Hay cifras que deberían estremecer a una sociedad. La de 50 personas fallecidas en accidentes de tránsito en Puerto Plata entre enero y julio pasados es una de ellas.
No son simplemente 50 víctimas registradas en un informe oficial. Son 50 vidas truncadas, 50 familias golpeadas por una pérdida que, en muchos casos, pudo haberse evitado. Son padres, madres, hijos, esposos, hermanos y amigos que quedaron enfrentados a una ausencia definitiva. Y son también hogares que, además del dolor, deben asumir consecuencias económicas.
Los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI), adscrito al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), colocan a Puerto Plata entre las provincias dominicanas con mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito. Cifras que adquieren mayor gravedad cuando se observa que, en relación con la población provincial, implican una tasa aproximada de 1.52 fallecimientos por cada 10,000 habitantes, lo que confirma que no se trata de un problema menor.
Y hay otro elemento que obliga a encender las alarmas: el fenómeno ocurre en una provincia cuyo desarrollo depende considerablemente de su actividad turística.
A nivel nacional, durante enero-julio se contabilizan más de 1,000 fallecidos y 30,826 lesionados por siniestros viales. Las estadísticas también muestran patrones suficientemente conocidos como para justificar una acción urgente: aproximadamente el 85.5 % de las víctimas mortales son hombres, más del 41 % de ellas ocurre durante los fines de semana; las motocicletas están vinculadas a más de la mitad de los fallecimientos y la noche concentra una proporción significativa de las tragedias. Ese es el patrón que se reproduce en Puerto Plata.
El protagonismo de las motocicletas merece una atención especial. Su utilización forma parte de la movilidad cotidiana de miles de personas, pero también constituye uno de los principales factores de vulnerabilidad. La velocidad, la conducción temeraria, el incumplimiento de las normas, la ausencia o uso incorrecto del casco y la conducción bajo los efectos del alcohol pueden convertir un desplazamiento ordinario en una tragedia irreversible.
Y el costo no termina con la muerte. Un accidente grave puede dejar lesionados permanentes, personas imposibilitadas para trabajar y familias obligadas a asumir gastos médicos, rehabilitación y cuidados prolongados. Para un hogar de ingresos limitados, esas consecuencias pueden significar años de dificultades económicas.
La condición de Puerto Plata como destino turístico es una razón adicional para actuar con urgencia. La percepción de seguridad constituye un componente esencial en la experiencia de cualquier visitante. Este no solo evalúa las playas, los hoteles, los restaurantes o los atractivos naturales; también experimenta las carreteras, el transporte y las condiciones en que debe desplazarse por el territorio.
La respuesta no puede limitarse a operativos ocasionales después de ocurrida la tragedia. Puerto Plata necesita una estrategia permanente de seguridad vial, basada en fiscalización efectiva de la velocidad, control del consumo de alcohol al volante, uso obligatorio y correcto del casco, vigilancia de motociclistas, educación vial, identificación de puntos críticos y mejoramiento de la infraestructura donde sea necesario.
También hace falta una responsabilidad compartida. Las autoridades deben fiscalizar y educar; los conductores deben respetar las normas; las familias deben promover comportamientos responsables; las empresas del transporte deben asumir su responsabilidad y los propios ciudadanos deben comprender que conducir no es un acto de libertad absoluta, sino una actividad que implica responsabilidad sobre la vida propia y la de los demás.
No podemos aceptar que nuestras calles y carreteras sean escenarios recurrentes de dolor. Cada vida que se pierde representa una tragedia familiar, un costo económico y una herida para la sociedad. Y cuando esas muertes ocurren en una provincia que quiere proyectarse nacional e internacionalmente como destino turístico seguro, también está en juego algo más: la imagen, la confianza y el futuro de Puerto Plata.
La seguridad vial no puede seguir esperando.
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