Mipymes y contrataciones públicas

Desde hace algunas décadas se constituyó en una demanda creciente que el gobierno no solo les compre a las grandes empresas, que se pasara a la adquisición de bienes y servicios que requieren las entidades públicas mipymes, para realizar su labor de servicio a la población.

Desde el surgimiento de Promipyme como un mecanismo de financiamiento para las micro y pequeñas empresas, durante el primer periodo de gobierno de Leonel Fernández (1996-2000), se abrió la posibilidad de que estas pudieran acceder, a partir de fortalecer su capacidad productiva, a ser proveedores del Estado.

Esta idea de que las pequeñas empresas pudieran acceder como proveedores del Estado particularmente comenzó a hacerse realidad en el sistema de educación pública, sobre todo por la nueva demanda que se había creado para abastecer de calzados escolares, mochilas y alimentos para el desayuno y almuerzo escolar. Así se creó el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), que, aunque se creó formalmente a partir de la Ley 66-97 de abril del año 1997, fue mediante el Decreto número 645-12 que se puso en funcionamiento a partir de noviembre del año 2012, que estableció el Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación, a través del INABIE, comenzó a comprar a las micro y pequeñas empresas útiles escolares y alimentos, sobre todo aquellas organizadas en asociaciones, en el año 2013, lo que contribuyó a que estas empresas se dinamizaran, sobre todo por el mayor y mejor equipamiento de los talleres, así como el aumento del empleo en ese sector.

No obstante, al dinamismo que se creó, un elemento que torpedeó este bienintencionado programa de compra del INABIE a los pequeños productores fue la distorsión que se creó por el hecho de que grandes empresas de productos que demandaba el Ministerio de Educación para ser destinados a los estudiantes comenzaron a registrar tanto en la ONAPI y registrándolas como proveedoras del Estado como mipymes, así como obteniendo la certificación oficial de Mipymes a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Esta situación, que además de atrasos a los pagos a los pequeños empresarios, que contaban con poco capital para aguantar la deuda y además seguir produciendo para cumplir con los pedidos que cada año requería el INABIE; además de las comisiones que para gestionar que se le agilizaran los pagos cobraban funcionarios corruptos, complicaba aún más la situación financiera de las mipymes, lo que por demás reñía con los mandatos del reglamento de ética pública.

Recientemente se emitió la Ley 47-25 y su reglamento, que establece que se lleve la reserva del presupuesto del Estado de un 20 % a 30 % destinado a las compras a empresas mipymes y, según lo dicho por el presidente Luis Abinader, endurece el régimen de consecuencias para prevenir y castigar la corrupción en las compras públicas y que busca impulsar una administración pública más transparente, eficiente y responsable frente a la ciudadanía. Señalando que «esta reforma no busca obstaculizar la gestión pública. Busca fortalecerla. No busca paralizar al Estado. Busca hacerlo más eficiente, más previsible y más confiable».

Pero resulta que, a pesar de esta retórica, la corrupción en el gobierno es indetenible:

Recientemente, en la actual gestión de gobierno, se desató un escándalo en el INABIE principalmente por irregularidades en licitaciones del almuerzo escolar, mochilas y uniformes, incluyendo adjudicaciones viciadas, tráfico de influencias y empresas fantasmas.

En agosto del año 2025 salió a la luz pública un escándalo de malversación de fondos en los departamentos de seguridad y el área financiera del Ministerio de Agricultura.

Pero lo que le ha puesto la tapa al pomo ha sido el más sonado, por inverosímil, caso de corrupción en el Senasa, que se constituye en una estafa a los afiliados de este programa y al mismo Estado por más de RD$15 000 millones mal contados.

Estos son los casos más sonados, pero existe una lista larga de actos de corrupción que deben ser enfrentados, que por razones de espacio no describimos en esta entrega.

Aunque siempre apostaremos, así como la mayoría de la población, a que se creen y se apliquen mecanismos para prevenir y sancionar los actos de corrupción en el gobierno, existe un nivel de desconfianza que solo se cambia con acciones concretas y continuas, que además de prevenir los actos de corrupción, castiguen de forma ejemplar a los que se roban recursos del erario público.

De forma particular, que se maneje con transparencia las compras que se realizan a las mipymes, las cuales generan más del 61 % del empleo en nuestro país.