Plan fiscal: ¿solo un uno por ciento para los más ricos?

Hace unos días fue presentado, por parte del equipo económico del gobierno, lo que se ha llamado Plan fiscal anticrisis, que busca recaudar entre 40 000 y 50 000 pesos, con un paquete de aumento de impuestos que apenas representa el 17,8 % del déficit fiscal del presente año, que es de 280 575,3 pesos. Esta medida, justificando que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está provocando aumento del precio de los derivados del petróleo, genera aumento del déficit del presupuesto público, como consecuencia del aumento del subsidio a los combustibles y la electricidad.

El argumento levantado para justificar el paquete de impuestos es que solo va a afectar al 1 % más rico de la población, al aumentar el impuesto sobre la renta de 27 % a 30 % sobre las grandes empresas y por el aumento a las transferencias electrónicas.

Pero si analizamos los componentes del paquete fiscal propuesto, aunque se utilizan subterfugios como que se eliminan, indexan y disminuyen impuestos y en otros casos algunos se aumentan.

Lo cierto es que, a partir de las propuestas, aunque se ponen algunos caramelos como la eliminación del 2 % de impuestos sobre las hipotecas, el 1 % sobre constitución de compañías, impuestos selectivos a los seguros de vida, impuestos a los fósforos y control de estampillas, se aplican aumentos a otros impuestos que no solo afectan al 1 % más rico, sino también a la población en general, como podemos observar a continuación.

Con el aumento del 0,15 % al 0,20 % no es cierto que solo son afectadas las empresas más grandes, en virtud de que existe una tendencia creciente de aumento de las transferencias de pequeñas empresas y particulares, lo que tendería a aumentar el costo de las transacciones y un retroceso en términos de la agilización de las transacciones de compraventa por la vía electrónica y la vuelta a la informalidad en el sistema de pagos; además tendría un efecto negativo en el crecimiento de la bancarización y, al aumentar el costo de las transacciones, esto lo terminarían pagando los consumidores que usan los bienes que se transan. Estamos hablando de que el 45 % de las transacciones y pagos a través de los bancos múltiples y asociaciones de ahorros y préstamos en la República Dominicana se realizan por vía online.

El aumento del 55 % al impuesto sobre cigarrillos electrónicos —los cuales, aunque ciertamente afectan la salud de quienes los consumen— recae sobre quienes los pagan, que no son el 1 % de la población, sino un segmento de la población de bajos ingresos que, aunque le aumenten el impuesto, no va a dejar de consumirlos, y eso le va a alterar su presupuesto para el consumo de bienes esenciales.

El aumento de 10 dólares a los dominicanos residentes en el exterior, que ya se había estado aplicando y que de por sí se había establecido que era un cobro ilegal, implica que este paquete fiscal está planteando, en ese sentido, una medida que cae en la ilegalidad.

Aunque en principio se plantea en el plan fiscal modificar el anticipo a las pequeñas empresas, lo que se ha hecho es que, en vez de pagarse mensual, como estaba establecido, se ha propuesto que se pague en cuotas trimestrales, lo que no representa un beneficio para el contribuyente, pues le sería más deficitario hacerlo en esta modalidad que mensual.

Aunque el gobierno debe tomar acciones de política económica para enfrentar crisis, la primera que debe enfrentar es interna, tomando medidas que permitan reducir el déficit público de forma real, pues las medidas que se están planteando en el propuesto paquete fiscal no impactan de forma significativa en la reducción del déficit en el presupuesto público y no son más que un paliativo cuyas medidas, aunque se quiera ocultar, afectan a la mayoría de la población.

Para que la población crea en las medidas que plantea el gobierno para enfrentar crisis interna o externa, se debe generar confianza a través de enfrentar la evasión y elusión fiscal de forma real e invertir los recursos que se recaudan, o que se toman a título de préstamos extranjeros, para financiar obras prioritarias; y que la gestión del gobierno pare el derroche en pensiones y botellas injustificadas, que son un componente importante en el déficit fiscal y que a la vez generan desconfianza por parte de la población en el gobierno.