Todas las universidades, públicas o privadas, prestan un servicio de interés público. Esto no significa, sin embargo, que su gobernanza deba organizarse conforme a los mismos principios. Las universidades privadas responden ante quienes son sus propietarios o promotores, que pueden ser personas individuales, fundaciones u otras organizaciones. Las universidades públicas, en cambio, responden ante la colectividad y el país. Esta diferencia implica una responsabilidad particular: los mecanismos de designación de sus órganos de gobierno deben ser transparentes, estar regulados y contar con suficientes garantías frente a interferencias y maniobras que puedan comprometer su autonomía.

Podría parecer un principio elemental. Sin embargo, mi experiencia me ha enseñado que su aplicación dista mucho de ser sencilla.

Acostumbrado al sistema italiano, en el que el rector es elegido mediante una votación en la que participan profesores, estudiantes y personal técnico-administrativo, con ponderaciones diferentes, hace unos quince años tuve una primera sorpresa al observar lo que sucedió en una importante universidad colombiana. La institución quedó envuelta en un duro enfrentamiento para remover a la rectora y proceder al nombramiento de un nuevo rector, en medio de fuertes polémicas y de una situación de incertidumbre que se prolongó en el tiempo.

Que el sistema de gobernanza de las universidades públicas colombianas dista mucho de ser perfecto quedó confirmado más recientemente por el caso de la Universidad Nacional. En aquella ocasión surgieron al menos dos cuestiones delicadas: la independencia de un miembro del organismo electoral respecto de la categoría que representaba y la posibilidad de que el poder político ejerciera, a posteriori, una especie de veto sobre la decisión adoptada por los órganos universitarios. Entre recursos ante instancias judiciales ajenas a la comunidad académica y pronunciamientos políticos, el proceso se prolongó durante más de un año.

Una experiencia similar, aunque con características diferentes, me tocó observar hace aproximadamente diez años en Ecuador. Una universidad llegó a tener, en el transcurso de un mismo día, dos rectores. La situación produjo consecuencias paradójicas: en algunas facultades llegaron a coexistir incluso tres decanos, dos de ellos nombrados por el mismo rector, pues cuando este recuperó el cargo por la tarde no siempre confirmó a quienes lo ocupaban por la mañana. En esos mismos años, siempre en Ecuador, otra universidad utilizó un sistema basado en una comisión extranjera, que tampoco estuvo exento de cuestionamientos y posibles distorsiones.

Estas experiencias siempre me han llevado a considerar preferible, cuando es posible, un sistema basado en el voto directo de la comunidad universitaria.

Lo ocurrido hace pocos días en una universidad pública dominicana ha reforzado aún más esta convicción, aunque no me sorprendió demasiado. A diferencia de la mayor universidad pública del pais, cuyo consejo esta compuesto segun evidentes criterios de representacion, el consejo de esa universidad es esencialmente cooptativo con fuerte dimension local y sin representación de los docentes.

En esta universidad, el procedimiento para la designación del rector es muy particular: una vez anunciada públicamente la vacante, una Comisión Especial examina y evalúa las candidaturas y presenta un informe al Consejo que selecciona, mediante votación, una terna de candidatos. Esta es sometida al presidente de la República quien tiene la competencia de elegir al rector dentro de la terna.

Es digno de nota que la Comisión Especial es designada por el propio Consejo, que finalmene interviene en la selección definitiva de la terna. Si, como he podido leer, en la última ocasión se presentaron diecisiete candidaturas, la reducción a tres nombres supone un proceso nada sencillo, que exigiría criterios de evaluación claros, procedimientos verificables y una adecuada delimitación de las competencias de cada órgano.

Esta vez, a pesar de la obligación establecida por la normativa de declarar la vacante del cargo y proceder al nombramiento de la comisión encargada de evaluar los candidatos, el Consejo decidió, por mayoría, proponer directamente un segundo mandato para la rectora.

Hay un elemento irónico en esta historia: mientras buscaba confirmar la noticia, encontré en Internet un artículo que elogiaba un posible candidato ideal. Un detalle que, más allá de la coincidencia —el artículo se había publicado en vísperas de la propuesta de ratificación—, sugiere que también en este caso el desenlace podría terminar en los tribunales, con consecuencias para la vida institucional análogas a las de los casos mencionados.

