Más allá del efectivo: el próximo paso de la inclusión financiera

El proceso de modernización, adopción tecnológica y transformación digital que experimenta la arquitectura financiera global se ha convertido en el pilar central de las naciones para combatir la informalidad, disminuir el uso del efectivo e impulsar la inclusión financiera de forma definitiva. Alcanzar la meta de una economía plenamente moderna exige estudiar con rigor los casos de éxito de algunas de las grandes potencias que han diseñado autopistas de pagos digitales revolucionarias. Estas naciones, aunque operan bajo filosofías de gobernanza de mercado diferentes, nos ofrecen valiosas lecciones de carpintería operativa.

Por un lado, Brasil ha estructurado un círculo virtuoso de democratización nativa y apertura obligatoria. El regulador brasileño asumió el rol de arquitecto de mercado, permitiendo que iniciativas tecnológicas independientes, bajo la figura de Instituciones de Pago (IP), emitieran balances a los usuarios finales guardados directamente en cuentas de reserva de la autoridad monetaria. A raíz de esta apertura, el lanzamiento de Pix (su sistema oficial de pagos instantáneos) funcionó como una infraestructura financiera de interoperabilidad pública provista por el regulador e integrada en cualquier aplicación de una entidad tradicional o fintech.

El impacto real de esta horizontalidad en las reglas de juego fue masivo: la inclusión financiera superó los 140 millones de usuarios, la bancarización alcanzó un nivel prácticamente universal del 96.4% y el uso preferencial del efectivo en transacciones cotidianas se desplomó del 43% en 2019 a solo el 6% en la actualidad. Hoy en día, Pix es el rey absoluto, dominando las compras de consumo por encima del dinero plástico y representando el 47% de las transacciones del país. Incluso integra soluciones transfronterizas para que los turistas extranjeros (utilizando aplicaciones y billeteras virtuales como AstroPay y Mercado Pago) consuman en comercios localmente escaneando códigos QR con conversión automática de divisas.

Con la eclosión de Pix, el número de entidades autorizadas y supervisadas se disparó exponencialmente. A medida que el ecosistema maduró, para evitar una sobrecarga en la capacidad del Banco Central de Brasil (BCB), la autoridad elevó los requisitos de entrada para las IPs y diseñó un esquema de segmentación magistral. Se creó la figura del Participante Indirecto, que permite ofrecer la funcionalidad de Pix bajo marca propia sin necesidad de mantener cuenta directa en el Banco Central, liquidando a través de un banco comercial o plataforma autorizada. Además, el mercado adoptó orgánicamente la Banca de Patrocinio (Sponsor Banking) y el Banking-as-a-Service (BaaS) para escalar el ecosistema de manera segura —un modelo comercial y tecnológico que trasciende a Pix, similar al de las IPs, manteniendo las cuentas de reserva en un banco patrocinador en lugar del Banco Central.

Por otro lado, los Estados Unidos han adoptado un enfoque inverso basado en un pragmatismo privado y una regulación gradual. Con un mercado bancario maduro donde el 94% de los adultos está bancarizado, su dilema no es la inclusión inicial, sino la eficiencia de los rieles. Por décadas, el esquema de Sponsor Banking ha permitido a las empresas emergentes experimentar con agilidad, delegando la conectividad de datos e interoperabilidad en agregadores tecnológicos de infraestructura financiera privados como Plaid. Es un modelo tan dinámico que, a pesar de que el plástico tradicional aún domina el 70% de las transacciones en puntos de venta físicos y los pagos móviles representan el 23% de las compras de consumo, cerca del 88% de los consumidores estadounidenses ya utiliza activamente alguna plataforma Fintech.

La madurez de este ecosistema es tal que, en la actualidad, el Congreso norteamericano debate el proyecto de ley conocido como PACE Act. Esta propuesta busca permitir que aquellos gigantes tecnológicos que alcancen una escala sistémica puedan “graduarse” y custodiar sus saldos directamente en cuentas de reserva de la Reserva Federal, sin necesidad de aplicar a un Bank Charter tradicional. En el modelo actual, los depósitos de las Fintech se custodian en bancos comerciales bajo cuentas FBO (For Benefit Of), donde el rendimiento que generan los bancos de esa liquidez mediante préstamos e inversiones se divide mediante esquemas de Revenue Share con la fintech basados en la intermediación tradicional. De aprobarse el PACE Act, las Fintech masivas migrarían esos miles de millones directamente a la Fed, capturando sin intermediarios la tasa IORB (Interest on Reserve Balances) —un rendimiento libre de riesgo crediticio pagado directamente por la autoridad monetaria—. Esta reconfiguración explica por qué la banca comercial tradicional se opone con tanta fuerza a la pieza legislativa, consciente de que perdería la valiosa liquidez barata que hoy le proveen las plataformas digitales. Un engranaje que mantiene un flujo de innovación y debate regulatorio de alto nivel.

