Minería: la historia de las políticas es volver sobre lo mismo (2)

“Un Estado sin los medios para algún cambio carece de los medios para su conservación”. —Edmund Burke.

En la entrega anterior recordamos que el anuncio de una nueva Ley Minera, partiendo de una especie de anteproyecto presentado por Camipe, no encuentra al Estado dominicano con las manos vacías ni frente a una legislación cuya obsolescencia haya sido descubierta recientemente. Existe un rico antecedente de estudios, consultas, comparaciones internacionales y sucesivas versiones de un anteproyecto que, después de consumir años de trabajo y apreciable talento técnico, terminó olvidado en algún despacho del Poder Ejecutivo.

No resulta extraño que así ocurriera, porque en esa instancia decisiva del entramado democrático reposan también otras tantas valiosas iniciativas públicas que alguna vez fueron anunciadas como urgentes y necesarias, pero que terminaron sucumbiendo ante la inercia, la presión de intereses económicos, el cálculo político o la simple pero altamente nociva falta de continuidad del Estado.

Es lamentable que la historia de muchas de nuestras políticas públicas termine siempre desembocando en ese costoso y poco ejemplarizante capítulo de “volver sobre lo mismo”. Pero así realmente sucede porque una administración identifica un problema, estudia experiencias internacionales, contrata especialistas, consulta sectores, organiza interminables jornadas de trabajo, hace el esfuerzo por socializar y obtener una visión socialmente más diversa y equilibrada,  y finalmente produce una propuesta; cambian posteriormente las autoridades y, en lugar de examinar cuánto de aquel esfuerzo merece continuidad, comienza otro proceso que vuelve a estudiar, consultar y diagnosticar para terminar descubriendo, muchas veces, aproximada o exactamente lo mismo.

Recuerdo que en una ocasión el exministro Antonio Isa Conde me dijo más o menos lo siguiente: “Julio, una de las desgracias del Estado dominicano es que muchas de estas cosas que hoy estamos explicando sobre los aspectos positivos y negativos de la minería fueron planteadas hace mucho tiempo, quizás incluso con una rigurosidad técnica que nosotros no logremos alcanzar ahora”. Su larga y productiva experiencia en el Estado no podía engañarlo.

Mal haríamos en suponer que estamos presentando el anteproyecto trabajado entre 2017 y 2019 como una obra perfecta o atribuyendo su frustración exclusivamente al gobierno que sucedió al anterior. Nada más lejos de nuestra intención, porque su accidentado recorrido comenzó antes y alrededor de una legislación minera convergen poderosos intereses económicos, legítimas preocupaciones ambientales, expectativas comunitarias, necesidades fiscales y posiciones políticas capaces de convertir cualquier decisión trascendente en un terreno donde la voluntad gubernamental debe demostrar que realmente existe y funciona según la Constitución que le rige.

En todo caso, si alguna característica distinguió buena parte de las decisiones adoptadas durante las dos administraciones de Danilo Medina fue un cálculo político excesivamente condicionado por la coyuntura, el clientelismo y la muy acentuada preocupación por asegurar la continuidad de su partido en la conducción del Estado, una lógica que difícilmente favorecía reformas llamadas a enfrentar intereses poderosos y asumir costos políticos inmediatos.

Nuestro estudio de 2021 sobre aquellos anteproyectos identificó entre los obstáculos precisamente la falta de voluntad política para conducir la reforma hasta su aprobación, acompañada por las resistencias naturales de sectores interesados en conservar determinadas ventajas del régimen existente. Nada extraordinario hay en esto último, porque en todas partes las empresas defienden legítimamente sus intereses, como las comunidades y organizaciones ambientales defienden los suyos. Lo verdaderamente preocupante comienza cuando la capacidad de presión de cualquiera de esos actores se impone a la voluntad o determinación del Estado para arbitrar intereses contrapuestos y decidir conforme a una visión nacional.

No olvidemos que el anteproyecto modificaba cuestiones sensibles, entre ellas la duración y naturaleza de las concesiones, el fortalecimiento de las obligaciones ambientales, una participación más justa del Estado en la renta minera, mecanismos para captar parte de los beneficios extraordinarios derivados de coyunturas excepcionalmente favorables y una mayor participación de las comunidades, entre otros elementos relevantes.

Conociendo el mundo de la politiquería dominicana y la funcionalidad de un sector empresarial de visión predominantemente inmediatista y rentista, ¿pudo acaso una reforma de semejante naturaleza atravesar tranquilamente un escenario poblado por actores acostumbrados durante décadas a colocar sus conveniencias por delante de cualquier otra consideración, aun cuando ello implicara sacrificar una visión de largo plazo sobre el desarrollo del país que, entre nosotros, muchas veces solo ha existido fugazmente en los papeles?

Quizás allí encontremos una parte importante de las razones que paralizaron aquella reforma y expliquen por qué hoy volvemos a discutir muchos de sus mismos contenidos. Como hemos insistido en otros tantos artículos, el problema, entonces, no consiste únicamente en sustituir una ley promulgada en 1971, sino en construir un Estado suficientemente fuerte para sostener políticas de largo plazo cuando estas comienzan a rozar intereses capaces de resistirlas, boicotearlas, desfigurarlas en sus contenidos esenciales o, finalmente, paralizarlas.

En nuestro país parece cierto que redactar una buena ley resulta más fácil, aunque requiera conocimiento especializado y talento técnico, que conseguir que un anteproyecto de trascendencia social, económica y ambiental sobreviva a la politiquería, los intereses particulares y los cambios de gobierno. Para lo primero contamos sobradamente con capacidades nacionales y casi nunca existe necesidad real de contratar expertos extranjeros; lo segundo depende enteramente de nosotros mismos, porque remite a un grave déficit histórico: la ausencia de una voluntad de Estado firme, inquebrantable e insobornable, capaz de sostener en el tiempo aquellas políticas cuya importancia excede los intereses coyunturales de cualquier gobierno.