El hábito no hace al monje: los peligros de un código nuevo sin un poder judicial efectivo

Con la promesa explícita de que contribuirá a reducir la criminalidad, fortalecer la persecución del delito y mejorar la seguridad ciudadana, entró en vigor esta semana el nuevo Código Penal, tras una discusión que se prolongó por más de 20 años.

Para mí, resulta extraño que la misma población que, enardecida, defendía “la vida” o “las tres causales” durante esos mismos años hoy aparezca indiferente y ampliamente convencida de que su vida cotidiana será afectada poco o nada por este cambio. Una vez más, los dominicanos actuamos de manera muy distinta antes y después de que una ley entre en vigor. Antes de su aprobación, pareciera que la nueva ley fuera suficiente para transformar la realidad. Después, una vez aprobada, parece ser ignorada como si fuera intrascendente.

Mi pregunta de hoy es doble: ¿Por qué los dominicanos actuamos así? ¿Y cuáles son las consecuencias de este comportamiento?

Desde finales de la primera década de este siglo, el poder político establecido nos propuso una “Estrategia Nacional de Desarrollo”, la convirtió en ley y la sustentó en una serie de reformas o pactos: educativos, fiscales, policiales, constitucionales, eléctricos. Cada uno presentado como el punto de inflexión que finalmente resolverá un problema largamente arrastrado.  El conjunto, como la panacea esperada.

Y la verdad es que todas estas leyes son en extremo necesarias, pero el colectivo parece olvidar un detalle importante. Una república no cambia porque cambie el texto de una ley. Cambia cuando las instituciones llamadas a darle vida la cumplen cada vez mejor.  La ley está llamada a facilitar un proceso, pero por sí sola es necesaria, no suficiente.  La transformación también requiere que el sistema social se alinee detrás de dicha ley, la cumpla o la haga cumplir.

Esto, que puede parecer una diferencia tan sutil que incluso mueva a la risa, en realidad, va al corazón de por qué la sociedad dominicana parece incapaz de alcanzar los objetivos que se propone y por qué, en la opinión de la mayoría, las cosas siempre están “mal”.  Independientemente de las leyes que nos rigen, la sociedad, como un todo, las ignora.  El rico por rico, el pobre por pobre, el cura por cura, el peatón por peatón y así sucesivamente.  Pareciera que el objetivo es que la ley se promulgue; el cumplimiento, asumido como obligatorio, en la práctica pocas veces se concreta.

Parecería, muchas veces, que estamos obsesionados con encontrar la fórmula mágica para obtener un resultado óptimo de manera instantánea. Y aunque esa aspiración parece legítima, en la práctica rara vez lo es. Una república no se construye de golpe y porrazo ni alcanza de una vez el ideal de perfección. Se construye paso a paso, perfeccionando continuamente el funcionamiento de cada una de sus partes. El secreto del éxito está mucho más ligado a un proceso constante de mejora que a la consecución de una meta concreta.

En ese sentido, el ideal republicano es, por naturaleza, siempre perfectible. Nunca estará terminado. Siempre exigirá ciudadanos más responsables, jueces más independientes, policías más profesionales, legisladores más prudentes, funcionarios más íntegros y una sociedad civil más comprometida. La fortaleza de una república no radica, pues, en alcanzar una meta específica, sino en una ciudadanía comprometida con un propósito común y con la voluntad permanente de mejorar.

Eso explica por qué nuestro Código Penal, por moderno que sea, representa un avance, pero por sí mismo no basta. Sí, incorpora nuevos delitos tipificados que facilitarán la labor de la Policía, la Procuraduría y la Judicatura. Pero también es sabido que hay materias en las que el legislador inclinó la balanza para beneficiar a determinados sectores, creando injusticias intrínsecas que, más temprano que tarde, serán corregidas, y que la sociedad no logró cohesionar una posición frente a delitos que desde hace décadas son perseguidos en otras jurisdicciones.

Ahora bien, esta realidad no lo hace inservible; lo hace imperfecto o, mejor dicho, perfectible. La mente criminal, de alguna forma, siempre irá por delante del proceso legislativo. Por eso, en mi opinión, mucho más importantes que la ley misma son las instituciones y las personas llamadas a darle vida.

