Punta Catalina ha vuelto al centro de la discusión, como consecuencia de la crisis energética que afecta al país y por la auditoría de la Cámara de Cuentas.

Los defensores de la planta han encontrado en esta coyuntura una oportunidad para relanzar sus argumentos, presentándola no solo como la solución más económica y más viable, sino llegando al extremo de canonizarla como 'Santa Catalina', símbolo de supuesta eficiencia y salvación del sistema eléctrico.

En el otro litoral, quienes desde hace tiempo hemos señalado sus irregularidades encontramos en la auditoría un sustento adicional para rebatir esas defensas y exigir que el debate se dé con altura, sin ocultar lo esencial: la otra factura que el país sigue pagando.

La factura financiera

Punta Catalina no solo fue un proyecto sobrevalorado —con un sobrecosto que va de US$1,331 millones a más de US$2,000 millones según distintas auditorías y benchmarks internacionales—, sino también el reflejo de un modus operandi de corrupción.

La propia Odebrecht admitió haber pagado sobornos para asegurar contratos y sobrevaluaciones. Sin embargo, esa admisión nunca pudo investigarse a fondo en el país, por el mal proceso encubridor del entonces Procurador Jean Alain Rodríguez, quien ni envió delegaciones ni permitió que fiscales dominicanos viajaran a interrogar a los ejecutivos de Odebrecht encarcelados en Brasil y dispuestos a declarar. Ese encubrimiento no solo afectó el esclarecimiento de Punta Catalina, sino que bloqueó la posibilidad de investigar todas las demás obras ejecutadas por Odebrecht en República Dominicana.

La factura técnica

La auditoría técnica de Sargent & Lundy (2022) reveló deficiencias graves: la unidad 2 nunca completó plenamente su prueba de rendimiento contractual, la unidad 1 mostró corrosión en la cámara de filtros del sistema de control de calidad del aire, y los hidratadores fueron subdimensionados. A esto se suman fallas recurrentes en la correa transportadora de carbón, atribuibles a defectos de diseño y fabricación.

Estos hallazgos evidencian el 'péndulo del riesgo de fallas operativas', que compromete la sostenibilidad futura de la planta.

La factura social y ambiental

El otro costo oculto es el ambiental y social. Punta Catalina afecta a comunidades, a las fuentes acuíferas y al litoral costero, con un impacto nocivo en la agricultura, la ganadería y demás actividades productivas de la zona.

A ello se suma la recomendación de Naciones Unidas de abandonar progresivamente el carbón, debido a los riesgos para la salud y el medioambiente. Persistir en esta matriz contaminante solo agrava la deuda social y ecológica del país.

¿Cómo salimos de esta trampa?

Entre las rutas que se han discutido para afrontar el futuro de Punta Catalina figuran:

– Conversión tecnológica parcial hacia gas natural, como puente de mediano plazo, aunque con riesgos asociados a precios y suministro.
– Retiro escalonado, siguiendo experiencias de países que han cerrado plantas a carbón con cronogramas pactados y programas de transición justa para trabajadores y comunidades.
– Ampliación de la matriz renovable (solar, eólica y almacenamiento), un camino que la actual gerencia ya ha comenzado a explorar con proyectos solares para cubrir parte del consumo de servicios auxiliares de la central y liberar así mayor energía neta para el sistema eléctrico nacional.
– Jubilación anticipada de Punta Catalina, una propuesta presentada por el Grupo CNLCC, que plantea sustituir progresivamente la generación a carbón por fuentes limpias y baterías, aprovechando la infraestructura existente y esquemas de financiamiento climático internacional como el Climate Investment Funds (CIF – ACT) y la Energy Transition Accelerator (ETA), así como la posibilidad de captar recursos adicionales mediante emisiones de bonos verdes soberanos.

Todas estas alternativas requieren un plan detallado y transparente, que combine viabilidad técnica, seguridad energética, financiamiento y protección ambiental.

La tesis central es clara: la obra pública no puede medirse solo por el kWh más barato, sino por su capacidad de sostenerse en el tiempo, de respetar a la gente y al medioambiente, y de transformar un pasivo en un verdadero activo estratégico para el país.