Otro golpe al campo dominicano

La reciente advertencia de la Superintendencia de Seguros sobre la posible liquidación de la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa) por insolvencia no es un hecho menor. Se trata de una señal grave del deterioro institucional y financiero del Estado, y del desprecio con que este gobierno maneja áreas esenciales para la producción nacional. Según la auditoría de la Superintendencia, Agrodosa opera con déficit y sin los márgenes de solvencia mínimos requeridos por la Ley 146-02. En otras palabras, la empresa estatal creada para asegurar a los productores agrícolas ya no puede responder ante sus clientes, y enfrenta un inminente riesgo de cierre.

El origen del problema es escandaloso: el propio Estado es el principal deudor de Agrodosa. Al cierre de 2024, la deuda acumulada del gobierno —a través del Ministerio de Agricultura y de la Dirección General de Riesgos Agropecuarios (Digera)— ascendía a casi RD$900 millones, suficientes para eliminar el déficit. Este incumplimiento viola la Ley 157-09 de Seguros Agropecuarios, que obliga al Estado a aportar el subsidio correspondiente para las primas de seguros de los productores. Pero lejos de cumplirlo, el gobierno ha preferido malgastar recursos en gastos clientelares, nóminas paralelas y propaganda, mientras abandona el seguro agropecuario, instrumento vital para la estabilidad del campo.

De materializarse la liquidación de Agrodosa, miles de productores quedarían sin protección frente a huracanes, sequías o plagas. Eso significaría no solo pérdidas económicas para el sector agropecuario, sino también un golpe directo a la seguridad alimentaria del país, en un contexto de cambio climático y encarecimiento global de los alimentos. Además, muchos productores quedarían fuera del sistema financiero, pues la póliza de Agrodosa es requisito para acceder a créditos agrícolas.

Este episodio es otra muestra del modelo populista y clientelar de gasto público que caracteriza al actual gobierno: se privilegia la inmediatez del asistencialismo y la compra de conciencia, mientras se descuidan las políticas estructurales que garantizan desarrollo sostenible. Agrodosa debería ser vista como una inversión en resiliencia y productividad. En cambio, ha sido víctima del abandono, la improvisación y la desidia.

Lo que debe hacerse:

1. Auditar públicamente los fondos destinados al subsidio de seguros agropecuarios y esclarecer el uso de los recursos.

2. Dotar a la Digera de presupuesto propio y suficiente, evitando el uso cruzado de fondos que desnaturaliza su función.

3. Recapitalizar de urgencia a Agrodosa, asegurando su solvencia técnica.

4. Despolitizar su dirección, garantizando que cumpla su rol técnico y no clientelar.

Mientras el gobierno derrocha en programas propagandísticos, abandona a los productores y pone en riesgo el sistema de protección del campo dominicano. El colapso de Agrodosa sería una tragedia anunciada, resultado de una visión que prefiere gastar para ganar popularidad antes que invertir para construir futuro. Porque el verdadero desarrollo no se logra repartiendo bonos, sino garantizando instituciones que funcionen, que protejan y que siembren confianza.