En toda democracia que aspire a algo más que a la alternancia mecánica del poder, la oposición cumple la función esencial de fiscalizar, advertir, denunciar y proponer. No es un actor accesorio del sistema político, sino uno de sus contrapesos fundamentales. Sin oposición no hay control; sin control no hay rendición de cuentas; y sin rendición de cuentas, el poder pierde límites.

Sin embargo, no toda oposición fortalece la democracia. Existe una diferencia sustancial entre la oposición responsable y la oposición oportunista. La primera contribuye a mejorar el gobierno y a fortalecer las instituciones; la segunda solo busca capitalizar el descontento social y ganar elecciones, aun a costa de la verdad y de la coherencia.

En la República Dominicana se ha vuelto frecuente un tipo de discurso opositor que descansa más en la rentabilidad propagandística que en la responsabilidad institucional. Se denuncia para impactar, no para corregir; se exagera el error ajeno para provocar indignación; se promete lo imposible desde la comodidad de la crítica, sin explicar cómo se haría viable desde el ejercicio real del poder.

Ese ejercicio no es ingenuo. Es un cálculo político deliberado. Se construyen relatos simples para problemas complejos y se ofrecen soluciones milagrosas a realidades estructurales. El problema no es la denuncia -que es necesaria en democracia-, sino su trivialización. Cuando todo se denuncia sin jerarquía, sin pruebas o sin propuestas, la crítica pierde valor y la palabra pública se devalúa.

Lo más preocupante de esta forma de oposición es su falta de coherencia. En no pocas ocasiones, aquello que fue denunciado con vehemencia desde la oposición termina siendo justificado, relativizado o repetido cuando se alcanza el poder. Lo que ayer era inadmisible hoy se vuelve inevitable; lo que antes era corrupción ahora es herencia recibida; lo que se prometió con facilidad se posterga con excusas.

Esta incoherencia no es solo un problema ético, es un problema institucional. Erosiona la confianza ciudadana, alimenta el cinismo social y debilita la democracia. El ciudadano termina creyendo que toda crítica es interesada y toda promesa es falsa. En ese contexto, la política pierde autoridad moral y el Estado pierde legitimidad.

La oposición verdaderamente democrática entiende que su discurso de hoy será el parámetro con el que será juzgada mañana. Por eso cuida la palabra, modera la promesa y fundamenta la crítica. No denuncia para destruir, sino para enmendar; no promete para seducir, sino para gobernar; no habla para manipular, sino para orientar.

Denunciar con pruebas, proponer con rigor y criticar con coherencia no debilita a la oposición, sino que la fortalece. La convierte en alternativa real de poder y no en simple administrador del malestar social. Oponerse no es un ensayo general de irresponsabilidad, sino una escuela ética del poder que vendrá.

En democracia la oposición no es propaganda ni promesas imposibles, es fiscalizar con ética, denunciar con pruebas y proponer con seriedad. Cuando la crítica se usa solo para ganar votos, no se fortalece el Estado de derecho: se engaña al ciudadano. En la República Dominicana ya no basta con cambiar gobiernos si no cambiamos la forma de oponerse. Quien no sabe ejercer la oposición con responsabilidad, coherencia y verdad, tampoco sabrá gobernar con dignidad.

Carlos Salcedo Camacho

Abogado

Abogado, litigante, asesor jurídico, estratégico e institucional de diversas personas, empresas e instituciones. Dirige desde 1987 su firma de abogado, Salcedo y Astacio, con oficinas en Moca y Santo Domingo. Tiene varios diplomados, postgrados y maestrías, en diversas ramas del derecho, como la constitucional, corporativa, penal y laboral. Autor y coautor de varias obras de derecho y en el área institucional. Columnista y colaborador de las revistas Estudios Jurídicos, Ciencias Jurídicas y Gaceta Judicial y periódicos nacionales y de obras internacionales como el Anuario de Derecho Constitucional, de la Fundación alemana Konrad Adenauer. Desde el año 2010 es articulista fijo del periódico El Día. Ha sido redactor y coredactor de diversas, leyes y reglamentos. Ha sido profesor en la PUCMM y en diversas universidades, tanto en grado como en maestrías. Conferencista en el país y en el extranjero, en diferentes ramas de las ciencias jurídicas y sociales. Fue Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) (2001-2003). Director Estratégico del Senado de la República y Jefe del Gabinete del Presidente del Senado de la República (2004-2006). Fue asesor ejecutivo y el jefe del Gabinete del Ministerio de Cultura (2012-2016).

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