Plan Nacional de  Titulación, una poderosa herramienta contra la informalidad y la pobreza

Con más de  128 mil títulos de propiedad entregados y otros 134 mil en proceso de emisión, para un total de 259 mil en poco más de 4 años,   el presidente Luis Abinader ha consolidado una de las políticas públicas de mayor  impacto social que se hayan  conocido en la República Dominicana y en toda  América Latina.

El Plan Nacional de Titulación, coordinado por  La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT),  está cambiando la vida de cientos de miles de familias,  al ofrecer  a los nuevos propietarios la seguridad jurídica para evitar desalojos, mejorar el valor de sus inmuebles,  facilitar el acceso a crédito para emprender negocios o reconstruir  sus viviendas,  y  tener  el derecho a traspasar las propiedades a los descendientes.

La iniciativa también crea las  condiciones para que  el Gobierno Nacional y los gobiernos locales puedan invertir en  obras de infraestructura y de servicios para mejorar la vida de las comunidades, reduciendo los niveles de informalidad y arrabalización que históricamente han caracterizado el desarrollo urbano y suburbano en las principales  ciudades del país.

Como en los grandes temas   de políticas públicas abordados en la actual administración, el Plan Nacional de Titulación se gestiona como  un gabinete sectorial liderado por el presidente Abinader e integrado por todas las instituciones involucradas  en el proceso:  la UTECT bajo la rectoría del Ministerio de la Presidencia;  el Ministerio de Viviendas, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, el  Instituto Agrario Dominicano, la Dirección General del Catastro Nacional y la Jurisdicción Inmobiliaria,  apoyada por las nuevas políticas de Cero Burocracia .

Superando la informalidad urbana

Este programa está  transformando la geografía social dominicana y sentando las bases para superar los factores sociales y estructurales   que han colocado a la República Dominicana entre los países de América Latina con mayores niveles de informalidad urbana, donde  según datos publicados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobresalen ciudades como Santo Domingo, La Paz, Guayaquil y Lima.

Recientemente el director de la Unidad de Titulación de Terrenos del Estado, Duarte Méndez Peña,  confirmó que desde lanzamiento del programa en el último trimestre  del 2020, hasta finales  del pasado mes de junio se habían  entregado de manera gratuita más de 128 mil títulos, mientras se avanzaba en la emisión de 134 mil certificados de propiedad,  lo que arroja un total de 259 mil títulos. Esta cantidad supera con creces los títulos emitidos en ocho años, entre el 2012 y el 2020.

Informó que actualmente se están gestionando  títulos de propiedad para 15,507 familias residentes en los barrios del Norte del Distrito Nacional, ubicados a lo largo de la ribera del Ozama, entre los puentes Francisco del Rosario Sánchez y presidente Jacinto Peynado.

En el caso de la provincia Santo Domingo el Gobierno ha entregado 51 mil 448 títulos de propiedad,  lo que representa un importante paso de avance para enfrentar el crónico problema de la arrabalización urbana que arrastran las comunidades de la principal  región metropolitana del país.

Una vieja propuesta convertida en realidad

El Programa Nacional  de Titulación de Terrenos del Estado es la continuidad de un proyecto lanzado por el presidente Danilo Medina  en su  primer mandato,  pero la propuesta de Abinader es anterior a esa iniciativa,  tal como quedó registrado a durante un encuentro con productores  agropecuarios de la provincia Espaillat en su calidad de  candidato vicepresidencial del Partido Revolucionario Dominicano, a principios del 2012. (Ver también propuesta del Plan de Gobierno del PRD 2012-2016, Pag. 26).

Si bien es cierto que la derrota electoral del PRD  en el 2012 dejó en el aire esta propuesta, el joven economista y empresario no se cruzó de brazos. Apenas en febrero del 2013 Abinader anunció la puesta en marcha del Programa “Familia Feliz”, en el Distrito Municipal de Gonzalo, provincia Monte Plata, donde dispuso la reconstrucción de 42  viviendas de familias pobres e inició un plan piloto de titulación en beneficio de comunidades marginadas en distintos puntos del país.

He aquí una reseña periodística de la época: “Dada la importancia que representa esa propuesta para el desarrollo sostenible del país y para las familias  de menores ingresos, he decidido   trabajar, desde la oposición, en la formulación, promoción y aplicación del  programa, escogiendo una comunidad que reuniera los requisitos adecuados, en este caso el Distrito Municipal de Gonzalo, perteneciente al municipio de Sabana Grande Boyá, Provincia Monte Plata”.

“Si el gobierno central decide asumir el proyecto y extenderlo de manera sistemática a todo el  territorio nacional, nosotros seremos  los primeros en respaldar esa decisión y sumarnos a las iniciativas que se adopten  en  este sentido”, manifestó el licenciado Abinader, de acuerdo con la citada información periodística.

Y también en  Barreras, de Azua. El proyecto piloto iniciado en Gonzalo de Monte Plata no se detuvo. En agosto del 2014 el licenciado Luis Abinader entregó 16  viviendas remodeladas como parte del programa “Familia Feliz”,  en beneficio de familias pobres residentes en el Distrito Municipal de  Barreras, provincia de Azua.

Al igual que el de Gonzalo, la  supervisión del proyecto Familia Feliz de Barreras  estuvo a  cargo del agrimensor Héctor Pérez Mirambeaux, Director Ejecutivo del Programa, y  el Ingeniero  Deligne Ascención, encargado de ingeniería.

Del título de propiedad al derecho a la vivienda.  El acceso a un techo propio no solo es un derecho  constitucional, sino también una de las aspiraciones más arraigadas de la sociedad  dominicana.

A través de los programas Dominicana se Reconstruye, Mi Vivienda y Familia Feliz, el Gobierno del presidente Abinader  canalizó en sus primeros  4  años, a pesar de la  crisis sanitaria y su impacto en los sectores productivos,  una inversión superior a los 29 mil  millones de pesos, favoreciendo a más de 303 mil  familias a través de nuevas viviendas y mejoras habitacionales. (Julio 2025)