Las reformas económicas deben comenzar por la austeridad, no por más impuestos

En momentos en que la economía enfrenta desafíos importantes y el costo de la vida continúa presionando a las familias, resulta poco oportuno plantear aumentos de impuestos que terminen afectando directamente a la clase media y al sector productivo. La prioridad del Estado debería ser fortalecer la eficiencia del gasto público, reducir las erogaciones innecesarias y garantizar que cada peso recaudado sea utilizado de manera responsable. Antes de exigir mayores sacrificios a los contribuyentes, el gobierno debe demostrar un compromiso real con la austeridad y la transparencia en la administración de los recursos públicos.

Uno de los aspectos que merece una revisión profunda es el crecimiento sostenido del gasto gubernamental y la permanencia de subsidios que, en muchos casos, no generan beneficios tangibles para la mayoría de los ciudadanos. Mantener programas ineficientes o estructuras burocráticas costosas solo contribuye a incrementar la presión fiscal sobre quienes producen, invierten y generan empleo. La sostenibilidad financiera del Estado no puede descansar exclusivamente sobre nuevas cargas tributarias cuando existen oportunidades evidentes para optimizar el uso de los recursos existentes.

Asimismo, resulta razonable revisar los mecanismos de indexación automática vinculados a la inflación. Cuando los ingresos de los ciudadanos no crecen al mismo ritmo que los precios, cualquier ajuste automático que incremente obligaciones o costos termina deteriorando aún más el poder adquisitivo de las familias. Las políticas económicas deben considerar la realidad de los hogares y de las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan diariamente mayores costos operativos y una disminución de su capacidad de consumo e inversión.

En relación con los anticipos fiscales, la discusión no debería centrarse en eliminarlos, sino en hacerlos más justos y acordes con la realidad económica de cada contribuyente. Un mecanismo basado en las ventas reales declaradas mensualmente, tomando como referencia la información reportada en el formulario 607, permitiría calcular obligaciones tributarias de manera más precisa. Esto reduciría distorsiones que actualmente afectan la liquidez de muchas empresas y contribuiría a una mayor equidad dentro del sistema tributario.

Por otro lado, aumentar la carga impositiva sobre las empresas puede generar consecuencias contrarias a las que se buscan. Cuando se incrementan los costos fiscales de los sectores productivos, estos terminan trasladándose inevitablemente a los precios de los bienes y servicios. El resultado final es una mayor inflación, una reducción de la competitividad y una afectación directa al consumidor. Las empresas no operan aisladas de la economía; cualquier incremento en sus costos repercute en toda la cadena productiva.

De igual manera, la propuesta de aumentar la carga tributaria sobre los salarios que superan los RD$400,000 mensuales merece una reflexión más amplia. Aunque pueda percibirse como una medida dirigida exclusivamente a los segmentos de mayores ingresos, en realidad afecta a profesionales altamente calificados, ejecutivos, especialistas y personal técnico que aportan significativamente a la productividad nacional. Incrementar la presión fiscal sobre este grupo puede reducir los incentivos al esfuerzo, la capacitación y la generación de valor agregado, además de fomentar la migración de talento hacia jurisdicciones más competitivas. Las reformas tributarias deben procurar ampliar la base contributiva y mejorar la eficiencia de la recaudación, en lugar de concentrar cada vez más la carga sobre quienes ya realizan aportes significativos al fisco.

Asimismo, la propuesta de incorporar un cargo adicional de US$10 por pasajero aéreo podría generar efectos negativos sobre uno de los sectores más importantes de la economía nacional: el turismo. Aunque el monto parezca reducido de manera individual, su impacto acumulado puede afectar la competitividad del país frente a otros destinos del Caribe y América Latina. Cada incremento en el costo de viajar reduce el atractivo relativo del destino y puede influir en las decisiones de turistas, inversionistas y organizadores de eventos internacionales. Además, esta medida también afecta a miles de dominicanos residentes en el exterior que visitan regularmente el país, encareciendo aún más los vínculos familiares, comerciales y culturales con la nación. Un impuesto de esta naturaleza podría terminar generando efectos económicos adversos superiores a los beneficios recaudatorios esperados.

La propuesta de elevar gravámenes sobre los servicios financieros, pasando de un 0.15 % a un 0.20 %, también merece una evaluación cuidadosa. Aunque pueda parecer un aumento marginal, su impacto acumulado afecta a millones de usuarios que utilizan diariamente el sistema financiero para realizar pagos, transferencias y operaciones comerciales. Este tipo de medidas encarece la actividad económica formal y desincentiva la inclusión financiera, especialmente entre los sectores de ingresos medios y bajos.

La verdadera reforma económica que necesita el país debe orientarse a promover el crecimiento, la inversión y la generación de empleo, no a incrementar la presión tributaria sobre quienes ya sostienen gran parte de la recaudación nacional. Antes de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, el gobierno debe enfocarse en reducir gastos superfluos, eliminar subsidios ineficientes y mejorar la calidad del gasto público. Solo así se podrá construir una política fiscal equilibrada que fortalezca las finanzas del Estado sin sacrificar el bienestar de la ciudadanía ni el desarrollo económico del país.

Antes de aumentar impuestos a trabajadores, empresas, usuarios del sistema financiero o pasajeros aéreos, resulta indispensable demostrar una voluntad firme de racionalizar el gasto público, eliminar privilegios innecesarios, combatir el despilfarro y mejorar la transparencia gubernamental.

La confianza de los ciudadanos y de los inversionistas no se construye mediante mayores cargas tributarias, sino mediante instituciones eficientes, cuentas públicas transparentes y una administración responsable de los recursos. La austeridad, la eficiencia y la rendición de cuentas deben ser el punto de partida de cualquier reforma económica seria y sostenible.