La reforma fiscal dio un salto hacia el Congreso

Este pasado lunes 3 de marzo fue introducido en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modifica los “regímenes de exenciones y privilegios fiscales” y que, en gran medida, replica el intento de modernización fiscal que el Poder Ejecutivo presentó a finales del año pasado antes de retirarlo el 19 de octubre de 2024.

Este “nuevo” proyecto igualmente elimina, quirúrgicamente mediante derogaciones específicas, el régimen de renovación y modernización de PROINDUSTRIA para las industrias nacionales, los incentivos de CONFOTUR para el sector turístico, y los incentivos de la Ley de Cine. El proyecto contiene otras disposiciones que ameritan extensa discusión, pero esta entrega se enfocará en los referidos puntos vitales que se arrastran desde la propuesta del año pasado.

Cuando el Poder Ejecutivo retiró su propuesta de modernización fiscal, la expectativa de la sociedad civil y los diferentes gremios fue que se retomarían al corto plazo las discusiones entre el sector público y privado para definir un nuevo proyecto balanceado, un plan que incrementara las recaudaciones mediante la reestructuración de los incentivos, aunque esto inevitablemente es una misión desafiante. Por esta razón ha generado mucha perplejidad que se sometiera directamente en la Cámara de Diputados este proyecto de ley que repite sustancialmente los mismos puntos espinosos de la propuesta del Poder Ejecutivo.

Aunque naturalmente los diputados y senadores tienen el derecho a presentar iniciativas bajo la Constitución dominicana, no menos cierto es que la prudencia política debió haber llevado a que este proyecto se discutiera públicamente entre las partes interesadas antes de ser sometido formalmente al Congreso Nacional. Incluso cuando una administración como la actual puede aplicar la “aplanadora” (para tomar prestada una frase del breve gobierno de 1963 del profesor Bosch) y pasar un proyecto de ley a su discreción, el ejercicio de este poder debe ser aproximado con extrema cautela y ponderación. Haberse saltado la etapa precongresual de consensuar un proyecto de esta envergadura es el equivalente legislativo de tomarse un martini en la hora de almuerzo sin haber desayunado por la mañana — ¡una receta para el desborde!

La derogación completa de estos regímenes de incentivo sería lesiva para la competitividad de la economía dominicana, especialmente en este próximo cuatrienio que será retador en todos los sentidos y dado que ya estamos notando cómo se comienza a desvanecer el sistema internacional que predominó luego de la Segunda Guerra Mundial. Esta nueva era incierta, donde prima la ley del más fuerte, nos obliga a enfocarnos en sostener la competitividad de nuestras industrias, sobre todo cuando se han disparado los primeros tiros de la guerra arancelaria. Este es precisamente el objetivo de los incentivos de PROINDUSTRIA, bajo los cuales nuestras industrias adquieren nuevas maquinarias y modernizan sus procesos de manufactura para ser más eficientes.

El razonamiento para mantener los incentivos de CONFOTUR y la Ley de Cine va por esta misma línea. En este momento no sabemos – ni podemos prever – los giros geopolíticos y geoeconómicos que serán encausados ya sea por voluntad propia de otras naciones o por la ley de las consecuencias inesperadas. Por tanto, no es el momento propicio para eliminar regímenes de incentivos; estos pueden ser importantes herramientas para la captación de nuevas inversiones debido al movimiento de capital que desde ya se puede atisbar por el deterioro de las condiciones a nivel mundial y la conformación de nuevos bloques comerciales.

En otras palabras, en la medida que la República Dominicana pueda mantenerse siendo un país libre, democrático, abierto para la inversión, apegado a la ley (o intentando) y que permanezca al margen de crisis internacionales, continuará siendo un país receptor de inversiones y con potencial de crecimiento.

Claro está, el gobierno no puede echar a un lado el problema de la insostenibilidad fiscal solo por la coyuntura internacional. Pero esta nunca fue la expectativa, pues los dominicanos simplemente esperan la oportunidad de debatir un nuevo proyecto balanceado y menos lesivo para sectores esenciales de nuestra economía. El proyecto nuevo de la Cámara de Diputados nos obliga, entonces, a mantener una alerta máxima, en especial porque no se trata del primer proyecto sorpresivo que se intenta tramitar directamente ante el Congreso este año. Ese honor se lo lleva la propuesta de modificación de la ley de residuos sólidos que también tiene una serie de problemas conceptuales altamente preocupantes, particularmente su aumento desmedido de las tasas de la contribución especial prevista para los residuos sólidos. Pero el problema es el mismo: aquellas piezas legislativas que deberían consensuarse y discutirse bajo el sol, que es el mejor desinfectante como dijo el magistrado de la Suprema Corte de Justicia estadounidense, Louis Brandeis, se someten directamente en el Congreso en lo que desafortunadamente se puede interpretar como un intento de aprobar proyectos problemáticos de manera apresurada sin que la opinión pública pueda organizarse y retroalimentar.

En definitiva, este no es el momento para lacerar el desempeño de nuestros sectores estratégicos, muchos de los cuales aún permanecen en una etapa de desarrollo. La clave de nuestro éxito en este nuevo orden mundial consistirá precisamente en permanecer un lugar atractivo para hacer negocios de manera competitiva mientras que otros países se enfrascan en la hoguera de este retorno al mercantilismo. No podemos darnos el lujo de que el Congreso legisle en un abrir y cerrar de ojos sin tomar en cuenta los efectos negativos de los proyectos propuestos, máxime cuando el panorama internacional ya representa un reto casi infranqueable y arbitrario.