En el teatro de la política dominicana, donde las palabras suelen disfrazarse de razones, las excusas que hoy esgrimen los partidos políticos tradicionales para eliminar las candidaturas independientes no son más que ecos débiles de un temor más profundo. No convencen, no sostienen, no iluminan. Son, en esencia, argumentos frágiles que intentan ocultar una verdad incómoda: el miedo al derrumbe de su hegemonía.
Porque lo que realmente está en juego no es el orden electoral ni la estabilidad democrática. Lo que tiembla es el monopolio del poder.
Se nos dice, con tono alarmista, que permitir candidaturas independientes abriría las puertas a cualquiera que critique a los partidos, como si la crítica fuera una amenaza y no el corazón mismo de la democracia. Pero en esa afirmación se desliza, casi sin querer, una confesión: los partidos saben que la confianza ciudadana se ha ido erosionando, que el vínculo con la gente se ha debilitado hasta volverse casi irreconocible. Temen que, al abrirse una rendija, la indignación acumulada encuentre un rostro, una voz, una figura capaz de canalizarla.
También se invoca el fantasma de la boleta electoral convertida en una sábana interminable, un caos logístico que haría inviable el conteo de votos. Sin embargo, la historia, serena y firme, desmonta ese temor. Democracias mucho más complejas han convivido con candidaturas independientes sin sucumbir al desorden. Desde los albores de la modernidad política, figuras como George Washington o Domingo Faustino Sarmiento alcanzaron el poder sin el amparo de estructuras partidarias tradicionales. La pluralidad, lejos de ser un problema, ha sido una expresión de vitalidad democrática.
Y luego está el argumento que roza la ironía: que las candidaturas independientes podrían permitir el ascenso de personas con historiales cuestionables, impulsadas por su poder económico. Pero basta mirar alrededor para advertir que ese mal no es ajeno al sistema actual. Las instituciones no han estado inmunes a la infiltración de intereses oscuros. La puerta que dicen querer cerrar ya ha sido cruzada, una y otra vez, bajo el amparo de los propios partidos.
Lo que en realidad ocurre es más simple y humano: los partidos políticos están defendiendo su territorio. Protegen su hegemonía como quien resguarda un trono que comienza a mostrar grietas. Temen la irrupción de una figura nueva, no domesticada por las estructuras tradicionales, capaz de conectar con el pulso emocional de la ciudadanía y de encender una transformación que escape a su control.
Pero la democracia no es propiedad de los partidos. Es, o debería ser, el espacio abierto donde convergen todas las voces. En ella, cada ciudadano posee un derecho que no puede ser negociado: el de aspirar, el de participar, el de ser elegido. Y, sin embargo, hay quienes quedan al margen, no por falta de ideas o compromiso, sino por no disponer de los recursos, las maquinarias y las redes clientelares que exigen los partidos. Son voces huérfanas de estructura, pero no de legitimidad.
Decir que la boleta electoral se convertiría en una sábana es, en el fondo, una excusa cómoda. Las reglas pueden establecer límites razonables, requisitos claros, filtros institucionales. Eso es regular. Pero impedir que alguien aspire, cerrar de antemano esa posibilidad, no es regular: es cercenar.
Y cuando se cercena el derecho a participar, lo que se hiere no es solo a un individuo, sino a la propia esencia de la democracia.
Quizá por eso el verdadero temor no sea el desorden, ni la saturación, ni siquiera la irrupción de lo desconocido. Quizá el miedo más profundo de los partidos sea otro: que, por primera vez en mucho tiempo, la voz del pueblo deje de pedir permiso.
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