Publicidad luminosa: una problemática brillante

En la madrugada de Santo Domingo, mientras la ciudad duerme, algunas habitaciones se inundan de una luz artificial implacable que no proviene del alumbrado público ni de la luna, sino de una valla LED ubicada a cientos de metros de distancia. Esta escena no es ficción.

Se trata de una manifestación real de un problema urbano cada vez más evidente: la contaminación lumínica provocada por la publicidad exterior sin límites normativos claros.

Poco a poco, el centro de la capital ha perdido la posibilidad de contemplar el cielo nocturno.

El vacío legal de los “lúmenes publicitarios”

Actualmente, en República Dominicana no existe una normativa específica a nivel nacional que establezca límites cuantitativos para el brillo de vallas publicitarias, pantallas LED o rótulos iluminados. Esta carencia se traduce en una desprotección ciudadana ante fuentes de luz excesiva que, como en el caso mencionado, penetran en hogares durante horas de descanso, afectando la calidad del sueño y el bienestar.

Las regulaciones que existen hoy se basan principalmente en permisos administrativos otorgados por entidades como el INTRANT (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre) y los ayuntamientos municipales, que evalúan aspectos como el tamaño, la ubicación y la seguridad estructural de las vallas.

Como parte del dilema, no se establecen límites técnicos sobre luminancia (nits o candelas/m²), lo cual contrasta con países que sí regulan estos valores para evitar el deslumbramiento y la afectación al entorno urbano y natural.

Impacto ambiental y urbano de la luz no regulada

El Ministerio de Medio Ambiente tiene potestad para intervenir si considera que una instalación luminosa afecta ecosistemas o produce contaminación lumínica significativa, especialmente en zonas cercanas a áreas protegidas. Sin embargo, esta intervención es reactiva y caso por caso, ya que no existe un estándar de cumplimiento obligatorio que permita evaluar objetivamente cuándo una valla es “demasiado brillante”.

La ausencia de regulación técnica ha llevado a que las empresas instalen pantallas con intensidades de brillo excesivas, incluso durante la noche. Este fenómeno contribuye al aumento del brillo del cielo nocturno —un indicador claro de contaminación lumínica— y afecta no solo a residentes urbanos, sino también a especies nocturnas cuya orientación depende de los ciclos naturales de luz.

Consecuencias para la seguridad vial y la salud pública

Más allá del impacto ambiental, el exceso de iluminación puede tener implicaciones directas en la seguridad vial. El INTRANT está facultado para ordenar el apagado o modificación de una pantalla publicitaria si su brillo representa un riesgo de distracción o encandilamiento para los conductores. Sin embargo, este poder se ejerce bajo criterios técnicos ad hoc, en lugar de basarse en valores estandarizados y verificables de luminancia.

Desde la perspectiva de la salud pública, la exposición prolongada a luz artificial intensa durante la noche puede alterar el ritmo circadiano de las personas, aumentando el riesgo de trastornos del sueño, fatiga y otros problemas fisiológicos. En áreas residenciales, una pantalla mal ubicada puede convertirse en una fuente constante de intrusión lumínica, sin que los ciudadanos tengan mecanismos claros para reclamar.

Referencias internacionales como guía informal

Ante esta falta de regulación local, algunas empresas se orientan por estándares internacionales, como los de la IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) y la CIE (Comisión Internacional de Iluminación), que recomiendan mantener la luminancia de pantallas digitales por debajo de 250-300 nits durante la noche. Asimismo, se sugiere que las vallas retroiluminadas no superen los 500-600 lux.

Estos valores permiten una visibilidad efectiva sin generar molestias. Además, las buenas prácticas internacionales incluyen el uso de sensores de luz ambiental y ajustes automáticos de brillo, que reducen el impacto visual durante horas nocturnas. Lamentablemente, en República Dominicana estas prácticas no son obligatorias ni fiscalizadas, lo que deja su implementación a la discreción de cada anunciante.

Fragmentación institucional y necesidad de articulación normativa

En la práctica, la regulación de la publicidad luminosa en el país recae en un entramado institucional fragmentado:

• INTRANT regula la ubicación en zonas viales y puede intervenir por razones de seguridad.
• Ayuntamientos municipales controlan permisos, cobros y características estructurales de las vallas.
• El Ministerio de Medio Ambiente puede actuar en casos de impacto ambiental.

No obstante, ninguna de estas entidades cuenta con herramientas normativas concretas para medir, comparar o sancionar el exceso de luminancia, más allá de lo que establezcan sus criterios administrativos. Esta falta de un marco legal técnico unificado genera incertidumbre tanto para las autoridades como para los ciudadanos y las empresas.

Hacia una legislación moderna y luminosa

El crecimiento de la infraestructura publicitaria digital en zonas urbanas hace urgente una revisión normativa que contemple criterios técnicos de luminancia y contaminación lumínica. Una futura “ley de iluminación exterior” podría integrar estándares de luminancia máxima, franjas horarias permitidas, limitaciones por zona (residencial, comercial, natural) y requisitos tecnológicos como sensores de atenuación.

También sería deseable incorporar a INDOCAL y a la Superintendencia de Electricidad (SIE) en el diseño de estas normas, aprovechando experiencias previas como la Resolución 050-2019 sobre alumbrado público y referencias de NORDOM 655 e ISO 8995-1, para garantizar que la regulación sea técnicamente sólida y aplicable en todo el país.

Un futuro brillante

La luz de una valla no debería invadir hogares ni convertirse en una amenaza ambiental o de tránsito. La publicidad luminosa es legítima y necesaria en las ciudades modernas, pero su uso debe estar regulado bajo principios de responsabilidad social, técnica y ambiental.

En República Dominicana, el vacío normativo en materia de brillo publicitario representa un desafío que requiere atención urgente si se quiere construir un entorno urbano más habitable y sostenible para todos.