Recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados el código penal que lamentablemente desfavorece a población infantil, adolescente y mujeres con la eliminación de penalizaciones en distintos casos de acoso, abuso sexual y explotación sexual, así como la legitimación del maltrato infantil en las familias y en general.

Uno de los aspectos relevantes de la discusión del código penal fueron las afirmaciones de legisladores y legisladoras en contra de la penalización de las violaciones sexuales en el matrimonio. Es penoso que nuestros legisladores y legisladoras no conozcan la realidad de muchos matrimonios en el país que son una modalidad de trata de niñas y adolescentes que son vendidas por sus familias a hombres adultos y jóvenes y reciben beneficios de las misma. Igualmente ocurre con mujeres adultas y jóvenes migrantes de Haití, Venezuela, Colombia y otros países que son traficadas hacia el país con transacciones previas con hombres en República Dominicana desde el engaño de supuestos contratos para trabajar en distintos negocios, comercios y hogares. (Vargas/INM 2019)

El matrimonio históricamente en el país ha sido utilizado para legitimar e invisibilizar el abuso y la explotación sexual con su uso para “honrar” a las adolescentes, jóvenes y mujeres que tienen relaciones sexuales sin el permiso que otorga estar “casada”. Cuando las adolescentes y jóvenes tienen sexo las familias en los diferentes estratos sociales les obligan a casarse con el hombre aun cuando son víctimas de violación.

La ausencia de una educación sexual y del reconocimiento de la mujer como sujeto de derechos sexuales y reproductivos en el país (solo el hombre tiene estos derechos) la convierte en objeto sexual, víctima de todo tipo de violencias sexuales en sus familias, relaciones sociales y de pareja. Las mujeres no cuentan con herramientas para empoderarse en las relaciones de pareja y rechazar actos sexuales sin su consentimiento, se les ha enseñado culturalmente que debe aceptar todo lo que su “marido” quiera y complacerlo (aun cuando ella no quiera). Son las mismas aseveraciones que favorecen a la violencia de género y feminicidio.

Otro elemento que está bajo el abrigo del abuso es el acoso sexual. En los espacios de trabajo, las calles, comunidades, las mujeres, niñas y jóvenes son víctimas de acoso que afecta su derecho al libre tránsito, al respeto sobre su cuerpo y el manejo de su vestimenta y apariencia con autonomía.

Acoso y abuso sexual son parte del imaginario patriarcal que domina culturalmente nuestra sociedad. La intervención en la ruptura de los patrones y prácticas que sustentan este imaginario son una necesidad y una urgencia.

Las personas elegidas para legislar y gobernar nuestra sociedad deben tener mayor conocimiento de la realidad social, especialmente de los grupos más vulnerables (niñez, adolescencia, mujeres, personas LGTBIQ, afrodescendientes, personas con condiciones de discapacidad, adultas mayores y migrantes) para tomar decisiones legales y políticas que ofrezcan protección, prevención y garanticen sus derechos.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY

Tahira Vargas García

Antropóloga social

Doctorado en Antropología Social y Profesora Especializada en Educación Musical. Investigadora en estudios etnográficos y cualitativos en temas como: pobreza- marginación social, movimientos sociales, género, violencia, migración, juventud y parentesco. Ha realizado un total de 66 estudios y evaluaciones en diversos temas en República Dominicana, Africa, México y Cuba.

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