La justicia del más fuerte

En nuestros tiempos presenciamos la revalidación del derecho del más fuerte. No se trata de un mero discurso académico, sino de un supuesto convertido en eje de la política internacional.

La idea de que la justicia se reduce al derecho del más fuerte hunde sus raíces en los orígenes de la filosofía occidental. En el libro I de la República de Platón, se produce una conversación donde un joven llamado Trasímaco discute con Sócrates defendiendo la tesis de que lo justo es aquello que conviene al más fuerte.

A diferencia del Sócrates platónico, que parte de un ideal de justicia para analizar las situaciones concretas de la vida moral y política, Trasímaco entiende este enfoque como ingenuo e infiere una comprensión de la justicia a partir de las acciones del mundo político. Parece que la vida social le da la razón cuando hace una descripción detallada de cómo los ciudadanos justos sufren en las interacciones sociales la astucia de los hombres injustos.

Sin embargo, el ejercicio filosófico consiste precisamente en trascender la mirada no problemática de las cosas y orientarnos hacia la reflexión sobre si lo que a primera vista parece ser de una manera realmente lo es. Sócrates encarna como nadie esta actitud escéptica de cuestionar las aparentes verdades de este mundo. Sometiendo a Trasímaco a un diálogo donde se ve impelido a inferir las consecuencias de sus conclusiones, Sócrates muestra no solo el carácter cuestionable de la afirmación, sino también su inviabilidad para la vida práctica. Destaco dos de sus contraargumentos:

a) El carácter falible de los gobernantes. La falibilidad es un signo distintivo de la condición humana. Como seres humanos, los gobernantes están abocados de manera indefectible a equivocarse. Sócrates argumenta que los gobernantes pueden incluso errar dictando normas que a su juicio son convenientes y cuyas implicaciones para ellos son perjudiciales.

b) La injusticia es una fuerza desarticuladora. Un Estado injusto o un Estado gobernado por personas injustas no es factible porque requiere de un mínimo de justicia para ser operativo. De lo contrario, el odio y el conflicto lo desarticularían.

En otras palabras, fundamentar el orden político sobre la base de que justo es lo que conviene al gobernante no solo es erróneo, sino de consecuencias desastrosas incluso para los gobernantes. La falibilidad humana exige la cooperación aun de aquellos considerados más débiles, pero esta colaboración es imposible sobre la base de la injusticia, porque la misma genera desconfianza.

Esta es la razón por la que el orden político, tanto a nivel nacional como internacional, requiere de unos principios éticos expresados en una declaración universal de derechos que sirva no solo de límite al ejercicio del poder, sino también de soporte a la colaboración internacional.