La responsabilidad penal que se aplaza

El 5 de noviembre debía ser una fecha distinta en la historia del derecho dominicano. Ese día, por primera vez desde el Código de 1884, las empresas iban a poder responder penalmente por los delitos cometidos en su beneficio cuando estos fueran consecuencia de sus propias fallas de dirección, control o supervisión. No ocurrió. El Congreso aprobó de urgencia una nueva prórroga y, ese mismo día, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 88-26, que traslada al 5 de mayo de 2028 la entrada en vigor de los artículos 8 al 11 del Código Penal. El Senado había propuesto veinticuatro meses; la Cámara de Diputados los redujo a dieciocho.

No es la primera vez. El Código se promulgó en agosto de 2025 con doce meses de vacatio legis, precisamente para que todos –jueces, fiscales, abogados y empresas– tuvieran tiempo de prepararse. La Ley 44-26 añadió luego tres meses más para el régimen de las personas jurídicas. Ahora se suman dieciocho. El sector empresarial pidió la prórroga alegando que necesitaba tiempo para adecuar sus controles; es una razón atendible, pero también una confesión: los plazos anteriores no bastaron. Cuando ese régimen entre finalmente en vigor, habrán transcurrido casi tres años desde la promulgación del Código. La pregunta que deja el episodio no es jurídica, sino institucional: un país que aplaza sus leyes en la víspera de que rijan, ¿legisla para cumplirlas o para anunciarlas?

Conviene, sin embargo, no confundir el aplazamiento con una amnistía. La prórroga no elimina la responsabilidad penal de las empresas; solo difiere su aplicación. Tampoco toca el resto del Código, que rige desde agosto. Los directivos, administradores y empleados siguen respondiendo personalmente por los delitos en que participen, como ha ocurrido siempre. Y las leyes especiales que ya sancionaban penalmente a las personas jurídicas siguen intactas: la Ley 155-17, contra el lavado de activos, lo hace desde 2017. Quien lea la Ley 88-26 como un salvoconducto habrá leído mal.

El argumento de fondo es otro. El nuevo régimen no castiga a la empresa por el delito de su empleado, sino por su propio defecto de organización: por no haber dirigido, controlado o supervisado como debía. Y la organización no se improvisa. Un programa de cumplimiento que funcione –uno que identifique los riesgos reales del negocio, establezca controles, forme al personal, permita denunciar sin miedo y se revise– no se redacta la semana antes de una inspección. Se construye con tiempo, se prueba con errores y se corrige con experiencia. La experiencia comparada lo confirma: allí donde el régimen ya rige, los tribunales no se han conformado con preguntar si la empresa tenía un manual, sino si ese manual funcionaba el día del hecho. Para eso la ley concedió plazos, y por eso esos plazos no deberían servir para posponer el trabajo.

Hay, entonces, dos maneras de leer los dieciocho meses que vienen. Para unos serán un respiro: la ocasión de archivar el proyecto de cumplimiento y volver a él cuando la fecha esté cerca. Para otros serán una oportunidad: el tiempo que faltaba para hacerlo bien. Los primeros descubrirán en 2028 que ningún juez aceptará la sorpresa como excusa, porque la ley les dio casi tres años para prepararse. Los segundos llegarán a esa fecha con algo más valioso que una defensa: una empresa mejor gobernada.

El aplazamiento revela, además, una tentación recurrente de nuestra vida pública: creer que el problema se resuelve moviendo la fecha. No se resuelve. Lo que se mueve es el costo, que crece mientras se espera. La institucionalidad de un país no se mide por las leyes que aprueba, sino por las que deja entrar en vigor y hace cumplir. El 5 de mayo de 2028 está más cerca de lo que parece. Lo sensato es que nos encuentre listos.