Los ‘therians’, la crisis de identidad y la preservación del orden (y 2)

A partir de ese diagnóstico, se aborda también la dimensión jurídica del debate, recordando que los derechos fundamentales no son absolutos y que el Estado tiene el deber de preservar el orden que hace posible la convivencia. La reflexión concluye con una advertencia más amplia sobre los riesgos que enfrenta una civilización cuando comienza a perder claridad sobre la naturaleza humana y los fundamentos que sostienen su vida colectiva.

 Dedicado a Karina Aristy, alcaldesa del municipio de Higüey

Cuando las estructuras de poder que deberían encarnar responsabilidad, autocontrol y respeto por la dignidad humana aparecen vinculadas a prácticas de corrupción o abuso o encubrimiento, el mensaje que se transmite no es únicamente escandaloso; es corrosivo. Se instala la percepción de que las normas son artificios retóricos y de que los valores proclamados no obligan a quienes los enuncian. La autoridad deja entonces de ser referencia moral para convertirse en espectáculo ambiguo, y la confianza pública comienza a erosionarse desde su raíz.

En ese clima —como hemos advertido reiteradamente en esta columna— el espectáculo sustituye al contenido, la visibilidad reemplaza al mérito y la notoriedad desplaza a la virtud como criterio de reconocimiento social.

Asistimos a una banalización progresiva de la vida pública y a una preocupante dilución de los vínculos comunitarios que dejan al individuo expuesto, sin techo moral ni contención cultural frente a expresiones sociales cada vez más desconcertantes. El sentido de pertenencia se subordina al afán de nombradía instantánea, y la identidad deja de ser una continuidad arraigada en principios para convertirse en una construcción precaria, moldeable y vulnerable a las corrientes dominantes del momento.

Sin embargo, ningún análisis serio de este fenómeno puede detenerse exclusivamente en el plano psicológico. En su trasfondo emergen implicaciones jurídicas evidentes que remiten directamente al régimen de los derechos fundamentales, uno de los pilares estructurales del Estado de derecho. Ahora bien, nuestra Constitución no consagra derechos absolutos, aunque algunos juristas contemporáneos, seducidos por interpretaciones maximalistas, parezcan insinuarlo. La Carta Magna reconoce derechos dentro de un sistema de armonización normativa destinado a preservar simultáneamente la libertad individual, el orden público y la convivencia pacífica.

Los profesionales del derecho saben —o deberían saber— que este equilibrio no es un adorno del texto constitucional. Es la condición misma que hace posible la democracia, por imperfecta que pueda parecernos en su funcionamiento cotidiano. Cuando ese equilibrio se ignora, los derechos dejan de operar como instrumentos de convivencia y comienzan a convertirse en herramientas de confrontación.

Esta comprensión no es nueva. En los años en que, siendo muy joven, merodeaba por la Facultad de Derecho de la UNPHU a mediados de los setenta, aprendí una lección elemental que el tiempo no ha desmentido: ningún derecho existe en el vacío. Todos coexisten dentro de un marco jurídico que ordena su ejercicio y armoniza sus tensiones inevitables y, sin ese marco, el derecho deja de ser garantía para convertirse en pretexto.

No pocos defensores contemporáneos de los derechos humanos parecen asumir que gobernar equivale simplemente a permitir. Pero la cuestión cardinal de toda arquitectura constitucional consiste precisamente en establecer límites razonables que hagan posible la coexistencia efectiva de las libertades. Permitir sin ordenar no fortalece la democracia; más bien la expone a su propia disolución.

En ese contexto, los ayuntamientos tienen la responsabilidad jurídica de administrar el espacio público frente a cualquier solicitud de manifestación, provenga esta de organizaciones tradicionales o de corrientes contemporáneas que puedan generar tensiones sociales. No se trata de una facultad decorativa ni de un margen discrecional caprichoso, sino de una obligación institucional claramente definida por el ordenamiento jurídico.

Presentar toda regulación como una negación automática de los derechos fundamentales revela una comprensión incompleta —cuando no interesada— del propio diseño constitucional. Una sociedad que, en nombre de una interpretación absolutista de los derechos, permita cualquier conducta en el espacio público sin ponderar sus implicaciones colectivas —incluida la escena de individuos desplazándose por las calles imitando animales—se vuelve más frágil y menos libre, porque confunde tolerancia con renuncia y pluralismo con desestructuración normativa.

 En este contexto debe examinarse la posición asumida por la alcaldesa del municipio de Higüey frente a la eventualidad de una marcha de los therians, cuando declaró: “Acá no son bienvenidos y no tendrán cabida ni en este parque ni en otros espacios públicos del municipio”. El debate no debería reducirse a una reacción emocional ni interpretarse automáticamente como una negación de la libertad de expresión. La cuestión de fondo es otra. Lo que está en discusión son los límites razonables del ejercicio de los derechos en el espacio público y la obligación de las autoridades de preservar el orden que hace posible la convivencia. El problema no radica en la existencia de identidades emergentes, sino en la pretensión de vaciar al Estado de su capacidad de ordenar la vida colectiva bajo una interpretación absolutista de los derechos fundamentales.

La regulación  es el mecanismo que permite que el espacio público continúe siendo un ámbito de convivencia compartida, evitando que se transforme en un escenario donde cada voluntad particular intente imponerse sin referencia a un marco común. Lo que estamos observando en nuestro tiempo es una peligrosa ruptura de ese delicado equilibrio que debilita la autoridad legítima del Estado y comienza a resquebrajar la continuidad misma de la sociedad como realidad histórica y moral.

El orden no es un accesorio del cuerpo social. Es una estructura invisible de sustentación que permite que las libertades convivan sin destruirse mutuamente. De otro modo ese principio se debilita, las normas pierden fuerza vinculante, la autoridad pierde legitimidad práctica y el espacio público deja de ser un ámbito de convivencia para convertirse en un territorio donde proliferan afirmaciones individuales sin referencia a un marco común.

En ese punto emerge una inquietud más profunda que trasciende el episodio concreto que hoy discutimos. Sentimos que estamos perdiendo la claridad sobre lo que es el hombre y que, casi sin advertirlo, estamos renunciando a sostener una comprensión coherente de su naturaleza, su dignidad y su lugar dentro del orden social.

Cuando una civilización se desliza por ese camino comienza a debilitar su propia capacidad de sostenerse a sí misma. La pregunta que se impone entonces no es retórica, sino existencial: ¿puede una sociedad perdurar si desconoce los fundamentos antropológicos que justifican sus normas y dan sentido a su existencia colectiva? Cuando esos fundamentos se disuelven la posibilidad misma de continuidad histórica se erosiona sensiblemente.