La paradoja de Hambre Cero

Un análisis sociológico sobre las limitaciones del enfoque paramétrico de la FAO
Dedicado al destacado Profesor César Pérez

Para juzgar rigurosamente el valor de verdad del anuncio de que la República Dominicana ha salido del Mapa Mundial del Hambre tras reducir la Prevalencia de la Subalimentación (PoU) del 8.7% en 2019 a un rango de entre 2.5% y 3.6% para el período 2025-2026, resulta imprescindible desarmar la arquitectura matemática de dicho indicador. El PoU (Prevalence of Undernourishment) no constituye un registro físico directo de la ingesta real de alimentos de los hogares dominicanos, sino un modelo estadístico paramétrico de naturaleza macroeconómica que asume una distribución de probabilidad “log-normal” del consumo de calorías diarias en la población. Matemáticamente, el indicador se integra como la probabilidad de que el consumo calórico individual caiga por debajo del Requerimiento Mínimo de Energía Alimentaria (MDER), expresado como la integral de la función f(c) desde cero hasta el umbral MDER.

Este modelo matemático se alimenta de tres variables primarias que configuran su ontología cuantitativa: en primer lugar, la Disponibilidad Energética Alimentaria Per Cápita (DEC), calculada a través de las Hojas de Balance de Alimentos agregadas del país, las cuales consolidan la producción nacional más las importaciones brutas, restando las exportaciones, el uso industrial/animal y las pérdidas post-cosecha. En segundo lugar, el Coeficiente de Variación del Consumo (CV), que estima el nivel de desigualdad en la distribución del acceso calórico familiar, derivado indirectamente de las encuestas nacionales de ingresos y gastos de los hogares (como la ENIGH de la Oficina Nacional de Estadística). En tercer lugar, el Requerimiento Mínimo de Energía Alimentaria (MDER), el umbral biológico mínimo indispensable para sostener las funciones metabólicas básicas en condiciones de actividad física ligera o sedentaria, el cual para la República Dominicana se sitúa en un rango de 1,800 a 1,900 kilocalorías diarias por persona.

Esta formulación matemática genera severas limitaciones epistemológicas y sesgos metodológicos de carácter estructural. Al apoyarse esencialmente en las Hojas de Balance de Alimentos, cualquier incremento bruto en el suministro alimentario agregará calorías al modelo. Si el país eleva la importación masiva de materias primas baratas de alta densidad energética y baja calidad nutricional (como grasas saturadas, harinas refinadas y azúcares procesados), la Disponibilidad Energética Alimentaria Per Cápita (DEC) se eleva artificialmente. La ecuación interpreta esto matemáticamente como una reducción automática del hambre, cuando en realidad refleja la inundación de lo que teóricos de la salud denominan 'calorías baratas', las cuales precarizan la salud metabólica de las mayorías populares sin resolver las deficiencias nutricionales básicas de la población dominicana.

Para confrontar la validez material de la afirmación oficial de 'Hambre Cero', la sociología crítica recurre a la triangulación con la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES). A diferencia del modelo macroeconómico abstracto del PoU, la FIES es una métrica psicométrica directa basada en encuestas aplicadas a hogares reales. Mediante ocho reactivos ponderados bajo el Modelo de Rasch (Teoría de Respuesta al Ítem), la escala evalúa de manera continua y empírica las limitaciones materiales que enfrentan las personas para adquirir alimentos debido a la escasez de dinero u otros recursos, capturando dimensiones cualitativas de la dieta, la incertidumbre psicológica y la calidad global del acceso.

El contraste entre ambas metodologías revela una disonancia insalvable en el territorio dominicano. Mientras que el PoU de la FAO sitúa la subalimentación dominicana por debajo del 3.6% (declarando técnicamente el umbral de 'Hambre Cero'), el indicador FIES, desarrollado y validado por la propia organización multilateral, muestra un panorama radicalmente opuesto: aproximadamente el 41.0% de la población padece de inseguridad alimentaria en su rango de moderada o grave. Esto significa que más de cuatro de cada diez dominicanos reducen de forma sistemática la calidad y diversidad de su dieta, consumen porciones inferiores a las necesarias o se saltan comidas de forma recurrente debido a la carencia de ingresos financieros. La aparente erradicación calórica convive con una precariedad cotidiana de acceso masivo, desmantelando la legitimidad del fetiche numérico y exigiendo una evaluación más profunda sobre las titularidades de acceso monetario.

Apoyados en las tesis de economía política agraria y el enfoque de las titularidades de acceso de Amartya Sen, se colige que la disponibilidad agregada de mercancías alimentarias en un mercado es irrelevante si las familias carecen de derechos de intercambio reales fundados en salarios e ingresos monetarios dignos. En la formación social dominicana, caracterizada por una tasa de empleo informal que supera el 55% de la población ocupada, la inflación acumulada de los alimentos ha sido devastadora. En el primer quintil de la población (el 20% más pobre), el costo de los alimentos registró un incremento acumulado superior al 42.7% durante el periodo comprendido entre los años 2019 y 2025, socavando profundamente el poder adquisitivo de la clase asalariada y ampliando de forma exponencial las brechas de accesibilidad material frente a la canasta básica.

