En el discurso mediático y corporativo contemporáneo, resulta habitual reducir las tensiones de la población joven a una etiqueta homogeneizante: la “Generación Z”. Presentada como mero segmento de consumo o fenómeno Ciber-dependiente, esta caracterización oculta la profunda estratificación de clase que atraviesa a la juventud. Como advierte Vijay Prashad, “una generación no es una clase”. En la República Dominicana, los jóvenes no configuran un bloque monolítico. Mientras una reducida minoría disfruta de posiciones de privilegio material, formación cosmopolita y acceso a oportunidades en los circuitos globales del capital, la inmensa mayoría sobrevive confinada en los márgenes urbanos de los barrios populares y en empobrecidas comunidades rurales. Lo que aglutina a esta abrumadora masa juvenil no es el dominio de redes sociales, sino el choque cotidiano contra un orden socioeconómico e institucional que ha cancelado sus horizontes históricos de futuro.

Esta cancelación del horizonte vital no constituye un malestar abstracto ni una patología individual, sino el síntoma de una crisis estructural de reproducción social. Según los datos del informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente uno de cada cinco jóvenes en el mundo se encuentra sumido en la condición de “nini” (ni estudia, ni trabaja).

En la sociedad dominicana, esta pauta estadística cobra una crudeza desgarradora que pone de manifiesto la violencia del modelo económico. Cientos de miles de adolescentes y jóvenes quedan atrapados en un limbo existencial tras culminar la escuela secundaria o al verse forzados a abandonar las aulas por carencia de recursos materiales. Esta exclusión presenta un marcado sesgo de género: son predominantemente las jóvenes de estratos vulnerables quienes deben asumir en soledad las tareas no remuneradas de reproducción, crianza y cuidado en el hogar. Sin percibir ingresos propios ni contar con redes públicas de apoyo, sus proyectos de autonomía económica e independencia personal quedan postergados en nombre de la supervivencia doméstica.

Para quienes logran incorporarse al ámbito de la fuerza de trabajo, la realidad laboral lejos de garantizar la emancipación, profundiza la precariedad. Las estadísticas del sector revelan que casi nueve de cada diez trabajadores jóvenes en la República Dominicana laboran bajo el régimen de la informalidad laboral, privados de contratos escritos, protección social y cobertura médica digna. El denominado «chiripeo», la inserción en el transporte informal mediante el “motoconcho”, la subordinación en bancas de apuestas o la subcontratación precaria representan la única válvula de supervivencia inmediata frente al desempleo abierto. Paralelamente, la narrativa ideológica que erigía a la titulación académica como la escalera obligada hacia la movilidad social ascendente se encuentra fracturada. Miles de graduados universitarios y técnicos superiores dominicanos exhiben títulos profesionales que el mercado local es incapaz de absorber o que quedan neutralizados ante las exigencias empresariales de una “experiencia previa” inalcanzable. Este desacople meritocrático se agudiza con la irrupción de la automatización y la inteligencia artificial, procesos que comienzan a eliminar puestos de entrada. La educación eleva legítimamente expectativas de la juventud, pero el modelo productivo responde con una contundente puerta cerrada.

Existe una profunda fisura entre la triunfalista retórica de los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de la clase trabajadora joven. Mientras los analistas financieros celebran la estabilidad del crecimiento, la inversión extranjera o la contención del riesgo país, las mayorías juveniles experimentan la incertidumbre directamente en el estómago y en el bolsillo. La angustia cotidiana no gira en torno a las métricas del producto interno bruto, sino a la duda apremiante de si se contará con recursos para sufragar el transporte, la comida del día o el alquiler de la vivienda.

Esta asimetría se refleja en la orientación del gasto público: abundan las partidas presupuestarias orientadas a infraestructura suntuosa, exenciones fiscales y distribución de prebendas políticas, mientras escasean los fondos asignados a hospitales públicos, becas de investigación y programas de primer empleo digno. Al mismo tiempo, la esfera pública comunitaria se ha visto sistemáticamente desmantelada. Con clubes culturales en desuso, bibliotecas inexistentes y ausencia de infraestructura deportiva, la juventud queda reducida a la interacción mediante la pantalla del teléfono inteligente, consumiendo mitologías de éxito individual instantáneo. Se configura así un régimen de “comunicación sin comunidad y visibilidad sin autonomía”.

Ante la frustración social y los brotes de anomia generados por la exclusión sistemática, la respuesta institucional no ha sido la expansión de derechos, sino la consolidación de un dispositivo punitivo de mano dura. La fuerza policial opera mediante la criminalización de la pobreza, proyectando sobre el joven de barrio la figura del sospechoso habitual antes que la del ciudadano sujeto de derechos. Acorralada entre la violencia institucional y la imposibilidad de construir un proyecto de vida digno en su propio suelo, la juventud dominicana reacciona mediante el anhelo de evasión radical.

La alusión a la bandera pirata de la obra One Piece, mencionada en el debate contemporáneo como símbolo de insubordinación y búsqueda de libertad, asume en la República Dominicana una manifestación dolorosamente literal: la migración forzada. Las peligrosas travesías irregulares conocidas como las “vueltas por México” a través de fronteras continentales o las arriesgadas travesías marítimas en yolas hacia Puerto Rico constituyen el testimonio irrefutable de una generación dispuesta a arriesgar la vida en el océano o donde sea antes que someterse a una existencia ensombrecida por la resignación.

No obstante, este desolador panorama, la juventud dominicana no es un actor pasivo; ha protagonizado significativos chispazos de resistencia colectiva, desde las multitudinarias movilizaciones en la Plaza de la Bandera hasta la lucha socioambiental en defensa de los bienes comunes. En este punto de inflexión, cobra plena vigencia la disyuntiva histórica formulada por Vijay Prashad respecto al destino del malestar generacional en el Sur Global. La indignación social acumulada puede dispersarse en el aislamiento digital y la desesperanza individual, ser cooptada por discursos ultraconservadores y autoritarios, o bien canalizarse hacia la articulación de un sujeto político organizativo de alcance transformador. El desafío histórico de las y los jóvenes dominicanos reside en superar la soledad conectada de la pantalla para estructurar un proyecto colectivo de nación donde tener un futuro no dependa de abordar una yola, cruzar una frontera hostil o emigrar para poder existir.

Héctor Almonte Mella

Nació en el municipio de Mao, Valverde, RD. 1955. Con Maestría en Ciencias Sociales (UASD). Posgrado en Desarrollo Territorial en Alemania y Perú. Director. Ejecutivo del Centro para la Educación y Acción Ecológica, CEDAE. Líder del área Social del Instituto de Investigación Socioambiental, INISA; institución especializada en Desarrollo Territorial y Bioeconomía, adscrito a CEDAE.

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