El diálogo deliberativo y la reflexión pausada sobre los problemas de la esfera pública son un signo distintivo de las sociedades democráticas. Sin embargo, ambos se ven afectados por el ritmo acelerado de la percepción y del procesamiento de la información que propician las redes sociales.
En un artículo titulado «La democracia ya no empieza en las urnas, sino en las pantallas», publicado en El País, la especialista en derecho y estudios políticos Paula Andrea Ramírez ha abordado esta problemática al reflexionar sobre el rol que juegan las pantallas en las actuales democracias, y que, según la autora, nos incitan a un péndulo entre el enfado y la sospecha.
Nos vemos cada vez más inmersos en entornos donde prevalecen contenidos que incitan a los discursos de odio, a una indignación irreflexiva y a una duda no fundamentada con respecto a cualquier discurso proveniente de las instancias de autoridad tradicionales (universidades, comunidades de expertos, profesionales, etc.).
Los procesos electorales actuales se encuentran precedidos por un debate público condicionado por un clima de desconfianza que ya venía gestándose desde antes de la revolución digital, por la corrupción y el cinismo de las élites, sumado al quiebre de las expectativas creadas por la globalización.
Las democracias son procesos inconclusos de negociaciones, contradicciones y colaboraciones que requieren una cultura de la confianza. La revolución digital no inventó la atmósfera de desconfianza, pero la incrementa a una escala global con la proliferación de contenidos tóxicos y hostiles que tienen un impacto inmediato y multiplicador.
Diversos estudios, como los de la Universidad de Warwick y de Múnich, muestran cómo la posibilidad de detenerse a leer las secciones de comentarios en una red digital se incrementa hasta un 18 % si el contenido es hostil.
El núcleo de la problemática es que el sistema mediante el cual los grupos corporativos dueños de las redes aumentan su riqueza radica en la monetización del odio y el rechazo. Si las ganancias dependen de que los usuarios pasen el mayor tiempo posible mirando comerciales mientras ven los contenidos, es lógico desde el punto de vista comercial promover los contenidos más tóxicos, pues son más rentables. Esta situación ahoga o margina los intentos de construir espacios de reflexión crítica y pausada.
Precisamente por ello se hace necesaria la presión civil para una explicitación del sistema de funcionamiento de las redes, así como una regulación de los contenidos que incitan al odio, unido a una educación de la sensibilidad digital que fomente la conversación y el diálogo crítico.
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