¿Puede la naturaleza venir en auxilio de la producción arrocera dominicana?

La apertura del mercado dominicano del arroz es inevitable. Es una consecuencia de compromisos comerciales asumidos hace dos décadas y de un escenario internacional complejo. Podemos discutir si el país se preparó desde la entrada en vigor del DR-CAFTA, pero la pregunta relevante ahora es otra: ¿cómo proteger la producción nacional de arroz en un contexto en el que disminuye el espacio para hacerlo mediante aranceles?

Una respuesta puede provenir de un ámbito sorprendentemente ausente del debate: los servicios ecosistémicos. Para entenderlo hay que mirar hacia la cuenca del río Yuna. La principal región productora de arroz del país se encuentra en su cuenca baja. El río nace en la Cordillera Central, atraviesa unos 200 kilómetros del territorio y desemboca en la bahía de Samaná a través del extraordinario sistema de humedales y manglares del Bajo Yuna.  Entre las montañas donde se origina y los manglares donde finalmente llega al mar se extiende uno de los paisajes productivos más importantes de la República Dominicana. En términos sencillos: buena parte del arroz dominicano es un don del Yuna. Pero el razonamiento puede invertirse.

¿Qué aporta al territorio la permanencia de ese paisaje arrocero? La noción de servicios ecosistémico proporciona algunas pistas. Los arrozales irrigados no son únicamente unidades productoras de alimentos. Son agroecosistemas capaces de proporcionar distintos servicios relacionados con el agua, los ciclos de nutrientes, el carbono y, particularmente cuando forman mosaicos con pastizales, canales, humedales y otros usos del suelo, hábitats para numerosas especies. También proporcionan servicios culturales vinculados con la identidad y las formas tradicionales de producción.

El paisaje tradicional satoyama en Japón, no se concibe como naturaleza separada de la actividad humana, sino como un mosaico integrado por bosques, arrozales, pastizales, cursos de agua, estanques y asentamientos. Del mismo modo el paisaje de la campiña francesa, la toscana italiana,  la dehesa española o el Piedmont de Virginia, son mucho más que viñedos, olivares, encinas,  colinas y flores, ya que forman parte de un paisaje sinantrópico cuyas sinergias construyen identidades y proveen servicios ecosistémicos: biodiversidad, regulación hídrica, recreación, belleza escénica, espiritualidad y un profundo sentido de pertenencia. De hecho, estos paisajes se definen como proveedores de bienes públicos, en otras palabras, el paisaje tiene valor económico. No se trata de idealizar el arrozal. La agricultura intensiva puede deteriorar la calidad del agua, reducir biodiversidad y aumentar la utilización de fertilizantes y pesticidas,  lo que genera trade-offs entre maximizar la producción y mantener la capacidad del paisaje para suministrar servicios ecosistémicos. La pregunta no es si debemos pagar simplemente por producir arroz, sino si determinadas prácticas arroceras producen beneficios ambientales y culturales adicionales que la sociedad valora y que actualmente el mercado no remunera.

En el caso del Yuna estamos ante un constructo territorial: montaña–río–arrozal–humedal–manglar–bahía. La calidad de ese sistema afecta actividades económicas situadas aguas abajo, incluido un turismo cuyo principal activo es la calidad ambiental y paisajística de Samaná. Proteger determinados servicios ecosistémicos en el Bajo Yuna podría, por tanto, generar beneficios que desbordan ampliamente al productor agrícola. Los beneficios culturales incluyen recreación, bienestar, apreciación estética y sentido de lugar y que esos valores pueden formar parte de una evaluación económica del territorio. Esto conduce a una pregunta que nunca hemos formulado seriamente en el país:  ¿cuánto valoramos los dominicanos el paisaje arrocero del Yuna y cuánto estaríamos dispuestos a pagar por conservar los servicios ambientales y culturales que puede proporcionar? La respuesta no debe suponerse. Hay que medirla y para ello están los métodos que utilizamos en la economía ambiental que permiten estimar el valor de atributos como la conservación del paisaje, calidad del agua, biodiversidad, reducción de agroquímicos, mantenimiento de humedales o prácticas productivas ambientalmente sostenibles.

Justo en este punto, los servicios ecosistémicos podrían finalmente venir auxilio del arrozal. Si esos beneficios existen, pueden medirse y sería posible diseñar instrumentos que pueden convertir parte de ese valor en ingresos para los productores que efectivamente los generen. No sería pagar al agricultor simplemente para que produzca arroz, sería remunerarlo por producir bienes públicos que el mercado del arroz no paga. Basta con conocer la experiencia norteamericana y europea de incentivos a los productores agropecuarios por hacer mucho más que producir alimentos.