Mercantilización y desposesión hídrica en la República Dominicana

El análisis de los recursos hídricos en la República Dominicana desde las categorías de la sociología económica crítica devela que la crisis actual no responde a un colapso biofísico de disponibilidad absoluta, sino a un proceso histórico de estructuración asimétrica del territorio hidrosocial (MEPyD, 2021). Aunque los balances oficiales del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) y del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) registran una disponibilidad renovable teórica de veinticinco mil millones de metros cúbicos anuales (MEPyD, 2021; INDRHI, 2021), la distribución del agua está mediada por relaciones de poder y prioridades de acumulación que subordinan el derecho humano al acceso a la dinámica del mercado (MEPyD, 2021). Las dinámicas de acumulación por desposesión se manifiestan en la transferencia sistemática de caudales hacia enclaves turísticos, desarrollo inmobiliario privado y agronegocio de exportación, relegando a las poblaciones periurbanas y rurales a esquemas de abastecimiento precario donde menos del setenta por ciento de los residentes en las regiones Central, Oriental y Nororiental dispone de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, mientras la cobertura nacional de alcantarillado apenas alcanza un veintiuno por ciento (MEPyD, 2021).

La base material de este despojo institucionalizado radica en la descapitalización deliberada del aparato estatal y el fenómeno del agua no contabilizada. Investigaciones de la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ADIS) y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) evidencian que entre el cincuenta y cinco y el setenta y uno por ciento del agua potable tratada en los acueductos urbanos se pierde antes de llegar a los usuarios por deterioro de la red y fallas de gestión comercial (ADIS; AIDIS, 2024). Desde la perspectiva de la sociología económica, la incapacidad estatal para reducir estas pérdidas no es una mera deficiencia técnica, sino una forma de fetichismo de la infraestructura que degrada el servicio público para legitimar la emergencia de mercados informales sustitutivos (ADIS, 2024). En las periferias urbanas del Gran Santo Domingo y provincias interiores, las familias de menores ingresos se ven forzadas a destinar proporciones elevadas de sus ingresos a la compra de agua a distribuidores privados en camiones cisterna, operando una mercantilización de facto del recurso vital (ADIS, 2024).

En el ámbito agropecuario, la economía política de la tierra revela una apropiación diferencial del agua que actúa como un subsidio ecológico e hídrico para el gran capital agrario. Según la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego, el sector agrícola absorbe el ochenta y dos por ciento de las extracciones totales de agua dulce en la nación, pero mantiene un nivel de ineficiencia hidrodinámica que dilapida el setenta por ciento del caudal derivado mediante riego por gravedad y canales no revestidos (Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego, 2023). Esto implica que un cincuenta y siete por ciento de toda el agua captada en el país se pierde únicamente en la agricultura no tecnificada, un volumen que supera holgadamente la demanda sumada de los sectores doméstico, industrial y turístico (Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego, 2023). La presión ambiental resultante compromete el noventa y ocho por ciento de la oferta de agua en la cuenca del río Yaque del Norte y el ochenta y cuatro por ciento en la cuenca del río Yaque del Sur, erosionando la resiliencia territorial frente a variaciones climáticas (INDRHI, 2021).

Esta dilapidación está institucionalizada a través de un régimen tarifario caracterizado por incentivos perversos y la desvinculación entre el valor económico del agua y su extracción real. Los diagnósticos del INDRHI y del Gabinete del Sector Agua muestran que los regantes en distritos públicos abonan una tarifa fija por superficie cultivada —la tarea—, independiente del volumen extraído (INDRHI; Gabinete del Agua, 2021). Investigaciones de la Comisión Internacional de Riego y Drenaje (ICID) precisan que las tarifas anuales de riego oscilan entre 4.75 y 24 dólares por hectárea, representando apenas entre el 0.21 y el 0.58 por ciento del costo total de producción (Comisión Internacional de Riego y Drenaje – ICID, 2020). Dado que el costo marginal del agua derivada es prácticamente cero para el productor, el marco regulatorio desincentiva la inversión en microirrigación por goteo y penaliza al agricultor eficiente (INDRHI, 2021). Este diseño institucional constituye una transferencia implícita de valor que socializa los costos de la degradación hídrica mientras privatiza los beneficios de la producción agrícola intensiva (Comisión de Tecnificación de Riego, 2023; INDRHI, 2021).

A nivel urbano, el ecosistema tarifario refleja un fenómeno de captura regulatoria y subsidios cruzados regresivos. Evaluaciones del MEPyD señalan tasas de recaudo comercial críticamente bajas en los organismos públicos: el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) recauda solo el diez por ciento de la facturación, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) el treinta y tres por ciento y las corporaciones zonales un promedio del veintidós por ciento, situándose la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) como la única entidad con estándares de cobro sostenibles al alcanzar un ochenta y seis por ciento (MEPyD, 2021; ADIS, 2024). Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestran que las tarifas mantenidas artificialmente por debajo de los costos operativos descapitalizan a las empresas públicas, impidiendo la expansión de redes hacia comunidades postergadas y beneficiando proporcionalmente a los sectores de mayor consumo (MEPyD, 2021; BID, 2020).

La dimensión jurídica consolida este estado de desposesión mediante una parálisis regulatoria histórica. La gobernanza del agua en la República Dominicana permanece amparada en la Ley Número 5852 sobre Dominio de Aguas Terrestres y Distribución de Aguas Públicas de 1962, una normativa decimonónica de más de seis décadas que ignora las dinámicas socioeconómicas contemporáneas y carece de instrumentos para la regulación de concesiones volumétricas o la garantía de la justicia ambiental (Ley No. 5852 de 1962). Pese a que el Congreso Nacional debate actualmente tres proyectos de ley de aguas, la sanción legislativa permanece estancada por disputas hegemónicas entre actores que impulsan la privatización del dominio público e intereses comunitarios que defienden el agua como bien común indisponible (Congreso Nacional, 2025). Aunque el Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036 proyecta inversiones por ocho mil quinientos millones de dólares, aproximadamente quinientos sesenta y siete millones de dólares anuales durante quince años, coordinados por el MEPyD (Presidencia de la República Dominicana, 2023; Pacto Dominicano por el Agua 2021-2036), superar la crisis exige democratizar la toma de decisiones en las cuencas, implantar tarificación volumétrica progresiva y restituir el control público y comunitario sobre la mercancía hídrica (MEPyD, 2021; Ley No. 5852 de 1962; Pacto por el Agua, 2023).