Por irresponsabilidad del Estado, las familias originarias de la provincia Pedernales han vivido sin títulos de propiedad de sus parcelas, solares y viviendas que datan desde el primer poblado, 1927 (Sabana Juan López, hoy municipio Pedernales), durante el gobierno de Horacio Vásquez.
Nunca, sin embargo, nadie osó ocupar los predios asignados, hasta que los políticos malos minaron al pueblo con gente de poca monta de otras comarcas para usarlas los días de elecciones y abultar resultados.
Y, más recientemente, por oleadas de maleantes, a ratos como testaferros de políticos, azuzados por las expectativas creadas por funcionarios sobre desarrollo turístico y encarecimiento de las tierras.
El estado actual de esta pacífica provincia es de alta tensión, a las puertas de tragedias recurrentes, con la agravante de que las autoridades “se hacen los chivos locos”. En cualquier amanecer, propiedades caen en manos de trullas de delincuentes dispuestos a matar.
Nadie está seguro en estas tierras de este recodo del suroeste. Mas no hay señales de “tomar el toro por los cuernos” para prevenir que esta comunidad pierda su histórica paz y manche el turismo en cierne.
Ahora, fuertes rumores circulan sobre el robo de las tierras agrícolas propiedad de familias fundadoras en Los Olivares, tres kilómetros al este del municipio cabecera. Tierras otra vez en producción de mangos perdidas por orfandad de apoyo estatal.
El Gobierno, a través de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado, ha iniciado las mediciones catastrales correspondientes con miras a titular las tierras de la Parcela 40, que contiene a Los Olivares. Excelente.
Pedernales no resiste otro escándalo como el caso Bahía de las Águilas
Pero ya comienzan a llegar al pueblo tunantes con “cartas-constancia” que les consignan como supuestos dueños.
En Pedernales se afianza la percepción de que una mafia con pilares incrustados en las instituciones estatales está activa asignando a truhanes las tierras ajenas en pleno proceso de medición a cambio de cuotas.
Ante el creciente estado de incertidumbre, el Gobierno debe reaccionar cuanto antes con información veraz. Cada minuto que pasa, crece el rumor sobre los mencionados vínculos y se enraíza en el imaginario colectivo como hándicap de la actual gestión.
El Instituto Agrario Dominicano (IAD), el Ministerio de Agricultura, el Tribunal de Tierras, Catastro y la misma Presidencia deben brotar desde el silencio lúgubre.
Pedernales no resiste otro escándalo como el caso Bahía de las Águilas, el gran debut a inicios de la década del 90 del siglo XX de invasión de la parcela 215-A (362 millones de metros cuadrados), que frenó por dos décadas el arranque del proyecto turístico, hoy en ejecución por parte del Gobierno y con alianza privada.
Lo menos que podemos exigir para las familias originarias es respeto a lo poco que poseen a golpe de trabajo y a su perseverancia sin parangón por mantener viva la comunidad para que hoy sea objeto de inversiones turísticas y atractivo para el mundo.
El presidente Luis Abinader ha dado un paso positivo al ordenar la titulación de las parcelas agrícolas y urbanas que configuran el municipio principal. Debe seguir el proceso, agilizarlo y avanzar sin pausa hasta cubrir todo el territorio urbano, con la vara de la justicia en las manos.
Pero de nada servirá tal iniciativa si permite el embarre que —según las versiones en la comunidad— ya hiede. Se habla ahora de que de la nada apareció una dueña de la parcela 40 (¿será cierto?) y llegan, con documentos amañados, “parceleros” que jamás olieron sus tierras rojas mientras llovía.
Es conveniente “colar el café bien claro” con este proceso, en esta coyuntura. Por lo pronto, el Defensor del Pueblo debería intervenir para que luego no venga el can azaroso de pasarse la vida en los tribunales hasta el cansancio, como gusta a los mañosos con dinero; o los afectados, en estado de indefensión por parte de las autoridades, hacer justicia con sus manos.
Los Olivares representa un trozo de historia y cultura pedernalense en parcelas asignadas a familias fundadoras para producir sus alimentos. Y a esas familias hay que entregarles sus títulos. A nadie más.
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