La ONESVIE y brechas en la vigilancia de nuestras edificaciones

“La confianza se construye con hechos, no con palabras”-
Proverbio de ingeniería.

La tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set ha desatado más que lamentos: ha puesto en tela de juicio la solidez de nuestro andamiaje normativo y la capacidad de quienes deben velar por la seguridad de las edificaciones por lo menos en las dos principales ciudades del país. ¿Contamos realmente con un entramado jurídico lo bastante robusto para prevenir colapsos o, de lo contrario, carecemos de inspectores y reguladores capaces de traducir esas normas en acciones efectivas que salven vidas?

Aunque no somos especialistas en ingeniería estructural, nuestra pesquisa exhaustiva ha revelado un corpus legal que, en apariencia, cubre todos los frentes. Entre sus pilares figuran la Ley 160-21, que creó el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones; la Ley 687-82, pionera en el tema de la elaboración de reglamentos técnicos para obras de ingeniería y arquitectura; el Decreto 715-01, que dio vida a la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE); y el Reglamento 201-2011 para el Análisis y Diseño Sísmico de Estructuras. No olvidemos que hasta 2021 convivimos con la Ley 5150 de 1959, un vestigio de la era de la dictadura que requería una actualización urgente, pero que rara vez recibió la atención debida en medio de un crecimiento urbano desordenado.

En el corazón de este andamiaje está la ONESVIE, institución encargada de coordinar, supervisar y evaluar la integridad de toda construcción de alta concurrencia humana —desde edificios oficiales hasta pequeños centros de esparcimiento—, incluyendo, por supuesto, lugares como el Jet Set, antaño emblema de la diversión capitalina. Sin embargo, su labor proactiva tropieza con un velo de opacidad: pocos ciudadanos conocen sus inspecciones periódicas, y menos aún se ha evidenciado la realización de auditorías técnicas exhaustivas en salas de conciertos, centros comerciales o escenarios deportivos.

La magnitud de las funciones de la ONESVIE —monitoreo de parámetros estructurales, planes de prevención, protocolos de emergencia y sanciones— contrasta dolorosamente con una realidad marcada por limitaciones presupuestarias y tecnológicas. Con apenas RD$280 millones al año, difícilmente puede adquirirse equipamiento de medición avanzada o contratar consultorías especializadas. A ello se suma la falta de programas de formación continua que mantengan a los inspectores al día con metodologías de diagnóstico, herramientas de simulación y estándares internacionales, de modo que sus protocolos no queden obsoletos.

El panorama se agrava por la ausencia de un sistema de información integrado: sin una plataforma digital que consolide datos de inspecciones, hallazgos y acciones correctivas, cada fiscalización opera de forma aislada. La coordinación con Defensa Civil, los ayuntamientos y otras instancias se fragmenta, y la trazabilidad de los procesos se diluye en el vacío.

No obstante, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones estatales. El sector privado, pieza clave en la ejecución de obras, a menudo ignora sus propias obligaciones: certificar, actualizar planes de prevención, incluir en los planos medidas sismorresistentes y subcontratar evaluaciones técnicas. Ilustra esta carencia el testimonio del empresario Antonio Espaillat, quien confiesa que durante treinta años se limitó a reemplazar plafones de yeso afectados por la humedad sin recurrir jamás a ingenieros especializados o a las instancias competentes del propio Estado. Este remiendo constante, lejos de garantizar seguridad, expone el déficit de una cultura preventiva compartida.

La confluencia de financiamiento insuficiente, obsolescencia tecnológica, carencias formativas y falta de conciencia regulatoria explica por qué la ONESVIE no cumple ni podría cumplir cabalmente su misión. A esto se añade la apatía de la sociedad civil y la indiferencia de quienes tienen el deber —y el derecho— de exigir transparencia y cumplimiento.

Si verdaderamente deseamos evitar nuevas tragedias, urge una evaluación profunda del presupuesto y la planta técnica de la ONESVIE; una revisión rigurosa de credenciales y competencias; el diseño de una plataforma de información unificada; y la implementación de un programa permanente de capacitación. Simultáneamente, debemos fomentar en el sector privado y en la ciudadanía la convicción de que la seguridad estructural es un patrimonio colectivo, y que todos somos responsables de su preservación.

No necesitamos leyes adicionales, sino la aplicación estricta de las que ya existen: reforzar la inspección, mejorar la auditoría, endurecer las sanciones y, sobre todo, promover una cultura de prevención que no dependa de “dolientes” aislados, sino de la corresponsabilidad de todos los dominicanos.

En próximos artículos desentrañaremos otros componentes del entramado normativo e institucional que garantizan la fiabilidad de nuestras estructuras —civiles, industriales o de cualquier índole— a lo largo de todo el territorio nacional.