Monitoreo preventivo y sistema de alertas: una nueva etapa en las contrataciones públicas

La entrada en vigor de la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas y su Reglamento de aplicación general, aprobado mediante el Decreto núm. 52-26, consolida un cambio de paradigma en la gestión de las compras públicas en la República Dominicana.

El nuevo marco normativo fortalece las capacidades de prevención, monitoreo y control de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), con el propósito de identificar riesgos tempranamente, promover el cumplimiento normativo y proteger los recursos públicos.
Durante años, los sistemas de control se concentraron principalmente en detectar irregularidades una vez ocurridas. La nueva legislación, en cambio, apuesta por una supervisión preventiva, basada en el análisis continuo de los procedimientos de contratación y en la utilización de herramientas tecnológicas que permitan advertir oportunamente posibles desviaciones antes de que produzcan efectos perjudiciales para el interés público.
La Ley 47-25 dedica un capítulo específico a la prevención y monitoreo de los procedimientos de contratación pública. En particular, los artículos relativos a la prevención, monitoreo y potestades de control de la DGCP fortalecen las facultades del órgano rector para supervisar los procesos de contratación, verificar el cumplimiento de la normativa y adoptar las medidas necesarias para preservar los principios de transparencia, eficiencia, libre competencia, igualdad y rendición de cuentas.
En este contexto, la DGCP impulsa un modelo de monitoreo preventivo sustentado en el Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR), una plataforma digital que automatiza la vigilancia y el monitoreo de los procesos de contratación registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), contrastando la información con un catálogo de 34 alertas predefinidas. Al detectar un riesgo, el sistema genera notificaciones automáticas que permiten al órgano rector reaccionar de inmediato.
Estas alertas pueden activarse ante indicadores específicos, como, por ejemplo, procesos con reducida concurrencia de oferentes, posibles restricciones injustificadas a la competencia, incumplimientos de plazos legales, fraccionamiento de contrataciones, inconsistencias en la planificación o patrones atípicos que ameriten una revisión más profunda. El objetivo no es sancionar de manera automática, sino advertir oportunamente a las instituciones contratantes para corregir desviaciones y fortalecer la legalidad de sus actuaciones.
El análisis de datos, la trazabilidad de las actuaciones administrativas y la automatización de controles permiten generar alertas tempranas sobre situaciones que podrían representar riesgos para la integridad de los procedimientos. Desde el 2021, el sistema ha analizado más de 360,000 procedimientos de contratación, de los cuales apenas 54 mil generaron observaciones o alertas que requirieron revisión, corrección o acciones de control.
El Reglamento de Aplicación núm. 52-26 desarrolla estas disposiciones y reafirma el papel de la DGCP como órgano rector del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, con competencias para ejercer funciones de monitoreo, supervisión y control, apoyadas en herramientas tecnológicas y mecanismos de gestión de riesgos. Asimismo, el reglamento complementa las disposiciones legales destinadas a garantizar una contratación pública más eficiente, transparente y orientada a resultados.
La implementación de sistemas de alertas tempranas y monitoreo preventivo refleja una visión moderna de gobernanza pública. En lugar de limitarse a corregir errores o perseguir incumplimientos una vez consumados, el Estado procura anticiparse a los riesgos, promover buenas prácticas y garantizar que cada peso invertido en bienes, servicios y obras públicas genere el mayor valor posible para la ciudadanía.

En resumen, la República Dominicana ha fortalecido significativamente su marco institucional de contrataciones públicas, dotando a la DGCP de herramientas más robustas para prevenir irregularidades, elevar la confianza en la gestión pública y consolidar una cultura de integridad basada en la transparencia, la competencia y la rendición de cuentas.