La decisión provocó una crisis institucional dentro del mismo organismo que la adoptó, que culminó con la renuncia de su presidente.

Este acontecimiento trasciende lo académico porque interfiere con valores fundamentales en un estado de derecho, dado que el procedimiento de designación no concluye dentro de la universidad: la decisión final entre los candidatos que integran la terna corresponde al presidente de la República. Aunque el Consejo presente una terna ordenada, corresponde al presidente de la República elegir libremente entre los candidatos que la integran. No se trata de una competencia meramente formal, como demuestra la decisión adoptada hace cinco años.

La reciente controvertida decisión no solo se aparta del procedimiento establecido por la ley, sino que anticipa una decisión que corresponde al presidente, socavando así el ejercicio de una prerrogativa presidencial, aun cuando en un aspecto marginal. No se trata entonces únicamente de una cuestión de regularidad administrativa, sino del respeto a competencias institucionales definidas por el ordenamiento jurídico.

Resultaría difícil imaginar que el presidente de la República avalara una decisión que no solo prescinde de un procedimiento establecido por la ley, sino que anticipa y limita una prerrogativa expresamente atribuida a su función.

En consecuencia, quienes promovieron la propusta de ratificación parecerían haber pasado por alto una obvia consecuencia de su voto: lejos de facilitar la continuidad de la rectora, estaban creado las condiciones para que el presidente de la República se vea obligado a exigir el respeto de sus prerrogativas y de la legalidad, reclamando que se proceda conforme a las reglas establecidas.

Es paradójico. Se afirma apoyar a la rectora, pero se la coloca en una posición difícil, exponiéndola a una controversia institucional y haciendo más problemática precisamente la continuidad que se pretendía favorecer. Se ignora que el incumplimiento de disposiciones normativas explícitas no tiene cabida en una institución pública.

Pero esta contradicción lleva a plantear una pregunta más sustancial: ¿a quién beneficia realmente una iniciativa de este tipo?

Ciertamente, no a la rectora en funciones. Aun si llegara a concretarse, la iniciativa, presentada como un medio para garantizar su continuidad al frente de la universidad, debilitaría su posición. La ratificación no aparecería como el reconocimiento de los resultados alcanzados y de la confianza de la comunidad académica, sino que podría interpretarse como el resultado de una operación interna, llevada a cabo mediante un procedimiento controvertido que ha provocado una crisis institucional.

Las palabras pronunciadas en su discurso de posesión de hace cinco años, en el que agradecía explícitamente a la Comisión y afirmaba que «lo primero será, sin dudas, el fortalecimiento de la institucionalidad, lo que implica el acatamiento del marco jurídico que envuelve la gestión del Estado y otras leyes que regulan las relaciones de trabajo en las instituciones», no permiten atribuirle responsabilidad directa alguna en lo acontecido. Sin embargo, tampoco evitarán que su figura quede asociada a un episodio que compromete objetivamente su imagen pública.

La autoridad de un rector no deriva exclusivamente de las prerrogativas formales del cargo, sino también de la legitimidad de su mandato y de su capacidad para representar a toda la comunidad universitaria, incluidos quienes no comparten sus decisiones. Una elección obtenida en circunstancias controvertidas deja fracturas difíciles de reparar y debilita la capacidad para ejercer un liderazgo reconocido y afrontar las inevitables divergencias internas. Incluso después de que se resolviera el conflicto, habría un daño reputacional por la duda de si la continuidad del mandato fue asegurada más por los equilibrios internos que por una evaluación libre y transparente de la candidatura.

No sería menor el daño para la universidad. La imagen de una institución académica solo en parte depende de la calidad de su investigación, de su docencia y de sus resultados científicos. También se construye a través de la manera en que adopta sus decisiones, selecciona a sus autoridades y garantiza el respeto de las normas que regulan su funcionamiento. Crisis de esta naturaleza comprometen no solo las relaciones internas, sino también la reputación de la institución ante otras universidades, las autoridades públicas, el mundo científico y los organismos internacionales. Resulta incoherente reivindicar autonomía, excelencia y autoridad en el mundo académico si no se es capaz de garantizar, dentro de la propia institución, el respeto de las reglas fundamentales de su gobernanza.

