Las pérdidas eléctricas: un drenaje millonario que exige soluciones integrales

El verdadero cuello de botella del sistema eléctrico dominicano ya no está en la capacidad de generación. El país ha ampliado su parque energético y avanza en incorporar fuentes renovables, pero existe un problema estructural que anula esos avances y supone un lastre creciente para las finanzas del Estado: las pérdidas de energía en la etapa de distribución. 

Aproximadamente cuatro de cada diez kilovatios comprados por las EDES — Edenorte, Edesur y Edeeste — nunca se facturan ni se cobran, convirtiéndolas en el punto neurálgico de una crisis que cuesta miles de millones de dólares al erario público.

Según los datos oficiales, durante 2025 las tres EDE adquirieron 20,721.6 GWh de energía, valorados en US$ 2,088.1 millones. Sin embargo, al término del año las pérdidas totales se elevaron al 38.8%, lo que significa que la brecha entre energía comprada y efectivamente cobrada alcanzó US$ 1,092.1 millones. A esto se suma el peso fiscal: en 2025 el Estado destinó unos US$ 1,659.3 millones (más de 105,000 millones de pesos) en subsidios para sostener el sistema.

La tendencia, lejos de corregirse, empeora. Si en 2020 las pérdidas eran del 33.1%, tras una leve reducción volvieron a escalar hasta el 36% en 2023, el 37.6% en 2024 y rozaron el 39% en 2025, situándose entre los índices más altos de América Latina. En lo que va de 2026, la presión sobre las cuentas públicas se agudiza: solo entre enero y el 12 de junio pasado, las transferencias para cubrir el déficit de las EDE sumaron RD$ 58,836.1 millones. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, advirtió entonces que se requerirán entre 20,000 y 25,000 millones de pesos adicionales, con lo que el subsidio superará los 112,400 millones de pesos, y reconoció que el faltante no bajará a corto plazo.

Las pérdidas responden a dos causas combinadas. Por un lado, las técnicas: redes envejecidas, sobrecargadas y con deficiencias que disipan energía en el trayecto. Y por el otro, las no técnicas, que representan la mayor parte del problema: conexiones ilegales, fraude, medidores dañados o manipulados, errores de facturación y dificultades para cobrar la energía suministrada. 

Frente a este panorama, el Consejo Unificado (CUED) tiene que asumir la instalación de nuevas subestaciones, repotenciación de redes, instalación de medidores inteligentes, la normalización de usuarios y la persecución del fraude. 

Esto implica establecer metas verificables de reducción de pérdidas para cada EDE; hay que computar el desempeño y exigir responsabilidades. Se debe acelerar la instalación de medición inteligente, la rehabilitación de redes y la sectorización de circuitos para identificar con precisión dónde se pierde la energía; se tiene que endurecer la persecución del fraude (con medidas legales disuasorias), fortalecer la gestión comercial y, algo muy importante, incorporar la educación energética como política de Estado para formar a la ciudadanía sobre el uso eficiente de la electricidad, explicar la estructura de las tarifas, incentivar el pago oportuno y fomentar una cultura de rechazo al fraude, con lo cual se ayudaría a disminuir consumos innecesarios y mejorar la comprensión del servicio.

Reducir las pérdidas a niveles sostenibles no es una meta administrativa: es una condición indispensable para que las distribuidoras dejen de depender de subsidios millonarios y sean financieramente viables. Mientras el indicador se mantenga cerca del 40%, el sistema seguirá pesando sobre las finanzas públicas y privando al país de recursos que podrían destinarse a salud, educación o infraestructura. El éxito de los programas debe medirse por los puntos porcentuales de pérdidas efectivamente recuperados; es la única forma de transformar el déficit en inversión y el gasto en desarrollo.