La urgente necesidad de transparentar los ingresos de nuestros consulados

Recibimos con beneplácito la información de que el señor presidente de la República, Luis Abinader, autorizará que la totalidad de los ingresos que generen todos los consulados dominicanos pasen a formar parte del Estado dominicano, dentro de la continuación del plan de reforma a que viene siendo sometido el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde hace mucho tiempo se viene discutiendo en nuestro país sobre la necesidad de realizar una reforma fiscal, donde se analice, discuta y establezca una presión fiscal que responda con la generación de las riquezas del país, la cual, según los entendidos en la materia, ronda el 14 % del Producto Interno Bruto (PIB).

En abril del año 2016, cuando formaba parte del pleno de miembros de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) de ese momento, escribí un artículo para este periódico —recogido también por otros de circulación nacional—, titulado: "Los ingresos de nuestros consulados deben ser transparentados", en el que exponía las razones y la urgencia de tomar esta atinada decisión. Además, sometimos al pleno de la CCRD que tanto los consulados como nuestras embajadas fueran fiscalizados por esta institución fiscalizadora de los recursos públicos. Desgraciadamente, esta humilde recomendación nunca se llevó a cabo.

En dicho artículo expresábamos que, además de lograrse un pacto fiscal, o simplemente una reforma fiscal, se debían corregir todas las distorsiones que actualmente existen en la estructura tributaria del Estado dominicano, en cuanto a sus recaudaciones y evasiones fiscales, las cuales, desde hace muchos años, se vienen manejando con deficiencia y falta de transparencia, sin ningún tipo de control y, mucho menos, de una fiscalización oportuna, tanto por la CCRD como por la Contraloría General de la República (CGR).

Desgraciadamente, el Estado dominicano ha desaprovechado y dejado de percibir durante muchos años miles de millones de pesos, por la falta de transparencia de esos recursos, así como de otras fuentes, como son los impuestos que les son retenidos a la población, que no ingresan a la Cuenta Única del Tesoro Nacional (CUTN), a pesar de la enorme deuda social acumulada, por la falta de soluciones inmediatas a los servicios públicos básicos, lo que ha llevado a una gran parte de la población, sobre todo a la llamada clase media, a enfrentar dichas deficiencias con sus propios recursos.

En ese momento sugerimos, como una norma de control interno, que cada visado y cada servicio diplomático solicitado fuera cubierto previamente con la compra de un recibo en el Banco de Reservas, tal como se exige cuando se solicita un pasaporte, la licencia de conducir y para armas de fuego; para el pago de multas, para casos judiciales, entre otras.

Además de estos ingresos, se deben analizar todas las posibles fuentes existentes que nunca se han tocado; pero también hay que enfrentar la gran evasión fiscal existente, pues nos encontramos en un momento estelar en que la actual administración, encabezada por el presidente Abinader, se ha empecinado en continuar endeudando al país, pero no para enfrentar la gran deuda social acumulada de obras y servicios que, desde tiempos inmemoriales, viene arrastrando el país, sino para cubrir gastos corrientes y para el pago de intereses que genera la propia deuda.

A los consulados a los que se les debe prestar mayor atención son los que están ubicados en Haití, pues son los de mayor rentabilidad, porque se manejan de manera muy informal, ya que a sus respectivos cónsules solo les preocupa generar ingresos por la venta de visados, sin ningún tipo de criterio, control ni pudor, lo que constituye una violación a la ley n.º 567-05, que instituye la Tesorería Nacional.

Ellos no prevén las graves consecuencias sociales que esta situación le está generando al país, como son los problemas de salud, desempleo, educación, vivienda, migratorios, inseguridad social y ciudadana, arrabalización y contaminación del medio ambiente, entre otros.