Medicamentos de Alto Costo: El desafío de la salud pública

Los sistemas de salud enfrentan un dilema crítico: cuando un paciente grave requiere un tratamiento capaz de modificar su pronóstico, pero con costos que ascienden a cientos de miles o millones. Para el paciente, la pregunta es existencial: ¿Tengo derecho a este tratamiento?. Para el Estado, el reto es complejo: ¿Cómo garantizar ese acceso sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema? Este es un desafío en constante crecimiento.

La medicina ha avanzado extraordinariamente con terapias biológicas y dirigidas que transforman enfermedades antes intratables. Sin embargo, la innovación tiene un precio elevado. Un fármaco de US$100,000 anuales puede parecer manejable para un individuo, pero se convierte en una carga de US$50 millones si afecta a 500 pacientes. La pregunta no es solo cuánto cuesta el fármaco, sino qué impacto real produce en la salud colectiva.

República Dominicana ha asumido esta responsabilidad. Para 2026, el presupuesto asigna RD$7,542.8 millones para cubrir a más de 8,283 pacientes actuales y 1,980 nuevos beneficiarios. Detrás de estas cifras hay historias humanas reales, pacientes con cáncer, enfermedades raras o autoinmunes, que las familias no podrían costear por sí solas.

El paciente debe ser siempre el centro. Para una familia, el medicamento no es una partida presupuestaria, es la posibilidad de vida, movilidad y calidad. La eficiencia administrativa nunca debe ser excusa para negar atención, pero la sensibilidad tampoco exime al Estado de evaluar si los recursos generan el mayor beneficio posible. Una verdadera política sanitaria exige equilibrio.

Comprar bien es salvar recursos. El Estado, al adquirir medicamentos para miles de personas, tiene la capacidad de negociar mejores condiciones. Iniciativas como las adquisiciones conjuntas planteadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social, (CNSS), buscan optimizar estos procesos. La lógica es clara: mejores precios permiten atender a más personas. Compras centralizadas, licitaciones competitivas y el uso de biosimilares son herramientas esenciales, siempre bajo criterios de evidencia clínica.

Un debate urgente es la distribución de la carga financiera entre el presupuesto público y el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En 2026, el CNSS amplió la cobertura a patologías no oncológicas y solicitó revisar integralmente el catálogo de prestaciones. El futuro de estos medicamentos no debe descansar sobre una única fuente; la expansión de la cobertura requiere un pacto serio sobre quién paga, cuánto paga y bajo qué reglas.

Debemos transitar de la compra de medicamentos a la compra de resultados. Un programa moderno no debe medirse solo por la inversión económica, sino por el número de pacientes tratados, la eficacia terapéutica y el costo promedio por resultado. Es necesario medir qué funciona y qué no. Los modelos de "riesgo compartido" con los fabricantes, donde el pago se condiciona a resultados clínicos medible,  son una vía indispensable cuando el costo es extraordinariamente elevado o existe incertidumbre clínica.

Al final, la discusión no debe reducirse al gasto, sino a la pregunta clave: ¿Cuánta salud somos capaces de generar con los recursos que la sociedad nos confía?, La conversación pendiente en República Dominicana no busca elegir entre el paciente y el presupuesto, sino integrar ambos en una política de salud sostenible y humana.