La justicia dominicana: entre la retórica del cambio y la realidad del colapso

Desde el comienzo de la gestión del presidente Abinader, se ha venido propugnando la retórica de una justicia independiente, la persecución de la corrupción y la supuesta voluntad política para generar un cambio trascendental en el sistema de administración de justicia. No obstante, en la práctica, esta retórica se ha extrapolado a conferir a la Procuraduría General de la República y a quien la preside mayor autonomía respecto a sus funciones, específicamente en la persecución de la corrupción administrativa y el crimen organizado, o al menos en apariencia.

Mucho se ha aplaudido este aparente esfuerzo descomunal; sin embargo, estos esfuerzos poco han impactado a las personas de a pie, quienes padecen de lo cotidiano, de lo poco sonoro, que pecan porque su proceso no cuenta con un título rimbombante y a la prensa no le interesa, pues no tiene manera de sacarle capital al asunto. Para los que viven de las estadísticas, lamentablemente de esto es que está compuesta en su gran mayoría la carga del sistema de justicia, de cosas que a la inmensa mayoría no les llama la atención, pero es el problema de alguien.

Al margen de las noticias que tratan sobre importantes cambios en el sistema de justicia, movidos en apariencia, por la voluntad política; la realidad es otra; i) no se está reteniendo capital humano de calidad por los bajos sueldos, lo que se traduce en fuga de talento al sector privado; ii) no se cuenta con la infraestructura física adecuada para sostener un sistema secretarial digno; iii) los espacios físicos no son aptos para garantizar la integridad de los expedientes, ni para que los servidores los trabajen y; iv) en lo que respecta a las fiscalías, muchas parecen galleras por la falta de personal e infraestructura física que no es acorde con el tránsito de usuarios y el volumen de proceso que manejan.

La solidez de una economía se refleja en sus cimientos; en su caso, los cimientos de nuestra sociedad y de su economía se sostienen del sistema de justicia

Propio mencionar, como nota al margen, que, cuando se descompone el término “sistema de justicia”, nos referimos a todos los actores que intervienen de alguna manera en el sistema: fiscales, jueces, oficinistas, árbitros, abogados, defensores públicos, etc. Todos ellos, independientemente de que sus funciones pueden ser distintas y contrapuestas, forman parte del engranaje que permite que la justicia dominicana se mueva.

Estos padecimientos dificultan una administración de justicia eficiente y transparente de cara a los usuarios; e irremediablemente se traduce en que el sistema está siendo sostenido por servidores, quienes hacen de tripas corazón para que siga operando el engranaje, ya sea por pasión, responsabilidad o un sentido trascendental del deber cumplido. Sin embargo, no es para nada justo lo que ocurre actualmente: es menester que se mejoren las condiciones de los actores públicos que propulsan el sistema, que exista un régimen más transparente de ascensos, que, sin ánimo de parecer sentimentalista, los actores sean más valorados [todos] y que se les provea de una infraestructura apta para los estándares de nuestros tiempos. Aun que exista virtualidad y digitalización de los expedientes, empero esto solo es una pequeña parte de algo más grande; al menos alguien miope como yo lo ve de esa manera.

Y ojo, no pretendo achacar estas situaciones a los incumbentes de la PGR o el Poder Judicial; esto va más allá. A estas instituciones se les deben otorgar más recursos para que puedan aumentar sueldos e invertir en infraestructura, y con ello, tanto usuarios como servidores del sistema puedan beneficiarse de estas mejorías. De lo contrario, es inminente que el sistema colapse y que padezcamos una crisis bastante desagradable que puede implicar años para su corrección.

Antes de concluir, es importante recordar que la solidez de una economía se refleja en sus cimientos; en su caso, los cimientos de nuestra sociedad y de su economía se sostienen del sistema de justicia; si este no funciona o es ineficiente de alguna manera, la sociedad y economía sufren intensamente, posiblemente hasta agonicen. Desde nuestra realidad, un sistema de justicia débil se traduce en inseguridad jurídica; los turistas e inversionistas no verán al país como un atractivo, no vendrán y el resultado se reflejará en pérdidas importantes de flujo, sin contar que otros actores domésticos pueden verse motivados a invertir su dinero en otra parte o trasladar sus operaciones a otra jurisdicción, cosa que no le sería agradable a ningún gobierno.