La Suprema Corte de Justicia y la sospecha de una decisión tomada

Ya no hablamos de una advertencia general sobre el futuro del Poder Judicial, sino de un proceso abierto, con nombres que circulan, aspiraciones que se retiran y una percepción cada vez más delicada: la idea de que algunas decisiones importantes pudieran estar orientadas antes de que la deliberación pública se produzca. Esa sospecha no puede ser despachada como simple rumor. En materia judicial, la legitimidad no depende únicamente de cumplir el procedimiento; también depende de que la sociedad crea que la competencia fue real, que los méritos fueron examinados sin cartas marcadas y que los mejores perfiles no fueron invitados únicamente para decorar una decisión tomada en otra parte.

Algunos han visto en la decisión del actual presidente de no aspirar nuevamente a ser juez de la Suprema Corte un gesto inteligente, incluso una contribución a la independencia del proceso, bajo el argumento de que, al no estar personalmente interesado en su continuidad, puede participar con mayor libertad en el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa lectura puede tener parte de razón, pero resulta incompleta si omite dos preguntas necesarias: cuál fue su procedencia institucional y cuál ha sido el balance real de su presidencia.

Luis Henry Molina no llegó a la presidencia de la Suprema Corte desde la carrera judicial. Llegó luego de una trayectoria vinculada a espacios estatales y políticos, con paso por la administración pública y por órganos de alta visibilidad institucional. Su gestión apostó con fuerza por la digitalización, la modernización tecnológica y la construcción de indicadores; sin embargo, el paro judicial, el acuerdo salarial posterior, la frustración de jueces y servidores, así como el desgaste vivido por abogados y usuarios, muestran que la justicia dominicana no se recompone únicamente con plataformas, discursos de innovación o estadísticas de desempeño. Por eso no basta con celebrar la retirada sin examinar el camino recorrido. La pregunta no es solo quién sale, sino qué modelo de conducción se pretende dejar instalado.

También hay que mirar con cuidado las demás renuncias o retiros de aspiraciones. No toda renuncia debe interpretarse automáticamente como desprendimiento, prudencia o elegancia institucional. Puede haber razones personales o profesionales muy legítimas, pero también puede haber señales de cansancio, desconfianza o negativa a servir de comparsa en un proceso cuyo desenlace algunos sectores entienden que pudiera estar previamente orientado.

Si magistrados con experiencia, trayectoria y conocimiento interno del tribunal deciden apartarse antes de que la discusión madure, el Consejo Nacional de la Magistratura debe prestar atención. No para convertir versiones en pruebas, sino para entender que la sola percepción de un proceso cerrado lesiona la confianza. Una selección judicial no necesita únicamente cámaras, entrevistas públicas y currículos leídos en voz alta. Necesita producir la convicción de que se está deliberando en serio. El país no necesita una ceremonia correcta para legitimar una decisión tomada; necesita una deliberación verdadera.

La presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial no es una oficina decorativa. Quien la ocupa incide sobre la carrera de los jueces, las condiciones de los servidores, la relación con los abogados, la mora, la digitalización, el acceso a los tribunales y la confianza pública. Tratar esa posición como cuota de poder, seguro político o pieza de tranquilidad futura sería desconocer la gravedad del momento. La Suprema Corte puede dialogar con el sistema político. En determinados momentos puede servir de equilibrio institucional entre poderes; pero una cosa es dialogar desde la autoridad constitucional y otra muy distinta es ser administrada como parte del reparto político. La justicia puede contribuir a la estabilidad democrática; lo que no puede es nacer comprometida con los intereses de quienes la seleccionan.

La próxima presidencia no debe ser escogida para tranquilizar al poder de turno ni para ofrecer garantías futuras a quienes hoy gobiernan y mañana pudieran estar fuera del poder. Esa tentación ha estado presente en la historia dominicana bajo distintas formas. A veces se disfraza de prudencia, otras de consenso, experiencia o transición ordenada; pero en el fondo responde a la misma lógica: colocar la justicia al servicio de la previsión política.

Ese camino sería un error grave, especialmente en un país donde la confianza institucional se deteriora con rapidez. La violencia cotidiana revela algo más profundo que un problema de seguridad: reglas elementales de convivencia se irrespetan a diario; un roce menor o una discusión por un parqueo puede terminar en tragedia, mientras crece la sensación de que la ley no siempre ofrece una respuesta oportuna. Cuando los tribunales pierden credibilidad, los conflictos buscan otros caminos.

Por eso esta selección importa tanto. La justicia es uno de los últimos espacios donde una sociedad puede procesar sus diferencias sin recurrir a la fuerza, a la influencia, al dinero o al ruido público. Si ese espacio se debilita, no pierden solo los jueces, servidores o abogados; pierde la sociedad completa. El Consejo Nacional de la Magistratura debe asumir esta decisión con responsabilidad histórica. No basta con cumplir el calendario, publicar entrevistas o votar conforme a la forma. Hace falta explicar al país qué modelo de justicia se quiere fortalecer, cuáles criterios reales orientan la selección y por qué la persona escogida puede responder a una institución en crisis.

La nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia no puede nacer de silencios convenientes, cuotas partidarias, cálculos de protección futura ni intereses privados presentados como inevitables. Tampoco puede surgir de un proceso en el que los mejores decidan apartarse porque entienden que solo serían parte del decorado. Si esa percepción existe, ya hay un problema. Si además resultara cierta, el daño sería mayor que la designación misma. Cuando la clase política juega con la justicia, no solo compromete a los tribunales; compromete la paz pública. Porque cuando los ciudadanos dejan de creer que la ley puede ordenar la convivencia, la calle empieza a dictar sus propias sentencias.