¿Poner un huevo en el Sistema de Planificación e Inversión Pública? (1)

El Congreso Nacional ha aprobado una ley, aún pendiente de promulgación, que fusiona el Ministerio de Hacienda con el MEPyD. Este artículo se basa en el proyecto depositado, aprobado por ambas cámaras, y examina los riesgos institucionales que podría acarrear esta reforma.

El título “poner un huevo” se utiliza aquí como una metáfora crítica: pues si bien la propuesta de fusión busca eficiencia, su diseño actual pone en riesgo la estructura del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, incubando posibles debilidades estructurales.

Aunque el proyecto reconoce la rectoría del nuevo ministerio en el sistema de planificación (art. 39), preserva algunas funciones estratégicas como el Plan Plurianual y menciona a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) como marco orientador, pero al mismo tiempo omite elementos fundamentales que amenazan la coherencia institucional.

Una omisión grave es la del artículo 241 de la Constitución, que establece el carácter constitucional de la END. El no reconocimiento en la nueva ley de ese rango, puede llevar al debilitamiento de su jerarquía y desvincula la planificación del marco legal superior. ¿Fue un descuido o una acción deliberada para diluir su fuerza normativa?

El proyecto también elimina los Consejos Regionales, Provinciales y Municipales de Desarrollo, esenciales para la articulación entre planificación nacional y territorial. Esto desmantela la participación institucionalizada prevista en la Ley 498-06.

La pregunta es inevitable: ¿Se está sustituyendo el principio de cohesión territorial por una recentralización tecnocrática? CEPAL advertiría que centralizar funciones sin participación territorial debilita la capacidad del Estado para responder a las desigualdades regionales y compromete el desarrollo inclusivo.

Además, se transfiere al Ministerio de la Presidencia funciones como cooperación internacional, ordenamiento territorial y gestión de ASFL, rompiendo la unidad estratégica del sistema de planificación. Esto fragmenta políticas públicas que deberían estar articuladas.

Tampoco se contemplan mecanismos de coordinación intersectorial como la Comisión Técnica Delegada o gabinetes sectoriales, lo cual compromete la transversalidad de las políticas y debilita la gobernanza integrada.

En resumen, el proyecto conserva la cáscara institucional, pero rompe su estructura orgánica, territorial y funcional. La reforma corre el riesgo de ser regresiva en lugar de fortalecer el sistema vigente.

Estas omisiones no son menores: afectan la operatividad, legitimidad y eficacia del sistema. Podríamos estar frente a un rediseño que concentra poder y erosiona la planificación participativa.

Antes de su promulgación de la ley un intento mínimo de subsanación debería conducir: a) incluir una cláusula de subordinación expresa al artículo 241 de la Constitución y a la END, b) reintegrar, o reglamentar vinculado a la nueva ley, los Consejos de Desarrollo, c) restablecer la articulación del Sistema de Planificación con cooperación internacional y ordenamiento territorial, y d) garantizar mecanismos claros de coordinación interministerial.