Mucho discurso, poco crecimiento real

Por décadas, la rendición de cuentas presidencial ha sido uno de los momentos más relevantes del calendario político dominicano. No solo porque permite evaluar la gestión gubernamental, sino porque ofrece una radiografía del rumbo económico, social e institucional del país.

El reciente discurso del presidente —uno de los más extensos de la historia reciente— no fue la excepción. A lo largo de sus páginas se presentaron múltiples indicadores, una extensa enumeración de obras públicas y una narrativa orientada a proyectar estabilidad, avances sociales y perspectivas optimistas hacia el futuro.

Sin embargo, más allá del volumen de información y de la retórica gubernamental, un análisis estructural del contenido revela una paradoja central que no puede ser ignorada: la economía dominicana continúa mostrando resiliencia, pero sus principales motores de crecimiento no han sido impulsados por la política económica interna, sino por factores externos que escapan al control del gobierno.

El propio discurso reconoce que el crecimiento económico del año 2025 fue de apenas 2.1 %, una cifra que, lejos de reflejar un dinamismo robusto, se sitúa prácticamente en el promedio regional y por debajo de los niveles necesarios para sostener una transformación estructural.

Más revelador aún es el origen de ese crecimiento. Los sectores que mostraron mayor expansión fueron precisamente aquellos más vinculados a dinámicas internacionales. La inversión extranjera directa alcanzó niveles récord, impulsada por procesos globales como el nearshoring y la relocalización de cadenas productivas. Las remesas familiares continuaron aumentando, reflejo de la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Las exportaciones crecieron significativamente, en gran medida por el incremento del precio internacional del oro. El turismo, aunque desacelerado, mantuvo su expansión como consecuencia de la recuperación global posterior a la pandemia.

En contraste, los motores internos tradicionales de la economía dominicana mostraron señales preocupantes. La construcción —históricamente uno de los principales impulsores del crecimiento— registró un desempeño negativo. La inversión pública, medida en términos reales y como proporción del presupuesto nacional, se mantuvo en niveles históricamente bajos. La productividad interna continúa limitada por deficiencias estructurales en educación, infraestructura y energía.

La conclusión es inevitable: en 2025 la economía dominicana creció fundamentalmente por el empuje de factores externos y no por la fortaleza de su política económica interna.

Otro de los pilares del discurso fue la afirmación de mejoras sustanciales en el empleo y en los ingresos de los trabajadores. Sin embargo, un análisis más riguroso muestra una realidad más compleja. Si bien los salarios nominales han experimentado incrementos, la inflación promedio anual ha sido significativamente superior al crecimiento real de los ingresos, especialmente en los rubros que más afectan a los hogares de menores ingresos, como los alimentos y las bebidas no alcohólicas.

Esto explica una percepción social ampliamente compartida: aunque los indicadores macroeconómicos sugieren estabilidad, una parte importante de la población no experimenta una mejora tangible en su calidad de vida.

El discurso dedicó una porción considerable a enumerar cientos de obras ejecutadas en todo el territorio nacional. No obstante, este inventario requiere una contextualización esencial. Una parte significativa de estas infraestructuras fue planificada, licitada o iniciada en administraciones anteriores, mientras otras permanecen en proceso de ejecución o enfrentan retrasos. Más importante aún, el volumen de obras listadas no necesariamente refleja un aumento sostenido de la inversión pública estratégica.

De hecho, cuando se ajustan los datos por inflación y se analizan en términos porcentuales del presupuesto nacional, la inversión pública actual se encuentra entre las más bajas de las últimas décadas.

Esta realidad ayuda a explicar una de las contradicciones más evidentes del panorama nacional: aunque se han ampliado infraestructuras en áreas como salud, educación y vivienda, la demanda de servicios públicos continúa creciendo a un ritmo mucho mayor, evidenciando una brecha estructural entre la expansión del Estado y las necesidades reales de la población.

El discurso también destacó avances en la reducción de los niveles de pobreza y en la ampliación de los programas de protección social. Sin embargo, este fenómeno abre un debate fundamental sobre el tipo de modelo económico que el país está consolidando.

Una proporción importante de la reducción de la pobreza ha estado asociada al aumento de transferencias monetarias y subsidios focalizados. Estas políticas son necesarias para proteger a los sectores vulnerables, pero su predominio como principal herramienta de política social plantea interrogantes sobre su sostenibilidad y sobre su capacidad para generar movilidad económica real.

La verdadera reducción estructural de la pobreza no depende únicamente de transferencias, sino del fortalecimiento del empleo formal, del aumento sostenido de la productividad y de la expansión del capital humano.

En este contexto, la iniciativa Meta RD 2036, presentada como plataforma para duplicar el tamaño de la economía dominicana en la próxima década, debe analizarse con responsabilidad estratégica. El país ya cuenta con un marco rector consensuado en la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, fruto del acuerdo de las principales fuerzas políticas, sociales y económicas.

La República Dominicana no necesita redefinir su rumbo estratégico. Ese rumbo ya fue consensuado y está claramente establecido. Lo que el país necesita es continuidad, coherencia y disciplina en la aplicación de su Estrategia Nacional de Desarrollo.

Porque el verdadero desarrollo no se mide únicamente por la tasa de crecimiento económico, ni por la cantidad de obras ejecutadas, ni por la expansión del gasto social. Se mide por la capacidad de una nación para construir bases institucionales, productivas y humanas que permitan sostener ese crecimiento en el tiempo.

Y esa capacidad solo puede garantizarse cuando las políticas públicas dejan de responder a la coyuntura y vuelven a estar guiadas por una visión de Estado.

Un aspecto adicional que ha generado amplio debate en torno al discurso presidencial es el uso de comparaciones estadísticas con distintos años de referencia según el indicador analizado. En algunos casos, los resultados fueron contrastados con el año 2019, en otros con el 2020 —marcado por el impacto extraordinario de la pandemia— y en otros con el 2021, dependiendo del efecto que estas bases de comparación produjeran en la percepción de los resultados.

Este uso selectivo de líneas base no es un detalle menor desde el punto de vista técnico. Las comparaciones estadísticas constituyen uno de los principales instrumentos para evaluar el desempeño económico y social de un gobierno, y su consistencia metodológica es esencial para garantizar la transparencia en la rendición de cuentas.

Cuando se utilizan referencias temporales distintas según convenga a cada indicador, se corre el riesgo de construir una narrativa que resalte avances coyunturales mientras oculta tendencias estructurales menos favorables.

Este fenómeno se observa con claridad en variables clave como la deuda pública, el crecimiento económico, los programas sociales y la inversión pública, donde el contraste con el año inmediatamente anterior —que es el estándar en análisis fiscal y económico— habría ofrecido una lectura distinta del desempeño reciente.

Más allá del debate político, este aspecto revela una realidad más profunda: la brecha creciente entre la estabilidad macroeconómica que reflejan los indicadores agregados y la percepción cotidiana de los ciudadanos, marcada por el aumento del costo de la vida, la presión sobre el poder adquisitivo y las limitaciones persistentes en la calidad de los servicios públicos.