De acuerdo con los datos oficiales de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y los informes del Banco Central, el costo estimado de la Canasta Básica Nacional General asciende hoy a la cifra de RD$ 48,541, lo que representa un incremento dramático del 38.7% con respecto al año 2019. Al enfocar el estrato social más vulnerable de la población, la canasta básica del Quintil 1 bordea un costo de entre RD$ 29,137 y RD$ 29,350. Frente a estas canastas indispensables para sostener la vida, la estructura de salarios mínimos de la República Dominicana devela un profundo, agudo y sistemático déficit de cobertura que predetermina la exclusión alimentaria según la inserción en el mercado de trabajo.

El análisis pormenorizado de los salarios mínimos legales vigentes devela la inviabilidad financiera de la subsistencia para la clase trabajadora dominicana. En la cima de la escala salarial formal, las grandes empresas ofrecen un sueldo mínimo mensual de RD$ 24,900, una suma que solo alcanza para cubrir aproximadamente el 85.4% de la canasta del Quintil 1 y apenas un 51.3% de la Canasta Básica General. Esta brecha de cobertura se profundiza drásticamente al descender en la pirámide empresarial: las medianas empresas pagan un salario mínimo de RD$ 15,000, lo que representa una cobertura del 51.4% de la canasta de supervivencia del Quintil 1 y un humillante 30.9% de la canasta general. Por su parte, las pequeñas empresas establecen un mínimo de RD$ 12,900 (cubriendo el 44.2% del Quintil 1), mientras que las microempresas disminuyen el pago legal a RD$ 11,500, logrando cubrir apenas el 39.4% de la canasta del primer quintil. El sector público y el amplio mercado del campo informal extremo registran ingresos medios de entre RD$ 10,000 y RD$ 12,000 mensuales, limitando la cobertura alimentaria a rangos que oscilan entre el 34.3% y el 41.1% del costo del quintil más pobre, consolidando un panorama de exclusión estructural generalizada.

Esta fractura socioeconómica se torna insalvable al introducir la dimensión de la 'Dieta Saludable' definida por las agencias multilaterales como la FAO y el SOFI. Esta canasta nutricional óptima, que asegura la ingesta equilibrada de los seis grupos alimentarios esenciales, tiene un costo estimado de entre USD $4.30 y USD $4.50 de paridad de poder adquisitivo (PPA) diarios por persona. Para una familia promedio dominicana de cuatro integrantes, costear una alimentación verdaderamente saludable requiere un desembolso exclusivo de entre RD$ 30,000 y RD$ 32,000 mensuales. Al contrastar este requerimiento con la escala salarial nacional, resulta evidente que la nutrición óptima es un lujo financieramente imposible para más del 35% de los hogares del país, empujándolos forzosamente al consumo de calorías baratas para mitigar el hambre física inmediata.

Al deconstruir críticamente los patrones de consumo populares, se devela un proceso que el sociólogo Raj Patel denomina la 'llenadura' (stuffed) de la clase trabajadora: el sistema de mercado agroalimentario capitalista no nutre al trabajador, sino que lo rellena con energía barata de baja calidad nutricional para sostener y reproducir la fuerza de trabajo al menor costo de reproducción social posible. Como consecuencia directa del encarecimiento extremo de los alimentos frescos y saludables y el estancamiento salarial generalizado, la aparente superación estadística del déficit de energía primaria (la desnutrición aguda o inanición absoluta) coexiste de forma perversa con la denominada 'doble carga de la malnutrición' de clase.

En los sectores más vulnerables de la pirámide social (Quintiles 1 y 2), el hambre tradicional ha mutado hacia el 'hambre oculta', un conceptor acuñado teóricamente por Josué de Castro para definir la deficiencia silenciosa y crónica de micronutrientes esenciales como el hierro, el zinc y vitaminas fundamentales, afectando de manera directa el desarrollo cognitivo y la resistencia inmunológica de la población. Simultáneamente, la ingesta forzada de calorías de alta densidad glucémica (refrescos azucarados, harinas refinadas y embutidos ultraprocesados de bajo costo) dispara las tasas de enfermedades crónicas no transmisibles —obesidad, diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial—. Bajo las formulaciones de la epidemiología crítica de Jaime Breilh, la enfermedad metabólica contemporánea se erige como la huella fisiológica de la exclusión socioeconómica de clases en la República Dominicana.

Bajo el análisis del régimen alimentario corporativo teorizado por Philip McMichael y Harriet Friedmann, el descalabro nutricional dominicano se encuentra indisolublemente conectado con la pérdida sistemática de la soberanía agraria nacional. A partir de la firma e implementación de tratados de libre comercio de corte neoliberal como el DR-CAFTA, se ha impuesto una reorientación espacial y productiva del territorio nacional: las tierras de alta vocación agrícola y las principales cuencas hídricas del país se concentran progresivamente en monocultivos de agroexportación orientados a la captación de divisas y en desarrollos de enclave inmobiliario-turísticos, mientras se destruye sistemáticamente la economía campesina tradicional de producción de granos básicos.