Esta vanguardia internacional abre una ventana de oportunidad analítica idónea al reflexionar sobre la dirección que lleva la República Dominicana. Nuestra nación ya ha edificado una de las zapatas tecnológicas más avanzadas de la región mediante el despliegue de infraestructuras transaccionales de alta velocidad impulsadas por el Banco Central. El gran catalizador de este momento es el nuevo Sistema de Gestión de Pagos Instantáneos (SGPI), una joya de ingeniería pública que obligará a todo el sistema a interoperar en tiempo real.

Este hito llega en un momento oportuno: aunque el país ha elevado su bancarización a un histórico 65% de la población adulta, persiste el fenómeno de la sub-bancarización (donde el usuario recibe su nómina o subsidio y retira inmediatamente el efectivo), manteniendo al dinero físico como el rey de la transaccionalidad cotidiana. La razón de este cuello de botella es de infraestructura de aceptación: solo el 6% de las micro y pequeñas empresas (MIPYMEs) acepta pagos digitales hoy en día. El 94% restante opera exclusivamente en efectivo debido a la fricción de despliegue del hardware tradicional en el punto de venta y a la falta de herramientas de cobro de bajo costo adaptadas a la dinámica del microcomercio.

La gran oportunidad que se nos presenta en este nuevo ciclo institucional es potenciar el Banking-as-a-Service y el alcance estratégico de las figuras incorporadas en la reforma del Reglamento de Sistemas de Pago (SIPARD): tanto los Proveedores de Billeteras Electrónicas como los Iniciadores de Pagos (PISP). Actualmente, las iniciativas de finanzas integradas (Embedded Finance) operan mayoritariamente bajo el amparo de entidades tradicionales mediante la figura de Entidades de Pago Electrónico (EPE), enfrentando en la práctica una costosa duplicidad de supervisión y carga regulatoria —tanto bancaria como de sistema de pagos—. El siguiente paso natural es habilitar un marco de regulación proporcional. Si permitimos, bajo un esquema supervisado, que las entidades e iniciativas independientes operen mediante esquemas robustos de Sponsor Banking —emitiendo billeteras electrónicas ágiles para la recepción directa de depósitos, nóminas y pagos de plataformas independientes (payouts) vía ACH, sin obligar a las fintechs a debitar y acreditar exclusivamente de cuentas de depósitos bancarias tradicionales— e incluso esquemas de regulación híbridos —licenciamientos simplificados con cuentas de liquidación en entidades reguladas—, encenderemos el verdadero motor de la inclusión. Así evitaremos el riesgo de que los PBE y PISP queden relegados a ser puras capas tecnológicas de experiencia de usuario (UX) sin la sostenibilidad operativa ni el volumen transaccional necesario. Esto no solo democratiza el canal de entrada de fondos y monetiza el modelo de negocio de las billeteras a través del flujo recurrente, sino que le otorga al usuario sub-bancarizado la certeza y tranquilidad de que su liquidez operativa permanece intocable y bajo su total control. Su valor no será competir con la banca tradicional, sino masificarla: incrustar la billetera digital, el botón de pago y el QR interoperable del SGPI directamente en los sistemas de gestión de colmados, salones de belleza, taxis, transporte público o colegios, digitalizando la economía informal desde su propia operativa diaria.

La República Dominicana tiene todas las piezas del rompecabezas listas: estabilidad monetaria, un sistema financiero sólido, una infraestructura tecnológica de punta con el SGPI y un ecosistema emprendedor con hambre de innovar. Diseñar el marco de gobernanza que convierta nuestras carreteras digitales en verdaderas highways transaccionales representa una de las tareas de modernización más prometedoras para nuestro desarrollo económico, consolidando a nuestra nación como el verdadero Hub tecnológico y financiero regional.