Así, el Código Penal necesita un Ministerio Público que investigue con rigor; una Policía Nacional que actúe dentro del marco constitucional; abogados que respeten el debido proceso; y, sobre todo, un Poder Judicial imparcial, competente y dispuesto a decidir conforme al derecho, incluso cuando hacerlo resulte incómodo para el poder político, económico o social, o contrario a la propia cosmovisión del juez que debe aplicarlo.

Estamos tan acostumbrados a una justicia lenta y parcial que olvidamos que, dentro de la arquitectura republicana, el Poder Judicial es el último —el gran— garante de que la ley prevalezca sobre la voluntad de todos, particularmente de quienes ostentan el poder. Cuando un tribunal en particular, o el sistema en general, deja de cumplir esta función, las consecuencias trascienden el caso concreto y afectan a la sociedad como un todo. Si el Poder Judicial no hace su trabajo, el sistema entero se desploma. Por ello, la solidez del sistema no puede medirse únicamente por la calidad de la letra de sus leyes; también debemos evaluar qué tan bien cumple la judicatura la función social que le ha sido confiada.

A mi juicio, la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 es el ejemplo que mejor ilustra lo que vengo sosteniendo. Independientemente de la valoración que cada cual tenga sobre la política migratoria dominicana, si nos atenemos a los hechos sometidos (una demanda destinada a obligar a la Junta Central Electoral a devolver unos documentos que la propia sentencia reconoce pertenecían a la demandante), el Tribunal convirtió ese caso en un arma letal. De manera extra petita y ultra petita, creó un precedente jurídico verdaderamente nefasto.

Con el propósito de legitimar una determinada visión política de la sociedad dominicana, se construyó una monstruosidad jurídica que equivalió a la muerte civil de cientos de miles de personas, condenadas a vivir fuera del marco legal y social, sujetas, por tanto, a la explotación y a la más absoluta vulnerabilidad.  Esto está mal.  Ahora bien, en mi opinión, no es lo peor.

La sentencia también se ha traducido en un daño menos tangible, pero mucho más amplio y duradero: ha arraigado en el imaginario social la idea de que la justicia dominicana siempre encontrará una forma de oprimir al débil y de proteger los intereses del fuerte. Ello, a su vez, ha provocado una erosión aún más profunda de la ya frágil confianza social en la función del Poder Judicial como árbitro imparcial del orden legal y constitucional.

Cuando un tribunal deja de ser percibido como un intérprete legítimo e imparcial de la Constitución y de las leyes, no pierde únicamente prestigio el propio tribunal, sino que se erosiona aquello que llamamos seguridad jurídica. ¿Qué otros derechos podría privar retroactivamente un futuro tirano amparándose en este precedente del Tribunal Constitucional? Nadie conoce esa respuesta. Pero la puerta quedó abierta, porque las instituciones no existen de manera aislada. Forman parte de un mismo sistema que trasciende el tiempo y el espacio, en el que el incumplimiento de la función de una termina afectando la vida y el desempeño de todas las demás.

En mi opinión, esa es la lección que, como sociedad, nos conviene recordar al entrar en vigor el nuevo Código Penal. El verdadero desafío no es acumular reformas ni contar con la legislación más moderna o perfecta. Nuestro verdadero desafío consiste en lograr que cada poder del Estado, cada institución pública o privada, cada ciudadano y ciudadana, y cada uno de los llamados poderes fácticos desempeñen, de la mejor manera posible, el papel que les corresponde dentro de la sociedad en favor del bien común.

Y, aunque con sus reveses, ese proceso ha ido ocurriendo.  ¿Cuánto hemos avanzado en los últimos sesenta años?  Nuestras instituciones siguen siendo imperfectas, nuestro sistema político continúa aquejado por la corrupción, muchos empresarios mantienen una vocación monopólica que atenta contra el bien común, muchos militares sueñan con un país militarizado y muchos pastores y curas desearían vivir en una teocracia.  Sin embargo, el país, como un todo, funciona hoy mejor que en 1960.  Ese progreso merece ser reconocido, no para conformarnos con él, sino para comprender que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esa construcción y que parte de nuestro deber no es solo ser mejores, sino también exigir a los demás que lo sean.

Porque, en efecto, el hábito no hace al monje. Y un Código Penal, por bueno que sea, tampoco hará por sí solo la justicia que nuestro país necesita. Pero, poco a poco, y entre todos, podremos construirla, porque las repúblicas no se decretan: se construyen.