Hay, en este sentido, una paradoja difícil de comprender: quienes consideran que la rectora merece un segundo mandato hubieran debido ser precisamente los primeros interesados en que su continuidad se decida mediante un procedimiento regular y transparente. Pensar que una irregularidad institucional puede favorecerla y que, por esa misma razón, debe ser aceptada supone confundir los objetivos con los medios y sacrificar la legitimidad del procedimiento a una conveniencia circunstancial. No hay nada racional en ello: la defensa de una gestión no puede convertirse en la justificación de una transgresión institucional.

Sin embargo lo real es racional y volviendo a la pregunta, aparece que, si se examinan las posibles consecuencias de esta iniciativa, es demasiado evidente el riesgo de obtener el efecto contrario: una iniciativa que, en sus intenciones declaradas, nació para apoyar a la rectora podría terminar debilitándola. En últmas, el beneficio podría recaer más bien en figuras intermedias de la gobernanza universitaria que, en una situación de debilitamiento de los órganos superiores, podrían ver ampliado su margen de autonomía e influencia.

En este contexto, más que preguntarse si quienes han promovido o respaldado la iniciativa están realmente interesados en favorecer la continuidad de la rectora, lo importante es analizar cómo sus efectos pueden ser muy diferentes de los objetivos que públicamente se le atribuyen. La iniciativa podría terminar favoreciendo a actores distintos de aquellos a quienes afirma apoyar y, sobre todo, debilitando a la propia institución.

Además, hay que añadir que se ha creado un precedente peligroso. ¿Por qué mañana otros grupos u otros candidatos no podrían reclamar excepciones similares a los procedimientos establecidos, invocando la continuidad institucional o el respaldo del que gozan?

La autonomía universitaria no significa que los organismos internos puedan disponer de los procedimientos a su antojo, ni que el apoyo a una persona pueda prevalecer sobre las normas que garantizan el funcionamiento de la institución. Por el contrario, la autonomía implica responsabilidad, capacidad de autogobierno y respeto por las reglas que la hacen posible.

Una universidad pública necesita estabilidad, pero esta no se construye mediante atajos procedimentales. Necesita una gobernanza con autoridad, y la autoridad no puede prescindir de la legitimidad. Necesita también continuidad, pero esta debe ser el resultado de una decisión transparente, no el presupuesto para eludir un proceso de selección.

¿Es esto lo que se ha ofrecido realmente en este caso?

Galileo Violini

Físico

Galileo Violini Maestría en Física de la Universidad de Roma (hoy Universidad La Sapienza). Ex profesor de Métodos Matemáticos de la Física en las Universidades de Roma y Calabria y en la Universidad de los Andes, Bogotá. Cofundador y Director emérito del Centro Internacional de Física de Bogotá. Premio John Wheatley y Premio Joseph A. Burton Forum Award de la American Physical Society (APS), Premio Spirit of Abdus Salam del Centro Internacional de Física Teórica "Abdus Salam". Reconocimiento Salvadoreño Destacado del Gobierno de El Salvador. Miembro Honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Miembro de la Academia Mundial de Arte y Ciencia. Fellow de la Sociedad Americana de Física. Miembro de la Carrera del Investigador Dominicano. Ex Director de un programa de la Unión Europea para la Facultad de Ciencias de la Universidad de El Salvador. Ex Representante de la UNESCO en la República Islámica de Irán y Director de la Oficina de Teherán. Doctor Honoris Causa de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Consultor de los Gobiernos de Guatemala y República Dominicana, de la UNESCO, CSUCA, ICTP y otros organismos nacionales e internacionales. Autor de unas 400 publicaciones, en Política Científica, Física, Enseñanza de las Ciencias, Epidemiología, Historia de la Ciencia. Copresidente del Comité Ejecutivo de la Iniciativa Lamistad (Fuente de Luz del Gran Caribe) para establecer un segundo Sincrotrón Latinoamericano en la región. Ha promovido la participación de Irán en el CERN, los doctorados regionales del CSUCA en Física y Matemáticas, la cooperación interregional entre América Latina y África, y, como miembro del Foro de Física Internacional Physics del APS, la colaboración entre el APS y América Latina. Ha organizado más de doscientos eventos científicos, en su mayoría en el CIF.

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