La política pública en salud mental: entre la coherencia y el desatino

A partir del año 2020, al principio por causa de la Pandemia y posteriormente por la desatención oficial, los servicios de salud mental se fueron a pique. Hasta esa fecha, los trabajos realizados y los avances logrados, mostraban con sobradas evidencias, unas mejoras que fueron reconocidas en repetidas ocasiones por instancias respetables. Se llegó a colocarnos como ejemplo a replicar en la región.

Todo proceso en salud implica una acción planificada en el curso del tiempo, que se  somete a una serie de fases  de seguimiento y control, entre otros elementos;  desde lo estratégico a lo operativo.  Esto implica un flujo permanente del accionar en el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos para lograr los objetivos. Al abandonar la planificación y degradarse la gestión, el resultado fue el deterioro de los servicios de salud mental hasta los niveles deplorables en que se encuentran hoy. Se está pagando el precio por no seguir con la ejecución del Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022.

La coherencia:

El 21 de agosto de 2025, el ministro de Salud Pública, Dr. Victor Atallah, entregó la propuesta de modificación a la Ley 12-06 sobre salud mental al presidente del Senado, Ricardo de los Santos. La iniciativa busca garantizar la atención en el primer nivel, mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura. Se enfoca en cinco ejes fundamentales: derechos humanos, accesibilidad y calidad, prevención y enfoque comunitario. En artículos anteriores, por este mismo medio, hemos aplaudido esta iniciativa del Ministerio de Salud y hemos solicitado apoyo para que la misma sea votada en el Senado. Reconocemos que en sentido general  es un documento que llena las expectativas de quienes trabajamos salud mental, a la vez que cubre los anhelos de los pacientes, sus familias y de la sociedad. Es un documento coherente con las aspiraciones sensatas, nacionales e internacionales, que debe guiar a las políticas públicas en la actualidad.

En el mes de septiembre de 2025, la Comisión de Salud Pública del Senado, que preside la Dra. Lía Díaz, decidió, de manera acertada, enviar a una Comisión Especial, tres anteproyectos de ley que habían sido enviados a dicha Comisión. Uno de estos anteproyectos fue el recibido desde el Ministerio de Salud. Esta Comisión Especial ha venido trabajando con formalidad y dedicación sobre la tarea encomendada, realizando sesiones de estudio de las tres propuestas. Ha analizado la matriz comparativa y ha efectuado encuentro con actores del sector para evaluar las iniciativas y recoger las sugerencias depositadas en pos de validar y enriquecer los contenidos. La Comisión Especial de Salud ha hecho su labor con empeño y coherencia.

El día 10 de febrero pasado, desde uno de los salones del Palacio Nacional, con la presencia del presidente de la República Luis Abinader, el Ministerio de Salud Pública presentó el tan esperado Plan Nacional de Estrategia de Salud Mental 2026-2030, el cual estará enfocado en acciones preventivas, participación comunitaria, integración social y fortalecimiento de la atención primaria. Debemos resaltar dos elementos: primero, la presencia del presidente de la República encabezando el acto desde el Palacio Nacional, lo cual constituye un espaldarazo al Plan, y en segundo lugar debemos destacar la coherencia que existe entre los ejes programáticos y los objetivos del Plan con los contenidos del anteproyecto de revisión a la ley de salud mental entregado meses atrás al Senado.

El desatino:

Resulta insólito y desacertado que al cierre de esa última actividad, se avisara sobre la construcción de un Instituto Nacional de Neurociencia.  Ese anuncio rebela una incoherencia, un desatino, entre lo que se busca, primero, con una propuesta de revisión a la ley anterior que tiene muchas luces y apenas algunos detalles observables, que marca unos avances significativos en el abordaje integral a la salud mental y rompe con el modelo manicomial,  y se abraza al modelo comunitario y de respeto a los derechos de las personas; y segundo, causa cortocircuito con los contenidos del Plan presentado en ese mismo momento,  un Plan que está alineado con las aspiraciones contenidas en el espíritu de lo propuesto en el anteproyecto.

Ser fiel a una planificación, hasta donde las circunstancias lo permitan, es una señal positiva de buena gestión. Improvisar, aún sea al buscar impacto político, es “echar jabón al sancocho” en el momento exacto que se va a servir, es una insensatez. Porque al fin y al cabo, no importa el nombre que se le busque, por moderno y sofisticado que sea, un hospital psiquiátrico no está contenido en ese documento oficial tan largamente esperado, como es el Plan Nacional 2026-2030, y que en sentido general es un acierto que celebramos. Promover cualquier forma de hospital psiquiátrico, en franco contrasentido al espíritu del anteproyecto de ley y al Plan Nacional, es un desatino  que debemos rechazar.