Minería: Romero y la oportunidad de sembrar minería (y 3)

Recordemos el Proyecto Romero, en San Juan, que en su momento adquirió notoriedad principalmente por la movilización de grupos fundamentalistas antimineros, entendiendo por tales aquellos que rechazan prácticamente cualquier explotación minera y se resisten a reconocer que esta actividad, adecuadamente regulada y fiscalizada, pueda generar beneficios económicos y sociales para el país. Debemos reconocer, sin embargo, que entre ellos también encontramos ciudadanos comunes, especialistas ambientales e intelectuales movidos por las mejores intenciones.

Desde nuestro punto de vista, Romero constituye uno de los ejemplos más ilustrativos de las contradicciones que acompañan las grandes decisiones mineras y, al mismo tiempo, de cuán provechosas pueden ser las oportunidades para un país cuando el Estado dispone del conocimiento técnico, la independencia y la determinación necesarios para negociar defendiendo los intereses del propietario originario de los recursos.

Recordemos, porque la realidad es que pronto olvidamos. Durante las negociaciones desarrolladas con GoldQuest, bajo la conducción del entonces ministro Antonio Isa Conde, se alcanzaron condiciones económicas excepcionales para el Estado, demostrando que defender con firmeza el interés nacional no necesariamente espanta al inversionista ni convierte en económicamente inviable un proyecto.

 La garantía de participación estatal alcanzaba el 40 % de la renta generada y, al incorporar el impuesto sobre la renta y otros componentes acordados, la participación estatal extendida podía superar el 50 %, agregándose alrededor de US$52 millones por encima del tope establecido en la legislación vigente.

Frente a semejante énfasis económico, los sectores opuestos al proyecto podían plantearnos una pregunta perfectamente legítima: ¿acaso Romero era para nosotros exclusivamente una cuestión de dinero?

 Naturalmente que no. La ubicación del yacimiento, las preocupaciones alrededor del agua y el extraordinario peso de la agricultura en la economía de San Juan obligaban a determinar rigurosamente si una eventual explotación podía desarrollarse dentro de márgenes ambientalmente aceptables. Por eso sostuvimos entonces que ni los beneficios económicos podían alucinarnos ni las preocupaciones ambientales conducirnos a prescindir de los estudios científicos necesarios para determinar la viabilidad o inviabilidad del proyecto.

Por lo demás, las condiciones negociadas tampoco se limitaron al aspecto económico. Se estableció el compromiso de desarrollar minería subterránea, de impactos ambientales considerablemente menores y más controlables; se prohibía utilizar determinados elementos contaminantes y las aguas subterráneas y fluviales; y, aun contando con la aprobación del Poder Ejecutivo, la explotación no podría comenzar sin obtener previamente la correspondiente licencia ambiental.

Romero demostraba así que entre la entrega complaciente de nuestros recursos y la oposición automática a cualquier proyecto minero existe un amplio territorio donde debe actuar un Estado técnicamente competente, ambientalmente responsable y claramente independiente de los intereses en conflicto. Esa era la visión del doctor Isa Conde y del equipo que entonces le acompañaba en la construcción de los fundamentos de políticas cuya formulación y conducción correspondían, por mandato legal, al Ministerio de Energía y Minas.

Existe, sin embargo, otra enseñanza mucho más incómoda. Es casi de sentido común que decidir dentro del sistema gubernamental tiene costos políticos, mientras aplazar una decisión permite transferirlos hacia quien gobierne después. Eso fue exactamente lo ocurrido alrededor de Romero y, en cierta medida, también con la reforma minera. En las cercanías de 2020, la conducción política pareció intuir que autorizar el estudio ambiental exigido podía traducirse en alguna pérdida de votos y prefirió no asumirla. En cuanto a la reforma, nadie necesitó declarar que el país no requería una nueva legislación; bastó dejar transcurrir los años hasta que desapareciera el impulso técnico e institucional que la sostenía.

Hoy arribamos nuevamente al punto de partida, escuchando hablar de modernización, sostenibilidad, comunidades, transparencia, seguridad jurídica y fortalecimiento institucional como si navegáramos por cauces desconocidos. Pero todos esos conceptos formaban ya parte del debate desarrollado años atrás. La pregunta continúa sin respuesta: ¿qué ocurrió con todo lo que el Estado dominicano había aprendido?

La continuidad institucional no significa aprobar automáticamente cuanto hicieron administraciones anteriores ni convertir sus iniciativas en reliquias intocables. Significa aprovechar el conocimiento acumulado, corregir lo equivocado y evitar que cada nuevo gobierno vuelva a pagar para descubrir aproximadamente lo mismo.

Durante el período de transición dejamos un documento de 98 páginas que resumía logros, desafíos, alcances y complejidades de lo realizado, sin banderías políticas ni pretensiones de apropiación partidaria, atendiendo al interés nacional, a la experiencia global acumulada y al conocimiento técnico y experiencia de Estado del equipo interviniente.

Es bueno recordar que durante aquellos años defendimos también la necesidad de “sembrar minería”, procurando transformar una parte de la riqueza agotable del subsuelo en infraestructura, educación, agua, conocimiento, tecnología y capacidades productivas permanentes, propósito concretado en el anteproyecto de Ley del Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera. Sostuvimos —y seguimos sosteniendo— que extraer minerales para consumir íntegramente sus beneficios presentes puede mejorar determinadas cuentas fiscales, pero significa también cambiar patrimonio por gasto y dejar a quienes vengan después un subsuelo empobrecido sin haber construido riqueza equivalente sobre la superficie.

¿Cuáles son los intereses que nos impiden recuperar el anteproyecto anterior, sus aciertos y deficiencias? ¿Por qué no partir de la experiencia acumulada, incorporar las propuestas de Camipe, comunidades, universidades, ambientalistas, trabajadores y especialistas, examinar las nuevas realidades de la minería y construir desde allí una legislación mejor? Corresponde al Ministerio responder estas preguntas, no a nosotros.

Independientemente de las respuestas, la nueva Ley Minera debe permitirnos no solamente administrar responsablemente la riqueza del subsuelo, sino comenzar a superar esa vieja enfermedad institucional que nos obliga a gastar demasiado tiempo, dinero y talento en la fatigosa y costosa tarea de volver sobre lo mismo.