Paneles solares: cuando la burocracia frena la energía que el país necesita

Al dificultar iniciativas para que hogares y empresas produzcan parte o toda la electricidad que consumen, República Dominicana está perdiendo una gran oportunidad que combina ahorro para los consumidores, reducción de la presión sobre las empresas distribuidoras y mayor participación de las energías renovables en la matriz eléctrica. Esa oportunidad actualmente está frenada por la burocracia y las deficiencias de las redes, inconvenientes que desalientan a quienes deciden invertir en generación solar.

El problema no es hipotético. Un usuario que ha cumplido con la permisología requerida y pagado la instalación de su sistema fotovoltaico nos informó que lleva seis meses esperando que Edesur le coloque el medidor bidireccional que permita comenzar a producir e inyectar electricidad a la red. Ese equipo es indispensable para registrar tanto la energía que consume como la que entrega al sistema.

El caso resulta particularmente contradictorio porque el país hace poco adoptó nuevas reglas precisamente para agilizar este proceso. La Superintendencia de Electricidad (SIE), mediante la Resolución SIE-007-2026-REG, estableció que las solicitudes de generación distribuida deberán resolverse en un máximo de 45 días y que, si la distribuidora no responde dentro de ese plazo, la solicitud queda aprobada automáticamente. También dispuso que el medidor bidireccional sea instalado sin costo por la distribuidora.

Está claro, entonces, que existe una evidente brecha entre la norma y su aplicación práctica cuando un ciudadano con su instalación terminada permanece seis meses esperando un contador. No basta con modificar los reglamentos; hay que garantizar que las empresas distribuidoras dispongan de los recursos, procedimientos y controles necesarios para cumplirlos.

La propia Comisión Nacional de Energía reconoce la importancia estratégica de la generación distribuida. Su Programa de Medición Neta permite a clientes con sistemas renovables interconectados vender o acreditar sus excedentes de energía, mientras que la planificación energética nacional ya incorpora el crecimiento de esta modalidad.

El segundo problema señalado por los usuarios es todavía más básico: la calidad de las redes. Hay sectores donde, según denuncias, permanecen durante años tramos de distribución sin el conductor de puesta a tierra correspondiente. Una infraestructura incompleta o deteriorada puede contribuir a problemas de calidad del suministro y elevar el riesgo de daños en equipos eléctricos.

Las soluciones requieren pasar del discurso a la gestión. Las distribuidoras deberían establecer un plazo obligatorio y verificable para instalar los medidores bidireccionales, con un sistema digital mediante el cual el usuario pueda conocer quién tiene su expediente, qué falta y cuándo será atendido.

Asimismo, la Superintendencia de Electricidad debe fiscalizar el cumplimiento de los 45 días establecidos por el nuevo reglamento y publicar periódicamente indicadores de desempeño por distribuidora: solicitudes recibidas, aprobadas, pendientes, medidores instalados y tiempo promedio de conexión.

También debe ejecutarse un programa nacional de rehabilitación de redes, con prioridad en los circuitos donde existan problemas documentados de voltaje, interrupciones, conexiones deficientes o ausencia de elementos esenciales de seguridad.

E, igualmente, el Gobierno debe entender que cada panel solar instalado por un ciudadano o una empresa no constituye un problema para el sistema, sino una inversión privada que contribuye a diversificar la oferta eléctrica.

Si el país quiere aumentar la participación renovable —la CNE proyecta que llegue aproximadamente al 30 % de la matriz en 2030— se debe facilitar que quienes están dispuestos a invertir puedan hacerlo.

La transición energética no se construye únicamente con grandes parques solares. También se puede construir en los techos de las viviendas y empresas. Pero para que esa revolución ocurra, el Estado debe garantizar que después de pagar los paneles, obtener los permisos y cumplir las normas, el ciudadano no tenga que esperar más de seis meses para que le permitan encenderlos.