciones públicas, ministerios, alcaldías y departamentos del Estado, se autoasignan, gestionan y compran reconocimientos, medallas de oro, placas, etc., supuestamente por haber tenido un excelente desempeño en el manejo de los recursos públicos, en el cumplimiento ético, en transparencia, en rendición de cuentas y por enfrentar la corrupción.

La mayoría de ellos utilizan esta estrategia cuando buscan la elección de un cargo público: la presidencia de la República, una senaduría o una alcaldía. Muchas veces, por las relaciones que mantienen con el Ministro de Administración Pública de turno, a través de una campaña publicitaria en los medios de comunicación, lo convencen de que la misma es real, y este termina otorgándole un reconocimiento o una medalla al mérito a la institución y al funcionario que la dirige, sin antes investigar y sin exigir un informe convincente de los órganos de control del país, como lo es la Cámara de Cuentas de la República, la Contraloría General, el Control Social o el Congreso Nacional.

Algunos llegan más lejos y son más creativos. Gestionan en el exterior del país, con una de las empresas que venden reconocimientos, placas, trofeos y que organizan eventos internacionales y la entrega de los mismos, por supuestamente haber tenido una buena gestión y un excelente desempeño ético y de honestidad.

El uso de recursos estatales para promover méritos dudosos refleja una peligrosa normalización de la corrupción institucional

La mayoría de las veces esas empresas no conocen a la institución pública que solicita el galardón, cómo ha sido su administración y mucho menos, al funcionario que la dirige. Cuando estos casos suceden, la institución que dice ser premiada gasta una enorme cantidad de recursos públicos, del presupuesto de la institución, en la delegación que viaja a recibirlo y en una enorme campaña publicitaria por radio, redes sociales, televisión y periódicos, lo que constituye un acto más de corrupción pública.

Lamentablemente, estas instituciones, así como los funcionarios que las dirigen, que han sido reconocidas por un supuesto excelente desempeño ético y de transparencia, terminan siendo sometidos a la justicia y acusados por el Ministerio Público de enormes actos de corrupción, fruto de una gran investigación periodística.

Es decir, que con estos reconocimientos lo que se busca es tratar de ocultar la podredumbre existente en la misma.

Para muestra tenemos algunos botones. El caso de Maxy Montilla y las Edes (Ede Sur, Ede Norte y Ede Este), cuyos directores fueron reconocidos en su momento como modelos de gestión, no solo en nuestro país, sino en playas extranjeras.

Asimismo, tenemos el caso del Seguro Nacional de Salud-SENASA y su director, el doctor Santiago Nazim. Hay muchos casos más, pero por razones de espacio lo dejaremos para otro momento.