El 20 de noviembre de 1989, los gobiernos del mundo adoptaron la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional destinado a proteger los derechos de la infancia. La Convención garantizó a todos los niños y niñas el acceso gratuito a la educación primaria, pero dejó fuera una cuestión fundamental: el derecho a una educación preescolar y secundaria gratuita para todos. En este Día Mundial de la Infancia, casi cuatro décadas después, la República Dominicana está contribuyendo a liderar un esfuerzo internacional para que este derecho sea reconocido.
Lo que está en juego es enorme. UNICEF ha estimado que 175 millones de niños y niñas en todo el mundo —casi la mitad de la población infantil en edad de cursar educación preescolar— no estaban escolarizados en esta etapa. Mientras tanto, 194 millones en edad de cursar educación secundaria no asistían a la escuela. Los gastos de matrícula, los uniformes, el transporte, los libros y los materiales educativos pueden hacer que la educación resulte inasequible para muchas familias. Sin embargo, una educación de calidad durante la primera infancia sienta las bases para el desarrollo de la lectura, la escritura, las competencias matemáticas y las habilidades sociales. Por su parte, la educación secundaria proporciona a los jóvenes los conocimientos y competencias necesarios para participar plenamente en la sociedad y construir su propio futuro. Ninguna de las dos debería depender de los ingresos de una familia.
Junto con Sierra Leona y Bulgaria, la República Dominicana está impulsando un nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño que reconocería la atención y educación de la primera infancia como parte del derecho a la educación y garantizaría una educación preescolar pública y gratuita para todos los niños y niñas, comenzando por al menos un año, así como una educación secundaria pública y gratuita para todos.
Como defensora de los derechos humanos en Ginebra, me impresionó la ambición de la República Dominicana cuando asumió por primera vez su puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2024. El país parecía decidido a hacer mucho más que ocupar un asiento. En apenas seis meses, había contribuido a conseguir un acuerdo internacional para iniciar los trabajos sobre este tratado propuesto. Desde entonces, su dinámico equipo diplomático, encabezado actualmente por el embajador Iván Ogando Lora, se ha convertido en una de las principales fuerzas impulsoras de una iniciativa que podría transformar la vida de niños y niñas en todo el mundo.
El liderazgo de la República Dominicana tiene sus raíces en los compromisos asumidos a nivel nacional. Su Constitución garantiza la educación pública y gratuita en los niveles inicial, primario y secundario. Además, el país ha ampliado sus servicios de educación para la primera infancia. Por ello, sus diplomáticos defienden que un principio consagrado en la ley fundamental de su propio país debería convertirse en una garantía internacional para todos los niños y niñas.
Al concluir la primera reunión oficial sobre el tratado propuesto, celebrada en 2025, la delegada de la República Dominicana compartió una reflexión basada en su propia experiencia: “Considero de suma importancia poner rostro humano a los derechos humanos y hacer tangible lo que significa tener acceso a la educación secundaria, que es precisamente lo que nos da la libertad de estar hoy aquí debatiendo este Protocolo Facultativo”. Sus palabras fueron un poderoso recordatorio de que este proceso no se trata de simplemente cuestiones técnicas o de lenguaje jurídico, sino de las oportunidades que la educación genera en la vida de las personas.
Para mí, esta iniciativa también tiene un significado personal. Soy búlgara, casada con un dominicano y tengo tres hijos en edad preescolar. Ver cómo aprenden y descubren el mundo hace que la colaboración entre nuestros dos países para ampliar las oportunidades educativas tenga un significado aún más especial.
Los niños y niñas también han dejado su huella en las negociaciones. Durante la segunda reunión oficial sobre el tratado propuesto, celebrada en septiembre de 2026, niños y niñas de Croacia, Indonesia, Liberia, México y Suecia, presentaron los resultados de consultas realizadas con niños y niñas de todo el mundo. Recordaron a los gobiernos que la educación no es verdaderamente gratuita cuando las familias tienen dificultades para cubrir los gastos de transporte, uniformes y materiales escolares. Asimismo, reclamaron que los niños y niñas puedan participar de manera significativa en la elaboración de las políticas y leyes educativas, así como en su seguimiento y supervisión.
Karen, una representante de 17 años de México, explicó por qué esto es importante: “Estamos contribuyendo a dar forma a algo que está destinado a influir en nuestras vidas y en las de las generaciones de niños y niñas que vendrán después de nosotros. Y creo que precisamente por eso nuestras voces deben estar presentes en la mesa de negociación”.
Los desafíos diplomáticos siguen siendo importantes. Aunque varios países apoyaron el inicio de la redacción del nuevo tratado, otros pidieron más tiempo para analizar sus implicaciones. Estas cuestiones merecen ser debatidas, pero no deberían convertirse en una excusa para posponer indefinidamente los avances.
La República Dominicana ya ha contribuido a movilizar apoyos en toda América Latina. Al día de hoy, 62 gobiernos de todo el mundo han manifestado públicamente su respaldo a esta iniciativa, entre ellos la mayoría de los países de la región. La próxima reunión oficial para debatir el tratado propuesto, prevista para octubre de 2027, ofrece una nueva oportunidad para ampliar esta coalición.
Como miembro del grupo de 39 países que conforman los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), la República Dominicana podría animar a otros países insulares del Caribe, el Pacífico y el océano Índico a sumarse a esta iniciativa. De este modo, podría demostrar cómo países que a menudo quedan relegados en la diplomacia internacional pueden asumir un papel de liderazgo en la promoción de los derechos de la infancia.
La pregunta ahora es si otros países estarán a la altura de la visión de la República Dominicana: un mundo en el que todos los niños y niñas, en todas partes, puedan ir a la escuela, aprender y desarrollar plenamente su potencial.
Nevena Valentinova Saykova es responsable de incidencia en materia de educación en Human Rights Watch.
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