Esta dinámica de desposesión agraria genera una alta vulnerabilidad estructural frente a los shocks de precios internacionales. Al desmantelar el tejido agrícola local, el país se ha vuelto profundamente dependiente de la importación corporativa transnacional de granos básicos e insumos agroquímicos desde mercados como el de Estados Unidos, importando de forma directa la inflación alimentaria global. Se consolida de este modo la paradoja rural identificada por Jan Douwe van der Ploeg: las familias campesinas y los jornaleros que siembran y cosechan los alimentos en los valles agrícolas más fértiles del país padecen hoy de los mayores índices de inseguridad alimentaria y desposesión económica, viéndose forzados a migrar a las periferias urbanas desprovistos de autonomía productiva y subsistencia alimentaria.

Para mantener el orden social y la paz social frente a estas agudas asimetrías distributivas, el Estado dominicano despliega sofisticados dispositivos biopolíticos de asistencia social —como el subsidio monetario Aliméntate de la tarjeta ADESS, la Red de Comedores Económicos del Estado y el Programa de Alimentación Escolar (PAE)—. Analizadas bajo la lupa foucaultiana del biopoder y el concepto de la revolución pasiva de Antonio Gramsci, estas políticas de asistencia no están configuradas como derechos ciudadanos reales orientados a erradicar de raíz la exclusión material, sino como mecanismos técnicos de control, disciplina y administración de la miseria urbana y rural dominicana.

La función primordial de estas tecnologías asistenciales es regular con exactitud el umbral biológico mínimo de supervivencia de las poblaciones desposeídas. Al suministrar insumos de supervivencia calórica básica que impiden el colapso fisiológico terminal (la inanición o muerte física por hambre), el Estado desmoviliza el potencial conflicto social, desarticula la resistencia organizada y neutraliza las demandas populares de justicia distributiva y soberanía agraria. El 'Hambre Cero' proclamado formalmente by la FAO sirve como un potente dispositivo ideológico y de legitimación institucional: una revolución pasiva que encubre la consolidación del régimen corporativo de mercado, deponiendo las demandas sustantivas de soberanía agraria, acceso digno y buen vivir en favor del fetiche anestésico del promedio macroestadístico calórico.

La superación de la paradoja alimentaria dominicana no provendrá de la sofisticación técnica de los modelos paramétricos de las agencias multinacionales de desarrollo, sino de la deconstrucción del modelo asistencialista imperante y la articulación de una ruta alternativa fundamentada en el derecho sustantivo a la soberanía alimentaria. Para transitar desde el fetiche calórico hacia una justicia social efectiva, se propone una agenda programática basada en cuatro ejes institucionales bien delimitados:

Primero, la Reforma Salarial Basada en el Derecho Sustantivo al Acceso. Retomando los principios de Amartya Sen, se propone la indexación legal e inmediata del salario mínimo al costo real de la Canasta de Dieta Saludable de la FAO/SOFI (aproximadamente RD$ 30,000 – RD$ 32,000 mensuales para una familia tipo de cuatro personas). Esto implica abolir la fragmentación salarial legal que permite salarios de RD$ 11,500 o RD$ 12,900 en micro y pequeñas empresas, unificando el umbral de pago mínimo formal de manera que cubra, al menos, la canasta del primer quintil social, cerrando de forma definitiva la brecha de las titularidades de cambio.

Segundo, la Recuperación de la Soberanía Agraria frente al DR-CAFTA. Es urgente establecer políticas activas de protección a los cultivos agrícolas tradicionales campesinos y granos básicos frente a la competencia asimétrica del tratado comercial. Esto se operacionaliza mediante subsidios estatales directos, provisión de insumos orgánicos nacionales, acceso democrático al crédito agrícola blando y la protección de las tierras agrícolas fértiles y fuentes hídricas frente a la especulación inmobiliaria y turística, desvinculando la estructura de precios locales de los choques especulativos y la inflación de los mercados internacionales.

Tercero, la Reingeniería de los Dispositivos de Compras Públicas Locales. Los programas estatales de asistencia alimentaria (como el Programa de Alimentación Escolar y la Red de Comedores Económicos) deben ser estructuralmente rediseñados para dejar de operar como mecanismos biopolíticos de distribución calórica controlada de origen importado. Se propone establecer por ley una cuota mínima de compras públicas obligatorias del 40% dirigida de manera exclusiva a la agricultura familiar y campesina nacional, lo que dinamizará los mercados agrarios locales y recuperará la autonomía alimentaria comunitaria.

Cuarto, la Regulación de la Llenadura y Defensa de la Salud Metabólica. En consonancia con la epidemiología crítica de Jaime Breilh, resulta indispensable desalentar el consumo masivo de 'calorías baratas' y alimentos ultraprocesados mediante impuestos selectivos al consumo de azúcares procesados, harinas refinadas y embutidos de baja calidad nutricional. Los fondos recaudados por esta vía impositiva deben ser reorientados para subsidiar directamente los alimentos frescos de producción nacional, garantizando que la clase trabajadora acceda a una nutrición óptima y desmantelando la somatización corporal de la desigualdad social.