Los puertorriqueños miran con asombro las redituosas labores cabilderas de Politank, mientras en España junio mira la comparecencia en tribunales del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que lo involucran en serios cargos por corrupción.
Tras su venta en diciembre de 2024 por cuatro millones de dólares por el expresidente y ahora secretario de Gobierno, Francisco Domenech, Politank se estima que factura en la actualidad más de 100 millones en sus labores cabilderas. Aparte de la suspicacia política, la cabildera no es objeto de investigación judicial.
Mientras, Zapatero está imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias y organización criminal, en el marco de la investigación judicial sobre el rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, que involucró unos 53 millones de euros estatales.
La investigación judicial se centra en una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales utilizada para influir en instituciones del Estado y obtener beneficios económicos.
Se le imputa a Zapatero dirigir una presunta estructura organizada y utilizar su posición de expresidente del Gobierno para facilitar operaciones, como el rescate público de la aerolínea.
La imputación incluye abultados pagos realizados a la empresa de sus hijas por parte de empresarios venezolanos y allegados, los cuales son investigados por encubrir comisiones ilegales.
El exmandatario ya fue citado a declarar como investigado ante la Audiencia Nacional en un caso que ha remecido la política española. Igualmente, ha acaparado titulares de la prensa y ha suscitado reacciones en todo el arco político.
Los medios incluyen las preguntas que sobrevuelan el caso y las respuestas de lo que se conoce hasta ahora acerca de una intensa investigación que ha permanecido bajo secreto durante meses.
Ello incluye un reciente registro de la oficina del exfuncionario, correos electrónicos, transferencias bancarias, computadoras y discos duros. Varios de sus ayudantes ya han sido entrevistados.
Zapatero ha sido imputado por tráfico de influencias y otros delitos conexos en una investigación sobre el presunto lavado de dinero procedente de Venezuela vinculado al rescate de 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea de capital venezolano Plus Ultra, poco después de la pandemia de la covid-19. La aerolínea continúa cumpliendo el itinerario Madrid-Venezuela, pero no ha devuelto el dinero y se desconoce el plan de pago.
Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno es investigado en una causa por corrupción. El juez José Luis Calama lo sitúa como presunto partícipe de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros».
Las autoridades cifran en 1,95 millones de euros las comisiones irregulares que Zapatero y personas de su entorno pudieron recibir en el marco de la supuesta trama.
Y es que la fortuna brilla solo para pocos.
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