La política criminal de un Estado y los desafíos globales

La política criminal constituye el conjunto de estrategias normativas, institucionales y operativas mediante las cuales el Estado previene, controla y sanciona el fenómeno delictivo. No se reduce al Derecho Penal sustantivo ni al proceso penal, ya que integra además políticas públicas de prevención, ejecución penal, reinserción social, inteligencia criminal y cooperación internacional. Nada simple.

En el contexto contemporáneo, la política criminal ya no puede diseñarse bajo una lógica puramente interna, a partir del impacto comparado que de manera disciplinada se recibe, en virtud de que los fenómenos delictivos han adquirido una dimensión transnacional, tecnológica y financiera que desborda las fronteras tradicionales del Estado-nación, razón por la cual los desafíos globales inciden directamente en la configuración de los sistemas penales nacionales.

Desde la dogmática penal, la política criminal puede definirse como la orientación valorativa que guía al legislador y a los operadores jurídicos en la selección de bienes jurídicos protegidos, en la determinación de las conductas punibles y en la graduación de las sanciones, y sus fundamentos descansan en el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege), la proporcionalidad entre delito y sanción, la mínima intervención penal (ultima ratio), la protección de derechos fundamentales, tanto de la víctima como del imputado y en la eficacia preventiva, tanto general como especial. En un Estado social y democrático de derecho, la política criminal no puede ser meramente punitiva, debe ser racional, garantista y orientada a resultados verificables.

El delito tradicional, individual y visible, ha sido progresivamente sustituido o complementado por modalidades complejas, organizadas y tecnológicamente sofisticadas. Entre los principales desafíos globales destacan: a) Criminalidad organizada transnacional; b) Lavado de activos y criminalidad financiera; c) Ciberdelincuencia; d) Terrorismo internacional; y, e) Las crisis migratorias y la trata de personas.

A partir de estos desafíos globales que venimos experimentando de manera excesivamente acelerada, una política criminal moderna debería sentar sus bases en la evidencia empírica y análisis criminológico, fortalecer a toda costa la cooperación internacional judicial y policial, garantizar incansablemente el control constitucional y convencional de las normas penales, priorizar de manera efectiva en la prevención estructural, abordando factores socioeconómicos que inciden en la criminalidad e integrar enfoques de compliance y gobernanza corporativa para enfrentar la criminalidad económica.

La política criminal del Estado, en el escenario global, ya no puede concebirse como un instrumento meramente reactivo, como ha venido ocurriendo históricamente. Debe transformarse en una arquitectura estratégica persistente que combine prevención, represión eficaz y protección irrestricta de los derechos fundamentales.

El desafío insoslayable consiste en construir un modelo que responda con firmeza frente a la criminalidad organizada, financiera y tecnológica, sin sacrificar los principios que sustentan el Estado de derecho. En definitiva, la legitimidad de la política criminal no se mide por la severidad de sus penas, sino por su coherencia constitucional, su racionalidad técnica y su capacidad real de proteger a la sociedad dentro de un marco democrático.

Bien decía Confucio: trabaja arduamente en impedir los delitos y así no necesitarás castigos.